Gran Bretaña: jueces aplazaron decisión sobre extradición de Assange a EEUU

   La Justicia británica solicitó a EEUU nuevas garantías sobre el trato que recibiría Julian Assange en caso de ser trasladado a ese país. Si la respuesta no es positiva, otorgará al fundador de WikiLeaks un último recurso en Reino Unido contra su extradición. Los jueces dieron tres semanas a las autoridades estadounidenses para que aseguren que Assange podría invocar la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a muerte.

  Tras el fallo del martes, la esposa de Assange, Stella, declaró a los medios y a un grupo de seguidores frente al tribunal que su esposo es un "preso político". Stella afirmó que Assange es un periodista perseguido por exponer el verdadero costo de la guerra, y que este caso es una advertencia para todos los que deseen revelar los intereses detrás de la guerra.

   Stella considera que el proceso contra su esposo es "una vergüenza para cualquier país democrático" y que "Julian no debería haber estado en prisión ni un solo día". El exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, expresó sentir alivio por este paso judicial, aunque señaló que "Julian aún está preso" y que "aún estamos aquí luchando por él". La vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, criticó duramente al sistema judicial británico, calificándolo de farsa y burla frente al mundo.

   Organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras han pedido la liberación de Assange. Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía Internacional, declaró que Estados Unidos debe poner fin a su persecución por motivos políticos, que pone en peligro la libertad de prensa en todo el mundo. Por su parte, Rebecca Vincent, directora de campaña de Reporteros sin Fronteras, consideró que el fallo del martes ofrece "una última esperanza" de que Reino Unido haga justicia.

   Washington acusa a Assange de 18 supuestos delitos de "espionaje" e "intrusión informática" tras las explosivas revelaciones de su portal, que desde 2010 ha publicado más de 700 mil documentos confidenciales sobre crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, especialmente en Irak y Afganistán. Entre ellos se encuentra un video que muestra a civiles, incluidos dos periodistas de Reuters, muertos por los disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

La decisión 

   Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson, luego de evaluar durante semanas los argumentos de las partes, consideraron que un eventual recurso de Assange podría tener éxito parcial, por lo que ofrecen al gobierno de Estados Unidos la oportunidad de "ofrecer garantías" contra esos argumentos.

   Además, se requieren garantías de que Assange no será perjudicado en el juicio debido a su nacionalidad, de que se le concederán las mismas protecciones de la Primera Enmienda que a un ciudadano estadounidense, y de que no se le impondrá la pena de muerte. Si no se otorgan estas garantías, se autorizará a Assange a apelar. Sin embargo, si se ofrecen, las partes tendrán la oportunidad de presentar nuevas observaciones en una audiencia el próximo 20 de mayo para decidir sobre la posibilidad de apelación.

   Los jueces rechazaron en su dictamen de este martes algunos motivos de la solicitud de apelación, incluidos los argumentos de Assange de que su caso está motivado por sus opiniones políticas. En caso de perder, Assange solo podrá recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para suspender la extradición, pero los plazos son muy ajustados.

"Preso político"

   En medio de una gran expectativa por el dictamen, los jueces tenían que considerar los argumentos presentados por las partes en dos vistas judiciales celebradas en febrero con el fin de decidir si apoyaban o revocaban el fallo de 2023 del juez Jonathan Swift. Ese magistrado denegó el año pasado a Assange la posibilidad de seguir recurriendo en el Reino Unido y dio su visto bueno a la entrega del periodista a EEUU. La extradición fue firmada en junio de 2022 por la entonces ministra británica de Interior, Priti Patel.  

Riesgo de vida

   En las últimas semanas, los familiares y amigos de Assange, quien ha estado recluido durante cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, han expresado su preocupación por el deterioro de su salud. Su defensa también ha advertido sobre el riesgo de suicidio en caso de ser extraditado. Assange se ausentó por motivos médicos de las audiencias de febrero, a las que asistieron numerosos partidarios para mostrarle su apoyo.

   Durante esos dos días de debate, sus abogados argumentaron que el proceso en su contra es "político" y que una extradición pondría en peligro su salud e incluso su vida. Según su abogado, Edward Fitzgerald, Assange está siendo juzgado por llevar a cabo "prácticas periodísticas ordinarias" de "obtener y publicar información", lo que, según él, podría resultar en una sentencia desproporcionada en EEUU y "existe un riesgo real de que sufra una flagrante denegación de justicia".

   Por otro lado, la abogada Clair Dobbin, representante del gobierno estadounidense, argumentó que Assange había publicado de manera "indiscriminada y consciente" los nombres de personas que actuaban como fuentes de información para Estados Unidos. Dobbin afirmó que estos actos lo distinguen de otros medios de comunicación y que no se trata de una cuestión de opiniones políticas.

   En enero de 2021, la Justicia británica inicialmente falló a favor de Assange. La jueza Vanessa Baraitser, al hablar sobre el riesgo de suicidio, se negó a autorizar la extradición. Sin embargo, esta decisión fue revertida más tarde. Estados Unidos intentó tranquilizar los temores sobre el tratamiento que recibiría Assange en caso de ser extraditado, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad de Florence, conocida como la "Alcatraz de las montañas Rocosas", y que recibiría la atención médica y psicológica necesaria.

   Además, Washington abrió la posibilidad de que Assange cumpla su eventual condena en Australia. En su país natal, el primer ministro Anthony Albanese denunció en febrero la persecución contra Assange por parte de la justicia estadounidense, y el Parlamento adoptó una moción pidiendo que se ponga fin a esta situación. Albanese declaró ante el Congreso: "La gente puede tener diferentes opiniones sobre la conducta de Assange, pero independientemente de la posición, esto no puede continuar indefinidamente".

Detenido sin condena

   Assange fue arrestado inicialmente en 2010 a solicitud de Suecia por un caso que finalmente fue retirado. En 2012, buscó refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció durante siete años durante el gobierno de Rafael Correa. Con la llegada al poder de Lenín Moreno en Ecuador, el país dejó de otorgarle asilo, lo que llevó al australiano a pasar casi 14 años en cautiverio en el Reino Unido, los últimos cinco en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh en Londres, anhelando la libertad.

   El fundador de WikiLeaks nació en Townsville, en el noreste de Australia, sin conocer a su padre, John Shipton, hasta los 25 años, ya que su madre se separó de él antes del nacimiento de Julian. Atraído por la informática de forma autodidacta, entre 2003 y 2006 estudió Física, Matemáticas y Filosofía en la Universidad de Melbourne, aunque no completó ninguna carrera. Esto no le impidió crear WikiLeaks, que se convirtió en un desafío para la principal potencia mundial.