El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires internará por la fuerza a gente que viva en la calle

   El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido un protocolo recientemente para abordar la situación de las personas sin hogar que puedan representar un "riesgo real e inminente" para los vecinos. Este protocolo busca superar los desafíos planteados por la ley de Salud Mental 26.657, en particular el artículo 20, que establece requisitos para la internación involuntaria de personas con problemas de salud mental.

   El artículo 20 ha sido objeto de controversia a lo largo de los años y ha recibido críticas de familias con miembros que sufren problemas de salud mental. Argumentan que la norma es complicada y dificulta la internación involuntaria de pacientes con adicciones o patologías psiquiátricas. El gobierno afirma que cumple estrictamente con los requisitos del artículo 20, aunque reconoce que la evaluación de un "riesgo real e inminente" en la calle es subjetiva.

   Para abordar este desafío, se ha establecido un equipo interdisciplinario de los ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud y Seguridad, junto con el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, para evaluar cada caso. Además, se ha implementado el servicio de emergencias médicas SAME psiquiátrico, que cuenta con ambulancias adaptadas para trasladar a pacientes con problemas de salud mental.

  En palabras del gobierno, hasta ahora se había ignorado este tipo de situaciones, y el artículo 20 de la Ley de Salud Mental no estaba cumpliendo su función. El gobierno espera que, con este protocolo, se pueda abordar de manera más efectiva el problema y brindar la ayuda necesaria a quienes la necesitan.

Cómo se activa el protocolo

   La activación del protocolo puede originarse cuando un vecino alerta al 911 sobre una situación de este tipo. Según explicaron, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede enterarse de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional a través de los números telefónicos (107, 108, 147 o 911) o mediante el contacto directo con los equipos del programa Buenos Aires Presente (BAP) o los agentes de la Policía de la Ciudad.

   En caso de considerarlo necesario, el SAME trasladará a la persona a un Hospital de Agudos para su evaluación por parte del equipo interdisciplinario de salud mental. Este equipo proporcionará al paciente información clara sobre su estado de salud, los tratamientos propuestos, las opciones terapéuticas y las posibles consecuencias de no recibir tratamiento, según explicó Fernán Quirós, ministro de Salud porteño.

   El equipo interdisciplinario podrá ordenar la internación involuntaria del paciente si se determina un riesgo cierto e inminente para él mismo o para terceros, en un período que puede extenderse hasta 72 horas después del ingreso. La internación finalizará una vez que se confirme la cesación del riesgo.

   Según datos del gobierno de la Ciudad, actualmente hay 3.500 personas en situación de calle, de las cuales 2.300 pernoctan en refugios oficiales y 1.200 lo hacen al aire libre.

Prevenciones

   Alberto Trímboli, coordinador del área de Adicciones del Hospital Álvarez y presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental, dijo al diario Clarín que "Pareciera que el mensaje es: por qué los vecinos se tienen que aguantar una persona en la calle. (…) La salud mental no son solo problemas en el cerebro, sino que es intersectorial: problemas de vivienda, trabajo, vida social. Si arrancamos con la atención primaria, este tipo de casos va a ir disminuyendo. Es decir, está bien que se intervenga en este tipo de situaciones pero también en las condiciones que derivan en esto. Que no quede sólo en embellecer el barrio sacando a las personas que quedan feas, como si fueran macetas".

Pocos recursos

   Una omisión notable en el Protocolo del gobierno porteño es la falta considerable de recursos y personal en todos los organismos involucrados en la evaluación y tratamiento de las personas en situación de calle.

   En enero, el gobierno de la Ciudad cerró el programa de atención a personas con trastornos mentales que viven en la calle. Los operadores, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud mental, que tenían contratos precarios, no fueron incorporados como personal permanente para continuar con sus funciones de integración social y prevención de internaciones; en su lugar, fueron despedidos.