Separación de poderes
En los últimos días, el escenario político nacional volvió a mostrar que, en el proceso de toma de decisiones, el Poder Ejecutivo es un órgano central. Pero quedó en evidencia también que no es el único.
Si bien la tradición política argentina otorgó en varias oportunidades una serie de ventajas a los sucesivos inquilinos de la Casa Rosada, las reglas del juego democrático nos recuerdan que la cooperación entre los poderes es fundamental para la salud de la República.
Debido a que es altamente probable que en las próximas semanas se vivan momentos de nuevas tensiones políticas en el país, no viene mal recordar que la teoría de la separación de poderes no es, precisamente, un invento argentino.
Fue Charles Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu, el filósofo y jurista francés del siglo XVIII, quien propuso la idea de la división del poder del Estado en tres áreas separadas: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En su obra "El espíritu de las leyes" detalló las ventajas de esa compartimentación y explicó que, de ese modo, se evitaría la concentración del poder y se garantizaría un sistema de pesos y contrapesos. Los sistemas democráticos modernos tienen a esta teoría entre sus pilares fundamentales ya que la división que propone es un reaseguro para prevenir el abuso de poder y proteger las libertades individuales.
Si bien La Libertad Avanza, la fuerza política del presidente de la Nación, Javier Milei, se impuso en las urnas en los últimos comicios presidenciales, ese buen desempeño no fue suficiente para mejorar su representación parlamentaria. En la Cámara de Diputados de la Nación ocupa 38 bancas y en el Senado cuenta con solo siete representantes.
Esta debilidad en la relación de fuerzas es la que explica el revés legislativo que sufrió en el Congreso Nacional. En rigor, lo que ocurrió en el Parlamento no debía haber sorprendido a nadie, porque era evidente que al no tener superioridad numérica para la aprobación de leyes (y también para salir airosos en la compleja tarea de construcción de gobernabilidad de todos los días) más que fuerzas celestiales lo que se necesita es algo mucho más terrenal: una gran capacidad de diálogo y de negociación. Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández lo comprobaron durante sus respectivos mandatos.
La importancia de la distinción entre las diferentes ramas del poder, en rigor, ya era reconocida entre los griegos y romanos de la Antigüedad. En todo caso, la novedad que en su momento aportó Montesquieu con su propuesta fue que la separación de poderes reduciría el riesgo de caer en el despotismo y, al mismo tiempo, garantizaría un gobierno más estable. "Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo están unidos en un mismo cuerpo, no puede haber libertad", planteó el filósofo francés.
Por estas horas, y ante el nuevo escenario que se ha presentado para el gobierno nacional, se multiplican las voces que advierten que el Ejecutivo nacional no puede gobernar sin el Congreso, ya que la democracia requiere la participación y aprobación del Poder Legislativo, en el marco de un proceso que legitima la toma de decisiones.
Milei ya ha dado señales de no confiar en los legisladores (en el acto de asunción habló de espaldas al Congreso) y por eso mismo hoy muchos se preguntan hasta qué punto está convencido de que podrá gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia, delegación de competencias y plebiscitos. Una larga lista de analistas políticos ha advertido sobre los enormes riesgos que representa para todos los sectores de la sociedad, la aplicación de esa singular estrategia.
Es más, también los mandatarios provinciales ven con preocupación la llamativa intransigencia del Ejecutivo nacional. En el Chaco, el gobernador Leandro Zdero, dijo que "lo peor de todo es que no tenemos un horizonte, ni definiciones que nos permitan organizar la gestión, saber con qué recursos vamos a contar, conocer cuáles interlocutores tenemos".
La separación de poderes asegura que ningún poder del Estado adopte decisiones arbitrarias que atenten contra el bienestar general, ya que cada uno de ellos puede poner freno a cualquier abuso de poder por parte de los otros. Esto es algo que está vigente en todas las democracias del mundo. Y no hay razones para que hoy la Argentina se aparte de esas reglas.
