La Justicia ordenó a Luis Petri que preserve los archivos de la dictadura
El juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida de no innovar, para impedir que la documentación relacionada con la dictadura sea modificada, trasladada o alterada.
La orden fue dirigida al ministro de Defensa, Luis Petri, para asegurar que toda la documentación que pueda ser útil en la investigación de crímenes de la dictadura sea preservada. Desde marzo, en el edificio Libertador, se ha estado desmantelando la política de memoria, verdad y justicia que se implementaba desde hace catorce años, en favor de una reivindicación de las Fuerzas Armadas, con las que el presidente Javier Milei ha buscado reconciliación.
Medida del juez
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ha ordenado al Ministerio de Defensa que no modifique, mude, altere o cambie la documentación sobre los años del terrorismo de Estado. Esta medida incluye el trabajo de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, que Petri comenzó a desmantelar a finales de marzo. Petri acusó a sus integrantes de hacer "macartismo" dentro de las Fuerzas Armadas porque contribuían a las investigaciones sobre crímenes contra la humanidad.
Kreplak considera justificada la adopción de esta medida cautelar debido a la relevancia de los archivos para la investigación de personas desaparecidas y la búsqueda de identidad de aquellos nacidos en cautiverio o secuestrados. La medida fue solicitada por el fiscal general Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, quienes intervienen en la unidad de La Plata dedicada a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. La preservación de la documentación es indispensable para la labor del Ministerio Público Fiscal y las investigaciones judiciales.
El requerimiento de la fiscalía surgió tras la publicación de la resolución 680 por Petri el 4 de julio, que oficializaba el desmantelamiento de los equipos de civiles que analizaban los archivos de las fuerzas. Estos equipos fueron creados en 2010 por la entonces ministra de Defensa Nilda Garré para relevar y analizar documentación con valor histórico o judicial. Todos los gobiernos desde entonces habían prorrogado su vigencia, y el año pasado, el ministro Jorge Taiana les dio carácter permanente.
Desde finales de marzo, Petri ha despedido a once expertos en el análisis de archivos. La resolución 680/2024 dispuso que la documentación quede bajo el Sistema de Archivo de la Defensa (SAD) y que los requerimientos judiciales sean contestados por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio.
El juez recordó que el Estado argentino tiene la obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, y citó informes de la ONU que resaltan la importancia de los archivos para la verdad y la memoria histórica. Después del desmantelamiento de los equipos, organismos de derechos humanos y la legisladora Victoria Montenegro presentaron quejas a la ONU y la OEA, y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad advirtió al ministro sobre su política.
Respuesta del Gobierno
El gobierno argumenta que desmantelaron los equipos porque la investigación debería ser una facultad exclusiva de la justicia. Sin embargo, 36 fiscales firmaron una nota solicitando al ministro que reconsiderara su decisión, destacando los 180 informes producidos por los equipos. El fiscal Miguel Palazzani fue el primero en pedir a Petri que preservara la documentación.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha expresado públicamente su oposición a contribuir a la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura. Además, se filtró un decreto que limitaría las facultades de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Kreplak también ordenó al gobierno que resguarde toda la documentación producida o almacenada por Conadi desde 1992.
Mientras la administración Milei planea reformar los servicios de inteligencia, Alejandrina Barry, hija de personas asesinadas por la dictadura, pidió al juez Sebastián Casanello que preserve también esos archivos.
