No habrá más intermediación para asignar los beneficios sociales

Presidida por la diputada Carmen Delgado, se concretó la sesión ordinaria 11 del Poder Legislativo, oportunidad en la que se sancionó la ley que establece un marco legal para la asignación de beneficios sociales otorgados por cualquier repartición del sector público provincial.

La misma prohíbe a terceros intermediarios, sea en carácter de representantes de organizaciones sociales, personas físicas o jurídicas de derecho público o privado, ajenas a las autoridades estatales que corresponda, a participar en los procesos de selección y asignación de los beneficios.

La norma elimina, además de manera progresiva, los beneficios sociales existentes a la fecha que requieran de manera indispensable terceros intermediarios, de los procesos de selección, certificación y asignación de los beneficios sociales.

Se excluye, en tanto, a los beneficios o ayudas sociales que, por sus características, sean colectivos y de difícil o imposible individualización de los beneficiarios, pero que son esenciales para el mantenimiento del andamiaje social, como lo son, entre otros, los comedores o merenderos escolares o comunitarios.

Esta norma, que ahora pasará al Poder Ejecutivo, marca un avance muy importante más en una provincia que quiere seguir desarrollándose de la mano del empleo genuino.

Fue sancionada justo cuando a nivel nacional y local están investigando el uso de los recursos públicos que fueron destinados a las organizaciones sociales y la forma en la que estas recaudaban fondos.

En tal sentido, en los fundamentos indicaron que "es de público y notorio conocimiento debido a las denuncias que han tomado relevancia que ha fracasado la metodología de asistencia y ayuda estatal".