Los diputados de la UCR se ponen a la derecha de Sturzenegger

   (Por Luis Campos*) - El proyecto de los diputados radicales es un copiar y pegar del DNU 70/23 con algunas modificaciones. Al igual que su antecesor, el texto tiene una técnica jurídica muy deficiente: está mal escrito y no se preocuparon en corregir las cosas que desde que se conoció el DNU se sabía que estaban mal.

   Recordemos el origen de esta norma: es un proyecto que los grandes estudios jurídicos escribieron en tándem con Sturzenegger, que luego compró llave en mano Milei. Llama mucho la atención, y da pena, que los diputados de la UCR lo hagan suyo acríticamente.

   Algunos miembros de la UCR sostienen en público que el objetivo es fomentar el empleo formal y garantizar el derecho a la educación. Pero en la letra chica nos encontramos con normas que restringen la capacidad de acción colectiva de los trabajadores en todas las actividades.

   El proyecto de los diputados de la UCR convierte el derecho de huelga en papel mojado para casi todas las actividades. En la mayoría de los casos hay que garantizar el 50% de los servicios prestados en un día normal, y en otros ese porcentaje se eleva al 75%.

   La restricción al ejercicio del derecho de huelga no se limita a la educación, como se intentó instalar mediáticamente. A eso se suman fuertes obstáculos para realizar asambleas en los lugares de trabajo y un debilitamiento de la ultraactividad de los Convenios Colectivos de Trabajo.

   El proyecto también restringe el financiamiento de los sindicatos. En este punto los diputados de la UCR quedan a la derecha de Sturzenegger, porque prohíben los aportes convencionales a cargo de los trabajadores y se limitan los de los empleadores.

   Además, al igual que el DNU, el proyecto de los diputados de la UCR legaliza el fraude por vía de la locación de servicios (monotributo) y afecta principios básicos como la irrenunciabilidad, la norma más favorable y la protección contra el despido arbitrario.

   Desfinancian a los sindicatos, eliminar el derecho de huelga, ponerle obstáculos a las asambleas gremiales y promover las locaciones de servicios en reemplazo de contratos de trabajo, lo que no tiene nada que ver con fomentar la creación de empleo de calidad. Todo lo contrario.

   En otros aspectos el proyecto no va tan lejos como el DNU. El más importante: no incluye la figura del trabajador independiente con colaboradores en los establecimientos de hasta 5 personas. El segundo: deja en pie algunas multas por el no registro de la relación laboral.

   En términos generales, el proyecto de los diputados de la UCR no pasa de ser una versión desmejorada del DNU 70/23. Llama la atención que teniendo muy buenos abogados laboralistas hayan hecho suyo un proyecto cuyo texto ni siquiera deben haber leído en profundidad.

   Los artículos que regulan la entrega del certificado de trabajo (art. 80 LCT) y el período de prueba (art. 92 bis) técnicamente son un espanto. Sabemos esto desde hace casi cuatro meses, cuando se dictó el DNU, y ni siquiera se molestaron en corregirlos.

   Por otro lado, incluyen una indemnización agravada en casos de despidos discriminatorios y, pobres almas bellas, deben estar convencidos de que esta norma favorece a los trabajadores. No es así. Es un mecanismo de los empleadores para frenar las reinstalaciones ante despidos antisindicales.

   Podríamos seguir analizando uno por uno los artículos del proyecto de reforma laboral de los diputados de la UCR, pero para eso tendría que haber una versión superadora del DNU 70/23, y no la hay.

   Para cerrar, los diputados de la UCR podrían pedirle asesoramiento sobre el tema al bloque de la UCR en el Senado, que el 27 de marzo presentó un proyecto sobre el mismo tema sobre el que podemos discrepar, pero que es mucho más serio y está mejor escrito.

   Volviendo al punto de partida, subrayemos que los diputados de la UCR hicieron suyo, sin leerlo, el proyecto de reforma laboral que atrasa décadas, escrito por los grandes estudios corporativos. Una pena. Quedar a la derecha del gobierno no es fácil y tampoco es gratuito.

*Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma.