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Opinión

Décadas de nada

En la tarde del 11 de marzo de 1994, el Salón Obligado de Casa de Gobierno quedó colmado de funcionarios, legisladores de diferentes procedencias políticas y dirigentes de diversas organizaciones (empresarias, profesionales, gremiales). La razón convocante fue la firma de lo que se llamó "Pacto Ético por la Educación del Chaco", propuesto por la administración provincial de aquel momento, que encabezaba Rolando Tauguinas.

El gobernador, del partido Acción Chaqueña, encabezó la ceremonia, que consistió en suscribir un acuerdo que planteada diversos compromisos y objetivos genéricos, con la idea de que trascendieran a los cambios institucionales y pusieran a la calidad educativa a resguardo de los vaivenes políticos y económicos. Lo firmaron el gobierno, diputados de todas las bancadas, gremios y autoridades de entidades intermedias.


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El pacto se concretó días después de una evaluaciónde la enseñanza escolar en todo el país, que arrojó resultados alarmantes sobre el deterioro del aprendizaje en las aulas. Comparados con los de hoy, eran envidiables. Pero el declive expuesto por el estudio federal tuvo su tiempo de vida en los titulares de los diarios y generó diversas reacciones en la Nación y las provincias. 

Un día antes del pacto chaqueño, el Ministerio de Educación del gobierno de Carlos Menem había publicado una solicitada en los medios gráficos admitiendo el "impacto" negativo de las pruebas de calidad educativa. Incluía un párrafo que suena a música conocida: "Cuando a lo largo de años se produce un debilitamiento de valores culturales como el compromiso, el trabajo, el estudio, la solidaridad, en el conjunto social, y la merma de responsabilidades y el facilismo se van instalando como costumbres habituales (sic), toda estrategia pedagógica resulta no solo frágil, sino también impotente".

El pacto del Chaco, en tanto, expresaba entre sus postulados que la crisis de la educación debía tomarse como "un riesgo institucional, político y moral", se fijaba la meta de 180 días de clases al año, se establecía la necesidad de priorizar el diálogo en los conflictos y se hablaba de la necesidad de acordar con los sindicatos una "racionalización" del sistema. "Hemos tenido que transpirar mucho la camiseta para llegar a este acuerdo", dijo aquella vez Manuel García Solá, el ministro de Educación de Tauguinas.

El acuerdo fue bien recibido. Parecía la base firme para una toma de conciencia sobre la gravedad de lo que estaba sucediendo con la enseñanza y el punto de partida a un giro que evitara el desastre. Treinta años después sabemos cómo siguió la historia.

¿CUÁL PROBLEMA?

Es natural que en un incendio uno se concentre en apagar las llamas y dejar lo importante para luego. Pero es necesario no olvidar que eso está pendiente. La infinita crisis argentina no parece haber dejado margen para ese recaudo. El derrumbe de la educación es un problema gravísimo que, sin embargo, ni siquiera es asumido unánimente como tal. Hasta su último minuto en el poder, para el kirchnerismo en las escuelas estuvo todo bien. Y ahora no hay datos de que la gestión de Javier Milei tenga algo en mente para instrumentar una estrategia integral de recuperación del sistema educativo.

Es un poco tedioso y bastante martirizante repetir algunos datos que marcan de qué hablamos cuando nos referimos al quiebre del sistema, pero no hay manera de eludirlos. Por ejemplo, el informe del Observatorio Argentinos por la Educación, que hablaba de que en el país solo 16 de cada cien chicos que comienzan el primer grado de la primaria llegan al último año del nivel secundario en el tiempo previsto (doce años) y con conocimientos aceptables de lengua y matemática, se actualizó el año pasado y dio un resultado peor: ahora son solo 13 de cada 100 (el primer estudio tomaba datos de las pruebas Aprender entre 2009 y 2020; el segundo trabajó la franja 2011-2022). En el primer informe, ese 16% promedio nacional caía al 5% en el Chaco.

A su vez, las pruebas PISA publicadas en diciembre pasado determinaron que siete de cada diez alumnos no logran en el país alcanzar un nivel básico de desempeño en matemática, con una marca apenas menos mala en lectura y en ciencia (cinco de cada diez chicos).

Argentinos por la Educación también elaboró un informe -publicado un año atrás- que indica que solamente el 43% de los estudiantes que ingresan a primer grado llegan a sexto en el tiempo esperado y con conocimientos satisfactorios de lengua y matemática. Ese porcentaje bajaba al 25% en el Chaco.

MÁS DESIGUALDAD

Lo que falta, claramente, es una estrategia de fondo, que retome la idea de un acuerdo de largo plazo. Quizá inviable desde su punto de partida, un país fracturado entre concepciones que parecen imposibles de tener una zona de encuentro. Lo refleja todo lo que viene sucediendo. Pero está claro que sin un cambio profundo el sistema educativo se seguirá hundiendo en el hoyo que la dirigencia, por acción o por omisión, le viene cavando desde hace décadas. La escuela se está quedando sin su esencia: cada vez enseña menos y cada vez enseña peor. Pero además, es un potenciador de inequidades.

En octubre del año pasado se difundió un estudio que indica que en un ranking de 14 países de América Latina, Argentina ocupa el puesto 13 de desigualdad en los aprendizajes de lectura, y el puesto 11 en matemática. "Que un país tenga mayor desigualdad educativa que desigualdad de ingresos es un preludio de que la desigualdad de ingresos en ese país será mayor en el futuro", dijo Emmanuel Vázquez, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata, uno de los autores del trabajo.

"La educación recibida en la niñez y la juventud es un determinante clave de los ingresos que tendrán las personas en su vida adulta. Cuanto más dispares sean los conocimientos y las habilidades con las que se van los chicos del sistema educativo, mayores serán las desigualdades en los ingresos que obtendrán luego en el mercado laboral", dijo Vázquez en una entrevista publicada por Infobae.

Y en la semana que pasó, otro reporte, del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, expuso que el 62,9% de los niños y adolescentes escolarizados en el país son pobres. La mayor proporción se da entre los alumnos de escuelas públicas, donde la pobreza alcanza al 71,6%. Dentro de ese universo, el 16,2% de los alumnos argentinos se encuentran en situación de indigencia. O sea, pasan hambre.

PLATA QUEMADA

A pesar de todo ese mar de fondo, desde hace mucho el "conflicto educativo" se reduce a la puja salarial con el sector docente, que es una parte del asunto pero esta lejísimo de ser el todo. Porque, además, la inversión del Estado en remuneraciones es un universo sospechado de derroches y controles laxos.

La semana pasada, el gobernador de Santa Fe reveló que de los 400.000 millones de pesos que esas provincia pagó en salarios docentes, unos 100.000 millones (la cuarta parte del total) se destinó a pagar suplencias por licencias de todo tipo. Por ejemplo, 18.000 días pagados a maestros suplentes porque los titulares se tomaron las jornadas para "cuidado de suegros", 11.300 días para "cuidar tíos" y 3.000 días para mimar sobrinos. En el Chaco siempre se habló de que entre un 20 y un 30% de la masa salarial docente se pierde en recovecos parecidos.

Pero si los gobiernos y los demás actores de la sociedad siguen creyendo que el único dilema del sistema educativo es encontrar el punto de ecualización salarial adecuado para evitar paros gremiales, todo lo que viene pasando, todo aquello que realmente importa para el futuro de la nación, seguirá por el mismo rumbo que hasta ahora. Es tentador pensar que solo existe ese problema, pero en términos de posibilidades reales de desarrollo es absolutamente suicida. 

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