El director de Pesca renunció, presionado para que permitiera la pesca ilegal

   Julián Suárez, director de Control y Fiscalización Pesquera, presentó su renuncia indeclinable ante el Subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla. Suárez, quien venía del gobierno anterior, había presentado su renuncia con el cambio de gobierno, pero la Casa Rosada decidió mantenerlo en su cargo.

   Informes detallados ofrecidos por la Revista Puerto y el portal La Política Online, la renuncia de Suárez fue intempestiva. Según publicó Revista Puerto, esto se debió a "amenazas" de la Cancillería relacionadas con el buque Tia An. El ministerio dirigido por Diana Mondino habría presionado a Suárez después de que este decidiera hacer regresar el barco al puerto por ejercer actividades de pesca ilegal, capturando 142 toneladas de merluza negra.

   En este contexto, Suárez denunció que recibió llamadas intimidatorias de Pablo Ferrara, funcionario de Cancillería y sobrino de Mondino, quien lo instó a revocar la orden. Personas cercanas al exfuncionario confirmaron en privado las presiones y explicaron que estas se mantuvieron durante todo el fin de semana para permitir que las embarcaciones hicieran lo que quisieran.

 Además, Suárez también informó que la conducción del Palacio San Martín le pidió que elaborara una lista con cincuenta nombres para ser despedidos y que preparara una desregulación, eliminando las resoluciones y disposiciones establecidas por la gestión anterior.

   Esta semana podrían surgir novedades relacionadas con 100 contratos de Cancillería que vencen el 31 de marzo y otros 500 de planta permanente que el gobierno quiere desafectar en el marco de la reforma del estado impulsada por Luis Caputo, que prevé una reducción del 30% de la planta estatal.

   Tras presentar su renuncia, Suárez escribió: "Se cierra una etapa muy intensa en los últimos cuatro años para mí. Lamento la situación porque mis compañeros están muy mal. En estos tres meses logramos algunos avances en cuanto al personal, pero hay gente que, al igual que los trabajadores del INIDEP, solo han cobrado enero".

   "Algunos llevan treinta años trabajando para esta estructura y no saben si quedarán en la calle, sin ninguna posibilidad de reinserción debido a la situación actual del país y su edad. Estamos hablando de cincuenta familias que quedarán en la calle", agregó.

   Según información de Revista Puerto, en dos días llegará al puerto de Ushuaia el buque Tai An y su propietario y presidente de Prodesur, Liu Zhijiang, ya ha declarado que descargará 163 toneladas de merluza negra, de las cuales, según la normativa vigente, 158 toneladas se capturaron de forma ilegal.

   El periodista especializado Roberto Garrone explicó que el buque Tai An capturó 163 toneladas de merluza negra, excediendo el límite permitido de 5 toneladas por marea. El buque está programado para descargar en Ushuaia este miércoles por la mañana, donde será fiscalizado por la Unidad de Seguimiento Especial Pesquero.

  Según Garrone, la captura máxima permitida de merluza negra se estableció en 3,700 toneladas, distribuidas entre las empresas Argenova, Estremar, Pesantar y San Arawa. Sin embargo, señaló que la reserva de administración, fijada en 695 toneladas, se reparte entre estas empresas de manera igualitaria.

   Garrone también comentó que la reserva debería destinarse a casos excepcionales y distribuirse al final del año, pero en este caso se está repartiendo en marzo y por un período de tres años. Ahora, las empresas tendrán que hacer malabarismos con las 163 toneladas que les quitó Liu Zhijiang.

   En las Fuerzas Armadas, existe preocupación por las posibles consecuencias del cambio impuesto en el Régimen Nacional de Pesca, que ha sido rechazado por los gobernadores patagónicos. Consideran que este cambio entrega el Mar Argentino a flotas extranjeras.

   El cambio, incluido por el gobierno en la "Ley Ómnibus", es visto por las provincias como una entrega de los recursos del Mar Argentino a flotas extranjeras, lo que podría afectar los empleos del sector.

  El reclamo unificado de cámaras empresariales, gremios, astilleros, fresqueros y congeladores ha tenido un fuerte impacto en los bloques de Juntos por el Cambio y en las provincias patagónicas y municipios costeros que administran.

  Las provincias patagónicas también han denunciado una violación a la soberanía y han criticado la modificación de la obligatoriedad de descargar en puertos argentinos, la competencia desigual en la asignación de cupos de captura y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal argentino.

  Esta modificación reduce el poder de arbitraje y pone en duda la soberanía sobre el mar ante la posibilidad de un desembarco masivo de buques extranjeros, especialmente de China. Surge la pregunta sobre las tareas que cumplirán la Prefectura Naval Argentina, bajo la órbita de Seguridad, y la Armada Argentina ante la pérdida de soberanía sobre el Mar Argentino.