Procesaron a tres jefes de la Policía Federal de Santa Fe

   (Por Andrea Viñuela*) - Guillermo Gabriel Gallo es el tercer jefe de la Policía Federal delegación Santa Fe en verse involucrado en una causa penal en los últimos cinco años. Los otros dos son Mariano Valdez y Marcelo "Lechuga" Lepwalts, ya condenados en sendos procesos.

   Gallo fue procesado por el juez Carlos Vera Barros por haberle brindado privilegios al preso Juan Suris, mientras estaba detenido en la sede de la fuerza federal en la ciudad de Santa Fe. La causa involucra además al subcomisario Rafael Benítez, también procesado y en prisión preventiva. 

   En 2021, Lepwalts fue condenado como jefe de una asociación ilícita que utilizaba su cargo para delinquir. Luego, Valdez, que llegó al cargo en reemplazo de Lepwalts, fue condenado por incumplimientos del deber de funcionario público, por haber entorpecido la investigación de un ataque armado en la ruta 9 cuando iba a bordo de un móvil oficial. 

Jefes policiales condenados

   En noviembre de 2021 el exjefe policial Marcelo "Lechuga" Lepwalts fue condenado a cuatro años y medio de prisión, en el marco de un juicio oral y público en el que se ventilaron los hechos ocurridos durante marzo de 2018 y mayo de 2019, mientras Lepwalts se encontraba al frente de la delegación Santa Fe de la Policía Federal. 

   Previo al inicio del debate oral, cinco expolicías que se encontraban en la fuerza bajo las órdenes de Lepwalts firmaron condenas a tres años de prisión a través de un procedimiento abreviado. Las actividades de la banda iban desde secuestrar teléfonos celulares que ocultaban a las autoridades y por los que luego pedían rescate, a secuestrar estupefacientes cuyo pesaje fraguaban en las actas de procedimiento y guardaban en la delegación para "plantar" a distintos candidatos una vez que dejaban de serles útiles. 

   El fiscal Martín Suárez Faisal remarcó en el juicio que la asociación ilícita desarrollaba otras actividades asociadas a la venta de dólares y los puestos callejeros, donde la Brigada también extorsionaba para conseguir un "canon mensual". 

   En agosto de 2021 fue condenado el exjefe Mariano Valdez que en 2019 protagonizó un confuso tiroteo en la ruta 9 y a causa del mismo terminó detenido por una causa de presunto tráfico de drogas. Valdés, de 54 años fue encontrado culpable del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público en la modalidad de abuso de autoridad". 

   La sentencia también alcanzó al exjefe de la delegación local de la PFA, Higinio Alberto Bellagio (44), quien fue absuelto de culpa y cargo. En un principio, la causa que investigó el ataque ocurrido en la ruta 9 estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Villa Constitución, Eugenia Lascialandare, y su par rosarino, Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del mismo organismo judicial. 

   Ambos fiscales ordenaron la detención de Valdés y Bellagio tras detectar que ambos habrían cometido una serie de ocultamientos a la Justicia en el marco de la investigación del tiroteo en la autopista. Con el correr de los días, la investigación de Edery y Lascialandare reveló, en base a un peritaje realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que un bolso secuestrado en la camioneta de Valdés, y el cual se sospecha iba en el auto de la fuerza el día del tiroteo, contenía partículas de "metanfetaminas". 

   Tras el peritaje, el fiscal federal Walter Rodríguez pidió tener competencia en el caso y en un principio el entonces juez Francisco Miño se la denegó por lo que tuvo que recurrir a la Cámara de Apelaciones de Rosario, en donde el camarista, Aníbal Pineda, dio luz verde al fiscal santafesino para que se quede con la causa de Valdés. 

   Rodríguez acusó a Valdés y Bellaggio de haber utilizado aquel móvil policial en beneficio propio y ajeno de la función policial para trasladar un bolso marca Adidas en el que supuestamente había estupefacientes. Tras el tiroteo, dicho bolso quedó en el vehículo y según el criterio del fiscal fue retirado luego por Bellagio quien viajó desde Santa Fe hasta el Samco de Arroyo Seco a donde había sido internado su jefe. 

   El "misterioso" bolso fue hallado el 20 de septiembre en la camioneta Mitsubishi L200 D azul que era propiedad de Valdés y la cual fue inspeccionada por agentes de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) frente a la Delegación Santa Fe de la PFA. El 5 de enero de 2020, el juez federal 2, Francisco Miño, procesó al Comisario y su segundo, por "confabulación para el transporte de estupefacientes" agravado, "incumplimiento de deberes", "sustracción de pruebas", uso de bienes del Estado para el "provecho propio" y además "falso testimonio". 

  Cuatro meses después, el fiscal Rodríguez decretó la clausura de la investigación y formuló el requerimiento de elevación a juicio contra los dos exjefes de la Delegación local de la PFA. Un año y medio después, tres jueces del Tribunal Federal determinaron condenar a Valdés solo por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público en la modalidad de abuso de autoridad" por lo que descartó que haya organizado un posible transporte de drogas con Bellaggio.

   Finalmente, Guillermo Gallo fue procesado este martes como autor de los delitos de cohecho pasivo, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La causa involucra también al ex subcomisario Leonardo Benítez, procesado con prisión preventiva; a Suris, procesado por los delitos de cohecho activo y encubrimiento agravado, y a Mariana Martínez a quien le imputan haber pagado millones de pesos al entonces subjefe Benítez para darle un alojamiento distinto a Suris. La llegada de Suris a la federal santafesina se dio luego de haber sido detenido, en noviembre del 2023 en la ciudad de Esperanza (donde se encontraba radicado) para cumplir una condena impuesta por la Justicia federal de Bahía Blanca en el marco de dos causas: por comercio de estupefacientes, entre 2011 y 2013, y montar una usina de facturas apócrifas para evadir el pago de impuestos a la Afip. 

   Tras su detención, Suris fue llevado hasta la PFA de Santa Fe hasta que se gestionara el cupo en el Servicio Penitenciario. Sin embargo, el traslado nunca fue requerido y el recluso quedó detenido en la dependencia y gozó de múltiples beneficios otorgados por el subjefe Benítez. Entre ellos, tener comodidades y privilegios de los que no gozaba ninguno de los otros internos que se encontraban en la dependencia.

*Publicado en www.airedesantafe.com.ar/