Expectativa por la medida judicial que ordena retrotraer valores de los peajes en el Chaco
El juez Julián Flores hizo lugar a planteo de la Fundación Consumidores Unidos del Chaco con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Hoy será notificada la decisión y los organismos nacionales tendrán dos días para aplicarla.
El juez Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores otorgó una medida cautelar innovativa por la cual ordenó suspenderlos efectos de la resolución de Vialidad Nacional que había aumentado un 200% los valores de dos estaciones de peajes ubicadas en el Chaco: la de Makallé y la del puente General Manuel Belgrano; y, en consecuencia, retrotraer sus valores a los $300 para la primera categoría de vehículos, vigentes con anterioridad al 26 de abril.
Recomendaciones no atendidas
Previo a aplicarse el incremento tarifario en los peajes, según indica el texto que respalda la medida cautelar, la Defensoría del Pueblo de la Provincia había realizado pedidos a Vialidad Nacional para conocer más detalles sobre el anunciado aumento de los valores.
Así, se relata que en marzo de 2024, Vialidad Nacional respondió a esas consultas indicado que se había librado un oficio solicitando un estudio de costos, y detallando el lugar, fecha y hora de la audiencia a realizarse. Sin embargo, finalmente sólo se permitió a los usuarios ingresar a una página web o usar un formulario móvil para dejar su opinión, lo cual, según la Fundación Cucha "no cumple con el procedimiento participativo que exige la Constitución Nacional, confirmado por la Corte Suprema en diversas oportunidades".
En esa línea, subraya la parte accionante que "la participación ciudadana requiere información veraz, detallada y accesible, permitiendo a los usuarios entender el motivo del aumento, el plan de obras y los gastos operativos".
La Defensoría, ante la falta de respuestas satisfactorias, remitió una recomendación a Vialidad Nacional, solicitando en su artículo 1° informar sobre el plan de obra que justifica el incremento del peaje de $300 a $900 y, en su artículo 2°, recomendar un incremento gradual y paulatino, basado en el principio de gradualidad y proporcionalidad.
Sin embargo, pese a todas esas recomendaciones previas, Vialidad Nacional emitió la Resolución N° 66/2024 llevando la tarifa de peaje de $300 a $900 en las estaciones ubicadas en el Chaco, "ignorando la recomendación del defensor del Pueblo y violando los derechos constitucionales de los usuarios, afectando sus intereses económicos", indica el expediente.
"No se realizó una audiencia pública, no se siguieron las recomendaciones del defensor del Pueblo para proteger los intereses económicos de los usuarios, y se impuso un incremento del 200%, afectando negativamente el derecho de propiedad y los intereses económicos de los usuarios del sistema vial", explica la parte accionante.
En particular, señala que "el aumento en la casilla del Puente Chaco-Corrientes impacta gravemente en aquellos que transitan frecuentemente entre las ciudades vecinas por razones laborales, comercial eso familiares".
De ahí que la parte accionante solicita que el próximo incremento "se realice de manera gradual y proporcional, que se presente un plan de obras y se convoque a una audiencia pública". Además, argumenta que "la tarifa dispuesta es arbitraria e irrazonable, ya que no está debidamente fundamentada ni justificada, y no existe una vía alternativa gratuita que garantice el derecho constitucional al libre tránsito (art. 14º C.N.), considerando inconstitucional las concesiones viales bajo el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta".
