Una penalista pidió a legisladores ver de cerca a los chicos en conflicto con la ley en cada provincia
Ante un proyecto de ley del oficialismo que busca correr tres años la edad para recibir condenas, la especialista muestra inconsistencias y contradicciones.
Una abogada especializada en adolescentes con conflicto con la ley penal fue entrevistada esta semana ante un inminente tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo nacional de bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años.
Además de argumentar por qué disiente con esa iniciativa, Claudia Cesaroni se dirigió a los legisladores de las provincias para pedirles que corroboren datos que muestran la complejidad del tema.
"Pido a cada diputado y senador que con datos propios de sus comunidades analicen cuántos pibes de verdad están involucrados en delitos graves en sus provincias", instó en declaraciones a radio La Red.
Tratamiento cercano
El miércoles 31 funcionarios del Ejecutivo acudirán a un plenario de comisiones para abrir el debate sobre la iniciativa. Para la semana siguiente se espera que el recinto esté en condiciones de votar otros dos proyectos afines: regularización de armas y reforma del registro de datos genéticos.
Escuela del delito
La autora de libros como "Contra el punitivismo, una crítica a los discursos de mano dura" y "Morir un poco cada día, adolescentes condenados a penas ilegales en la Argentina" señala el sostenimiento de un discurso hipócrita. "Se dice que la cárcel es una escuela de delito, pues bien, con el proyecto del gobierno se cristaliza que se quiere mandar ahí a pibes cada vez más chicos", cuestiona.
La cofundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos confronta otra situación muy extendida: que las bandas criminales utilizan a niños y adolescentes para cometer delitos. Entonces si se sabe que ellos son víctimas, la respuesta del Estado es evitar que los sigan utilizando y no castigarlos.
La Argentina además adhiere a la Convención sobre Derechos del Niño, con jerarquía constitucional, por la que toda persona menor de 18 años merece una protección especial. En el caso de los adolescentes (de 13 a 17 años) Cesaroni lamenta que con el proyecto de ley y otras políticas del gobierno nacional se "vislumbre un borramiento de la adolescencia".
