Soberanía digital
La irrupción de las nuevas tecnologías plantea grandes desafíos tanto para los gobiernos como para los ciudadanos. Se calcula que en las economías actuales cada persona que emplea al menos un dispositivo conectado a Internet genera 1,7 Mb de datos por segundo. Se trata de un gigantesco flujo de información que revela preferencias, opiniones y hábitos de consumo, entre otras cuestiones no menores que circulan diariamente por la infraestructura de telecomunicaciones.
¿Dónde se almacena la mayor parte de la información sensible en formato digital de los ciudadanos y de los gobiernos (nacional, provincial y municipal) de nuestro país? ¿Se almacena en servidores que están dentro del territorio nacional o en equipos que pertenecen a empresas radicadas en el extranjero? La respuesta a este interrogante nos permitirá conocer el grado de control que tenemos sobre los datos generados a nivel local.
Emilio Ontiveros, profesor de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, advierte en su libro "Economía de los Datos. Riqueza 4.0" que el conjunto de la sociedad todavía no ha asimilado la infinidad de información que produce y revela todos los días. "El almacenamiento de los datos es un factor clave para la soberanía y la construcción de la Economía Digital, por lo que los gobiernos procuran adaptar la jurisdicción para mejorar su control", observa el catedrático.
Esta semana se supo que el municipio de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, prohibió en su jurisdicción la instalación de antenas de tecnología de comunicaciones 5G a la espera de estudios que garanticen la inocuidad de las radiaciones vinculadas con estos dispositivos. En este caso primó la preocupación por la salud de la población, lo que es correcto. Pero el árbol no debería tapar el bosque. Es necesario hablar también de soberanía digital o, si se quiere, de soberanía de los datos.
Sobre este tema, el libro citado explica que "las cuestiones relativas a la soberanía, la privacidad y la residencia de los datos son prioritarias para gobiernos de todo el mundo". "La definición de soberanía de los datos se basa en el concepto de que la información creada o almacenada de forma digital está sujeta a las leyes y regulaciones del país en que dicha información se encuentra localizada.
El gobierno de los datos y su adscripción a las jurisdicciones donde estos se generan –o donde radican las personas físicas, jurídicas o activos que los producen– es un aspecto crítico que impacta de pleno en el desarrollo de la Economía Digital. No en vano, las decisiones que en fechas recientes han sido adoptadas por distintos países en relación con la ubicación de sus centros de datos, tienen como motivación principal la residencia y el gobierno de los datos", agrega el texto de la obra mencionada.
No debería resultar extraño, entonces, que potencias globales como Estados Unidos y China estén concentrados en una vertiginosa y decisiva carrera para tener en sus manos los enormes flujos de datos y controlar la infraestructura de telecomunicaciones a través del sistema 5G. Pekín y Washington disputan la carrera para implementar estas redes móviles de quinta generación en todo el mundo. En América Latina, la multinacional china Huawei ganó la delantera y desembarcó con sus primeros equipos de telecomunicaciones e infraestructura 5G para pruebas en nuestro país, Brasil y Chile.
EEUU tomó rápidamente nota de esa movida e instruyó a sus embajadores que se sumen a la estrategia para contrarrestar la avanzada del gigante asiático en la región. Las redes móviles de quinta generación provocarán una revolución en las telecomunicaciones, con un fuerte impacto en los sistemas de producción, la educación y en la vida cotidiana de miles de millones de personas. Desempeñarán un rol estratégico en la economía global, donde la conectividad se ha convertido en un factor clave de competitividad, comparable al que tuvieron en su momento el transporte y la infraestructura para aprovechar la energía. Habrá que esperar los resultados de los informes científicos sobre el impacto de estas tecnologías sobre la salud humana y en caso de resultar inocuas, prepararse para fortalecer nuestra soberanía frente a los retos que presentará el cambio de paradigma tecnológico.
