Allanaron a referentes piqueteros por presunta extorsión con planes sociales

El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y de cooperativas, bajo la sospecha de que extorsionaban a los beneficiarios de planes sociales para pedirles acceder a esa ayuda estatal.

El juez, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso la inmovilización general de los bienes de los dirigentes sociales a partir de las denuncias que fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. También se sumaron datos de las auditorías que viene realizando el Ministerio de Capital Humano, cartera que encabeza Sandra Pettovello.

El gobierno pidió este martes que se lo considere querellante en el caso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que es denunciante mediante el abogado Fernando Soto, hizo la presentación y ahora debe decidir el juez Casanello si reviste la calidad de víctima.

CINCO DECLARACIONES

Hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias. De ellas, unas 45 tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires.

Se citó a las víctimas en estos casos y solo cinco se avinieron a declarar, bajo reserva de su identidad. Para la Justicia esto habla del nivel de temor de las víctimas o el poder de quienes las coaccionaban, más allá de la solidez de los llamados a la línea 134.

Ahora, la Justicia está trabajando sobre lo secuestrado en los procedimientos, principalmente los teléfonos celulares, para reconstruir los mensajes y ver si determinan responsabilidades dentro de las organizaciones piqueteras.

La Justicia busca analizar cómo se articulaba desde el Estado el Plan Potenciar Trabajo y qué objetivos y lineamientos administrativos seguía, para contrastarlo con lo que señalan las denuncias que ocurría en los barrios, donde los intermediarios se habrían quedado con parte del dinero de los beneficiarios.