Un paro para frenar la protesta

   (Por Rubén Tonzar) -La multitudinaria respuesta popular en todo el país no puede ocultar que la GGT llamó a una huelga parcial, segmentada y sin continuidad a la vista que, como sucediera antes en decenas de ocasiones, puede desorganizar aún más al movimiento obrero. 

   El paro, convocado sin reivindicaciones salariales ni para los jubilados, iba tras el improbable objetivo de impedir la reforma de las leyes laborales contemplada en la "Ley ómnibus". Levantaba esa reivindicación obviando que la demolición del derecho laboral es parte del acuerdo general del conjunto de la clase dirigente, con la destacada inclusión de las Pymes. Las discusiones y modificaciones debatidas durante todo este mes en el Congreso mostraron miles de diferencias entre ellos, excepto en el punto de la reforma laboral: fue el único en el que no hubo "grieta".

   La CGT condicionó cualquier protesta futura a la decisión del Congreso sobre el tema, sin mencionar para nada las leyes y decretos clave que regimentan y prohíben la protesta, ni la devaluación del peso, ni la explosión inflacionaria. Hasta sometió la organización de la marcha al "protocolo Bullrich", mientras la ministra implementaba tácticas de intimidación con un masivo despliegue de la Policía Federal, pocas veces visto en la ciudad de Buenos Aires. 

   La CGT no enfrentará a los empresarios ni al Estado, remitiendo sus modestas esperanzas a la posible intervención "moderadora" de la Corte Suprema. El kirchnerismo, desaparecido del panorama político, solo se manifiesta otorgando aumentos salariales insuficientes en la provincia de Buenos Aires y sus municipios. El gobernador Kicillof cerró por decreto la paritaria docente. Sergio Massa garantiza la continuidad de sus funcionarios bajo el nuevo gobierno (La secretaria de Minería, la dirección de Aduanas, el negociador con el FMI, entre otros, son todos personal de su administración).

   El gobierno pretende que la aprobación de la "ley ómnibus" será una señal de estabilidad económica y política, lo que aparentemente estarían recibiendo positivamente en los mercados financieros. Pero la realidad muestra inminentes aumentos en los servicios básicos, en salud, vivienda y combustibles, y en los próximos gastos de escolaridad. Además, el gobierno continúa devaluando el peso para lograr superávit fiscal y reducir costos laborales, transformando deudas de entidades estatales en bonos del Tesoro, lo que agudiza la crisis de endeudamiento. La brecha entre el dólar oficial y el financiero ya ha vuelto a superar el 50%.

   Esta situación, como se ve, en parte promovida por el propio gobierno, llevará a crecientes conflictos. Como ya ha sucedido en toda América y en el mundo con el repentino apoyo popular a líderes políticos hasta antes de ayer desconocidos o insignificantes, la crisis económica y las políticas oficiales impulsarán a los trabajadores a actuar por sí mismos, sin la mediación de sus direcciones sindicales tradicionales, que ayer lograron que los trabajadores participaran parcialmente en la huelga, con escepticismo y desconfianza hacia ellas.