El controvertido método Bukele
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene –según las encuestas– cerca de un 80 por ciento de adhesión del electorado y todo indica que en los comicios que hoy se celebran en ese país centroamericano, logrará la reelección con una cómoda victoria. Su enorme popularidad se debe, en gran medida, al controvertido método que puso en práctica para luchar contra las pandillas que durante muchos años sembraron violencia en la sociedad salvadoreña. 
Dicha política de seguridad, que recibió fuertes críticas por las violaciones de los derechos humanos y la detención de miles de jóvenes inocentes pertenecientes a los sectores más pobres de la población, tuvo como resultado un fuerte descenso de los índices de criminalidad.
La mayoría de los sondeos para conocer la intención de voto del electorado que se llevaron a cabo en las últimas semanas anticipan un amplio triunfo de Bukele. Su creciente popularidad no es difícil de explicar: viene de la mano de una polémica política contra la inseguridad que, a pesar de las críticas, recibe la adhesión de la mayor parte de la población.
Según el propio Bukele, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 60 mil pandilleros, lo que permitió bajar los altos niveles de violencia que padecía la sociedad. Sin embargo, dirigentes de la oposición y organizaciones civiles advierten que la mano dura que impuso el joven presidente significó, entre otras cosas, encarcelamientos masivos de personas (la mayoría jóvenes de familias pobres) a las que no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a la defensa.
Bajo un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales, el método arrojó resultados que terminaron convenciendo a la mayoría de la población, que padeció durante décadas la violencia de las pandillas. Pero la aceptación de la figura de Bukele por parte del electorado se explica también por el rotundo fracaso de los gobiernos que lo precedieron para resolver el problema de la violencia de las organizaciones criminales conocidas como "maras".
Incluso los opositores reconocen que la gente ahora puede salir a las calles sin temor a perder la vida. No es casual que un sondeo realizado en 2020 revelaba que casi un 62% de los consultados estaba dispuesto a aceptar un gobierno no democrático si sus políticas de seguridad lograban poner fin al terror sembrado por las pandillas.
Pero hay quienes advierten que el camino elegido para luchar contra la inseguridad tendrá un alto costo para la sociedad salvadoreña. Por un lado, afirman, el éxito en la desarticulación de las pandillas sirvió para que el actual gobierno acentúe sus rasgos más autoritarios, en un contexto en el que la oposición sigue debilitada.
Un informe realizado por InSight Crime, una fundación dedicada a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe, advierte que "las carencias sociales y económicas, que alimentaron el crecimiento de las pandillas, persisten en los barrios antiguamente dominados por esas organizaciones criminales y podrían empujar a los remanentes de estos grupos de nuevo a la actividad delictiva o engendrar nuevos grupos delictivos".
"El gobierno no parece tener un plan para abordar las causas de fondo de la violencia de las pandillas", señala el documento titulado "El régimen de excepción (perpetuo) de El Salvador: Cómo el gobierno de Bukele sometió a las pandillas".
El informe señala, además, que el régimen de excepción se ha prolongado durante 20 meses consecutivos, a pesar de denuncias generalizadas realizadas por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación sobre detenciones arbitrarias, basadas en escasas o nulas pruebas de delito, así como falta de garantías procesales, entre las que se incluyen la imposibilidad de acceder a asistencia letrada. "También hay informes de tortura, así como de fosas comunes que incluyen a las más de 150 personas que han muerto en el sistema penitenciario desde que comenzó el estado de excepción.
A pesar de estos abusos, la controvertida ofensiva parece haber incapacitado a las pandillas, al menos temporalmente", agrega el documento que, más adelante, observa que tanto los críticos como los partidarios del régimen de excepción cuestionan la sostenibilidad a largo plazo de una política de seguridad tan agresiva.
"El hacinamiento en las cárceles y, sobre todo, la posibilidad de que las pandillas regresen algún día, también suscitan preocupación", concluye el informe que pone la lupa sobre la política de seguridad de Bukele, cuyo triunfo en las urnas tendrá, seguramente, amplia repercusión en toda América Latina.
