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El presidente no oculta su molestia porque descuenta que serán fallos favorables

La Corte acumula demandas de las provincias por más de $600.000 millones

Sin apuro, los jueces tramitan causas contra los recortes de fondos que dispuso el presidente y el DNU 70/23. Malestar en el gobierno por la indefinición.

No es un secreto en los tribunales que la postulación del juez federal Ariel Lijo como futuro integrante de la Corte Suprema de Justicia molesta a una parte de los cortesanos. Lijo fue propuesto por Javier Milei, pero su nombre fue impulsado por el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. Los otros tres magistrados, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, que suelen tener posiciones en común en cuanto a la gestión del máximo tribunal, están incómodos ante esa candidatura, que cosechó un rosario de objeciones de asociaciones de jueces, de abogados y de empresarios.


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Axel Kicillof y Ricardo Quintela, gobernadores de Buenos Aires y La Rioja, llevaron sus reclamos a la Corte, pero hay más demandas que ya llegan a los $600.000 millones.

Tanto apuro de Milei en delinear una nueva Corte Suprema respondería a la disconformidad que tiene el presidente con los jueces del máximo tribunal, indica el diario La Nación que cita fuentes oficiales y judiciales. En particular, está molesto por las demoras de la Corte en analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que fue fundacional de su gobierno y cuyo capítulo laboral está en suspenso.

Apenas publicado el decreto, llovieron los recursos de amparo con pedidos de medidas cautelares para impedir su aplicación. El DNU sigue vigente, aunque solo quedó afectado su capítulo laboral. Pero la Corte no se pronunció.

El máximo tribunal tenía en sus manos una de estas medidas cautelares, pero puso el asunto en el freezer. Mandó la causa a la Procuración y pospuso el caso hasta después de la feria judicial de enero. Nada sucedió. La Corte no tiene plazos y máxime cuando es la política la que está analizando el DNU.

RECLAMOS PROVINCIALES

La Corte también acumula demandas de las provincias contra el gobierno nacional por los sucesivos recortes de fondos. Los reclamos provinciales ya suman $600.000 millones.

Cada vez que Milei destrata públicamente a los gobernadores, se gana un nuevo escrito que aterriza en la mesa de entradas virtual de la Corte, en el cuarto piso de los tribunales.

En paralelo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, hace equilibrio para acordar con los mandatarios, que visitarán el jueves que viene la Casa Rosada para explorar un acuerdo parlamentario que les dé certezas para solucionar sus problemas fiscales a cambio de la aprobación de una versión reducida de la Ley Ómnibus. Se trata de pasos intermedios para llegar a la firma del Pacto del 25 de Mayo al que convocó Milei hace un mes, en la apertura del año legislativo.

Mientras la política se mueve con avances y retrocesos, en la Corte tramitan el caso de La Rioja contra el DNU de Milei. Asimismo, ya está en la Corte una demanda de la provincia de Buenos Aires, firmada por Axel Kicillof, para que declare la inconstitucionalidad del decreto 192/24 que derogó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

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