Fondo buitre quiere embargar activos de Aerolíneas, el BCRA y el Banco Nación 

   El medio británico informa que Burford Capitalque ganó un juicio por u$s 16.000 millones relacionado con la expropiación de acciones de YPF en 2012, planea buscar activos de Arsat, Enarsa, Banco Nación, y otras empresas y organismos argentinos en el exterior. Burford argumenta que estas entidades son "alter egos" del Estado argentino, lo que permitiría embargar sus activos. Sin embargo, los abogados de Argentina niegan que esto sea posible.

   La nota, con información de Nueva York y Buenos Aires, describe cómo Burford Capital ha iniciado un "largo camino" para cobrar a Argentina, recordando un caso similar con el fondo buitre Elliott, que duró quince años e incluyó la retención de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana. Ese caso finalmente se resolvió durante el gobierno de Mauricio Macri.

   El Financial Times menciona que esta vez, Burford ha presentado acusaciones legales contra los abogados de Argentina, acusándolos de "procedimientos descarados" para frustrar sus esfuerzos de cobro. La nota destaca que el actual presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, se encuentra en el extremo ideológico opuesto a la administración izquierdista de Cristina Fernández de Kirchner. Milei ha expresado su intención de reprivatizar YPF y otras empresas estatales y ha indicado su disposición a pagar si la apelación en curso no prospera.

   La disputa entre Argentina y Burford es más tensa que nunca, según revelan los documentos del juicio. Estos documentos también sugieren que podrían seguirse "movidas dramáticas", con los abogados de Burford buscando permiso judicial para investigar activos del Estado argentino, incluidos Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, ambos con bienes en los EEUU.

   Los abogados de Burford argumentan que varias empresas argentinas, llenas de nombramientos políticos, son "alter egos" del Estado, lo que legalmente las hace indistinguibles del gobierno y facilitaría la toma de sus activos por parte de los acreedores. El Financial Times menciona que personas cercanas al gobierno argentino confían en ganar la apelación, calificando los esfuerzos de Burford como una "expedición de pesca" para avergonzar al país, y aseguran que no hay activos sustanciales en EE.UU.

   En respuesta, los abogados de Argentina han negado que estas entidades sean "alter egos" del Estado, destacando que fallos anteriores en EE.UU. las han reconocido como operacionalmente separadas del gobierno. Burford ha pedido a la justicia estadounidense investigar las conexiones de ciertas compañías con el Estado, mencionando a YPF, que tiene un valor de u$s 10.700 millones, como un ejemplo de empresa controlada por el gobierno, y ha solicitado que la Justicia ordene la transferencia de las acciones de YPF a su favor.   

   Según Sebastián Maril, experto argentino en el caso, los bonos corporativos de YPF, especialmente aquellos garantizados por exportaciones de petróleo, serían los activos más vulnerables a ser embargados por los acreedores si YPF fuera considerada "alter ego" del Estado argentino. El precio de estos bonos podría desplomarse en tal caso, aunque los litigantes no pudieran apoderarse de ellos.

  Los demandantes buscan presionar a Argentina para negociar, pero fuentes cercanas al gobierno aseguran que ninguno de los activos mencionados estaría al alcance de los acreedores, y que las acciones de YPF son "absolutamente inmunes" a embargos. No obstante, Maril considera que la falta de negociación es un "gran error y costosa decisión".

  En cuanto al Banco Central (BCRA), los abogados argumentan que es utilizado como un instrumento del Estado, señalando que incluso el presidente Javier Milei ha prometido cerrarlo. Sin embargo, expertos indican que las reservas de los bancos centrales, como las del BCRA, disfrutan de una fuerte inmunidad contra embargos en la mayoría de las jurisdicciones, incluido EE.UU.

   Otros activos que Burford apunta son Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y el Banco Nación. Estas empresas, según el artículo, son objetivos de privatización del gobierno de Milei.