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Quieren conocer la real situación del Insssep y que se normalice la obra social

"Los gremios, las organizaciones sociales y los afiliados tanto activos como pasivos debemos adoptar una actitud enérgica, tenaz y firme para exigir que se conozca la real situación del Insssep y para que se normalice la obra social que hoy brinda servicios a medias, pero se descuenta un elevado porcentaje salarial", expresaron Livio Tomás Fernández y Héctor Tomás Lezcano, comisario inspector y comisario mayor respectivamente, ambos retirados de la Policía.

GENERAL SAN MARTÍN (Agencia).  El primero es contador público y el segundo abogado. En un extenso escrito puntualizan irregularidades: "Los gobiernos y la clase política nunca profundizan el problema, es necesario e indispensable llevar a cabo auditoría externa; el Tribunal de Cuentas es parte interesada y los auditores no tienen independencia profesional".


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La regularización total de la óptica del Insssep es una de las demandas de los afiliados de General San Martín.

FONDOS DE LA OBRA SOCIAL

"Una parte de los aportes a la obra social de activos y pasivos que oscila entre un 30% y un 40% que se desvía desde hace dos décadas al fondo de jubilaciones para la cobertura del déficit previsional desfinancia las prestaciones de obra social, por lo que los servicios a favor de la salud de los afiliados están reducidos", se expresa en un párrafo del documento.

Del mismo modo, se indica que se debe terminar con el exceso de gastos de funcionamiento por el uso político del organismo previsional, que posee una planta de personal sobredimensionada, un régimen salarial diferenciado y costoso, las ayudas financieras otorgadas al personal del organismo, el financiamiento de las actividades del gremio y del club del personal del Insssep. A su vez, Fernández y Lezcano hacen alusión a la inconsistencia del sistema de información del organismo, porque casi nadie conoce el real estado de situación del organismo.

JUNTAN FIRMAS

Por otro lado, afiliados del Insssep de San Martín recolectan firmas para exigir el funcionamiento pleno de la obra social. Se fundamentan en que los magros salarios que reciben sufren elevados descuentos para un servicio de obra social dado en forma muy reducida, al respecto se expresan: "Pero los funcionarios ganan sueldos de hasta 10 veces superiores que los nuestros, los descuentos nos hacen religiosamente, pero los servicios están restringidos, nos preguntamos si esto no es defraudación. Si así lo fuere, corresponde una denuncia penal".

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