Abusos por planes sociales: advierten que las denuncias llevaban meses

El empoderamiento dado a dirigentes durante años, a través del manejo de los planes sociales sirvieron, no solo, para el enriquecimiento personal, perpetren delitos y transiten sus días con impunidad, ya que extorsionaban a sus víctimas de quitarle la ayuda total si descubrían el accionar.

La administración anterior del Ejecutivo contaba con un canal de denuncias para que se adviertan de anomalías o arbitrariedades, un espacio que al juzgar con lo que ocurrió con el caso que involucra a dos mujeres de La Leonesa solamente fue simbólico.

Ayer se conocieron detalles de la causa contra Juan Bregui, referente de la Corriente Clasista y Combativa, el que hoy se encuentra detenido acusado de hechos aberrantes contra dos jóvenes a quienes les certificaba un plan social.

Las víctimas se acercaron a legisladores provinciales para pedir asesoramiento porque les obligaban a entregar una parte de su beca, cocinar y vender la mercadería para la organización social y entre las charlas relataron que también padecieron abusos sexuales.

"Si se habilitaron canales de denuncias y no se actuó hay responsabilidad, ya sea por negligencia o impericia", indicó el diputado Francisco Romero Castelán en un contacto con los medios que brindó con sus pares Iván Gyoker y Maida With.

Es que trascendió que estas jóvenes se comunicaron, al menos, cuatro veces con ese espacio que se había habilitado en el gobierno que finalizó el 10 de diciembre, pero no se actuó.

"Estamos investigando todas las irregularidades que habían: gente que habría sufrido abusos, amenazas, que los obligaban a ir a marchas y violencia por parte de los dirigentes de Desarrollo Social. En este marco, se acercaron mujeres que habrían sido víctimas de esta red y nos pidieron ayuda para denunciar", agregó Gyoker

En los relatos de las víctimas, declararon que les quitaban las tarjetas en las que cobraban el beneficio y las mantenían retenidas en tanto las beneficiarias no accediesen a los trabajos que solicitaba el dirigente. Aseguraron que debían cumplir con lo que pidiese para no sacarles la ayuda. Además de impedirles buscar otros trabajos o planes sociales y amenazarlas a ellas y a sus familias respecto a dar conocimiento de la situación o no cumplir con lo que se les pedía.

MÁS DENUNCIAS

Ante la gravedad de los hechos y la impunidad con la que actuaban los dirigentes, legisladores señalan que aparecerán más denuncias con el tiempo y la intención es generar toda la red de protección primero y luego colaboración con la Justicia para que se castigue a los culpables. "Nuestro compromiso no es solo el de legislar, sino también de gobernar y gobernar también es denunciar. Entonces que la ciudadanía sepa que nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias", dijo Romero Castelán.

Ayer, el dirigente designó abogado defensor y las acusaciones en su contra son por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravamente ultrajante y privación ilegítima de la libertad.