Rosario: policías acusados por encubrir atentados contra el gobierno provincial

   Dos policías del Comando Radioeléctrico y otro que cumple funciones en el Centro de Justicia Penal fueron imputados por haber "plantado" a un joven allegado a un clan de narcotraficantes tres armas que habían sido utilizadas en atentados contra el gobierno provincial, ocurridos entre diciembre y enero pasado. Otros dos quedaron vinculados con la causa por encubrimiento del procedimiento ilegal. 

   En un caso de presunto encubrimiento, tres policías fueron acusados de recibir pistolas y colocarlas en el vehículo de un joven, que estuvo detenido durante quince días por ese procedimiento ilegal. Dos de los cinco policías detenidos fueron liberados, pero siguen vinculados con el caso por haber consentido la falsificación del acta del procedimiento. 

   Los tres policías imputados están sospechados de encubrir seis balaceras en Rosario, en las que se dejaron mensajes dirigidos al gobernador y a la Tropa de Operaciones Especiales. 

   Uno de los policías, Marcos Martín Molina, fue señalado como el intermediario que recibió las armas y las entregó a sus compañeros. El fiscal del caso indicó que los agentes colocaron las armas en el vehículo del joven detenido de forma ilegal, con la intención de involucrarlo en el delito. Tras corroborar los datos del operativo viciado, el fiscal ordenó la liberación del joven detenido y detuvo a los policías acusados de encubrimiento.

   Si bien eran cinco los policías que habían sido detenidos el domingo 25, por orden del fiscal Franco Carbone, solo llegaron a la audiencia los uniformados Ruiz, Molina y Vera. Los otros dos, Joaquín Luciano Dure y Yael Ulises Fernández, recuperaron la libertad el lunes, pero quedaron vinculados con la causa por haber prestado consentimiento en la falsificación del acta del procedimiento ilegal. 

   Los tres policías imputados están sospechados por el mismo delito, que es el presunto encubrimiento de seis balaceras: a una sucursal bancaria (12/12/23), dos contra la comisaría 19ª (27/12/23), a la sede de la Tropa de Operaciones Especiales (20/1/24), a un joven que resultó herido en el centro rosarino (22/1/24) y a una estación de servicio (23/1/24).

   En cinco de los seis hechos se dejaron mensajes escritos, algunos dirigidos al gobernador Maximiliano Pullaro y a la Tropa de Operaciones Especiales.

   En el caso del subinspector Molina, quien paradójicamente prestaba servicio en el Centro de Justicia Penal –en la Oficina de Gestión Judicial–, donde este miércoles fue acusado, el fiscal le atribuyó haber recibido las pistolas calibre 9 milímetros, calibre .40 y .380 de parte de los verdaderos autores de las balaceras. Luego, las entregó a sus compañeros Ruiz y Vera en una caja de zapatillas junto con un cartel en el que estaban mencionados la TOE y el gobernador.

    El hecho lleva a sospechar que Molina también participaba en el análisis de qué se debía escribir en un cartel que sería dejado en la escena de un atentado para lograr mediatización y mayor grado de intimidación a las autoridades provinciales. 

   El intento de involucrar a una organización delictiva como el clan Tripi para favorecer a otra que le disputa su "territorio" supone una situación gravísima para un agente que, según indica su función, debería en realidad promover la persecución penal de situaciones de estas características y no encubrirlas y mucho menos participar de ellas.

  Ruiz y Vera –integran el Comando Radioeléctrico– fueron, a criterio del fiscal Carbone, los encargados de haber colocado las tres armas dentro del vehículo de Alexis Michel en la madrugada del 31 de enero. Según explicó la defensora del joven, a él lo frenaron en pasaje Ancuña y Rouillón, le requisaron el vehículo y luego lo hicieron manejar su camioneta –escoltado por dos móviles del Comando– hasta otro lugar donde le dijeron que le iban a hacer un test de alcoholemia. Sin embargo, cuando llegó, lo esposaron, le "plantaron" las pistolas y convocaron a "testigos" del procedimiento.

   El conductor de la camioneta no fue elegido al azar. Si bien no tiene antecedentes penales, el fiscal explicó que es primo del preso Claudio Mansilla, condenado por narcotráfico y homicidios, y además es amigo y chofer de Leonel Ariel Tripi, a quien mataron a tiros este martes en Rosario. Es decir, los policías consideraron que había un contexto por el que se podría suponer que él trasladaba armas.

   Tras el procedimiento ilegal por el que fue arrestado, Alexis Michel estuvo 15 días detenido. Fue imputado el 7 de febrero por el fiscal Carbone, que ordenó su libertad siete días después, al corroborar todos los datos del operativo "viciado" de los agentes.

   Fue el mismo Carbone quien detuvo a los policías ahora acusados de presunto encubrimiento. Con participación en el presunto delito el fiscal señalo a Molina, Ruiz y Vera, y dejó sujetos al proceso penal a Joaquín Dure y Yael Fernández, cuya relación con los hechos fue haber firmado el acta del procedimiento ilegal. Días después, citados en el Centro de Justicia Penal para atestiguar sobre el operativo, sostuvieron la versión acordada con sus camaradas.