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La denuncia contra la senadora Lucila Crexell

El abogado Federico Paruolo la acusa de recibir "dádivas": afirma que cambió su voto a favor de la ley a cambio del cargo de embajadora ante la UNESCO.

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   El abogado Federico Paruolo, uno de los letrados que participan de la Causa Vialidad, presentó una denuncia penal contra la senadora neuquina Lucila Crexell por el presunto delito de "dádivas" para votar a favor de la ley Bases que se está tratando este miércoles en el Senado.

   La denuncia incluyó también un pedido de medida cautelar para que no se le permitiera a Crexell votar en la sesión que se inició en el Senado a las diez de la mañana de ayer. Asimismo, Paruolo requirió que se "difiera el tratamiento del proyecto de la ley Bases, hasta tanto se resuelva la cuestión aquí planteada".

   "Toda vez que no es posible que la senadora sea primero designada embajadora y luego vote, puesto que ello quitaría el control a quien da la dádiva, y toda vez que es posible entender que la senadora haya requerido algún tipo de certeza respecto al pago acordado, el mensaje que la propia Cancillería ha ´filtrado´ hace las veces de garantía de cumplimiento del acuerdo", denunció Paruolo.

   Asimismo, agregó: "No ha sido una filtración inocente lo que permite a esta parte y a toda la población tomar conocimiento del hecho denunciado, sino la exteriorización de la voluntad del Poder Ejecutivo de cumplir el pago prometido a Crexell".

   Por otro lado, Paruolo reconoció que "Si bien el delito no se encuentra aún consumado, estamos ante un acto ejecutorio punible como tentativa", por lo que pidió una serie de medidas cautelares, entre ellas la exclusión de la senadora de la votación de la ley Bases.

  Por último, reclamó que "Que se ordene la prohibición de salida del país de la denunciada, se proceda a la geolocalización de su teléfono móvil, registro de llamadas entrantes y salientes; constate en el Senado, listado de Entradas y salidas registradas de la denunciada y-o terceras personas que pudieran haber solicitado audiencia y se arbitren los medios a los fines de hacer efectiva una orden de allanamiento y secuestro de todo dispositivo móvil y-o aparato de almacenamiento que pudiera alojar información vinculada a los hechos de la denuncia".

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