¿Causas armadas por el poder?

El año anterior me expresaba en relación con la luctuosa causa de Cecilia Strzyzowski indicando que en la misma se conjugaba el horror, el honor y el compromiso. En estos días azorados, debo adicionar un elemento más: la utilización. 

Por estos días, publicaciones periodísticas dan a conocer una conversación que habría acaecido entre el ministro de Gobierno y Justicia y un abogado asesor del gobierno provincial en el que éste último agradeció al alto funcionario de la provincia su colaboración en el armado de causas penales contra ciudadanos chaqueños, algo de alta gravedad institucional. 

Eso cobra mayor dimensión por cuanto el actual ministro de la cartera de gobierno y justicia de la provincia; hasta el año pasado Fiscal de Cámara; con el abogado asesor del gobierno, cumplieron en el Caso Cecilia roles acusadores; uno como fiscal y otro como querellante. Ambos, a la fecha, prestan servicios en la actual gestión gubernamental del Chaco con posible intromisión institucional en el Poder Judicial y Ministerio Público. 

Llama poderosamente la atención que, desde la asunción de las nuevas autoridades provinciales, la triste causa del homicidio que tuviera como víctima a una joven vida, entrará en el absoluto estancamiento. 

El espíritu de las víctimas de hechos aberrantes merece la elevada consideración para que en la memoria colectiva instalen a través de la verdad una barrera que impida hechos similares. 

El armado de causas penales en esferas del poder –si fueran tales– atentaría contra el sistema de gobierno representativo, republicano y federal, donde la división de poderes es un eje transversal. 

La división de poderes obedece a la imperiosa necesidad de control entre los mismos evitando desbordes de alguno de ellos.

(*) El autor es diputado nacional por el Chaco - Frente de Todos.