El robo de cables jaquea a los organismos estatales de Paraguay

En una serie de publicaciones realizadas por el diario paraguayo Última Hora se muestra cómo el robo cables para obtener cobre está ligado a un problema social gravísimo, como es el incremento del consumo de estupefacientes, especialmente el crac y millonarios perjuicios a entidades estatales y la sociedad.

Se trata de un negocio rentable para las chatarreras, que adquieran de cualquier persona sin restricción cualquier tipo de cobre a un precio promedio de entre 6 y USD8 por kg y que luego vuelven a revender a firmas del Brasil, y hasta cuentan con una "ruta secreta del cobre".

Según la Policía Nacional del vecino paísen la mayoría de los casos fueron capturados como supuestos autores de estos delitos a personas adictas a algún tipo de estupefacientes o exconvictos.

Uno de los modus operandi que utiliza los delincuentes, según investigación de la Policía, es la utilización de automóviles para extraer cable subterráneo. Es decir, llegan en autos, rompen los registros por donde pasan los cables subterráneos, estiran y atan al vehículo que arranca los cables causando apagones generales.

LA RUTA BRASILEÑA

Esta radiografía del ilícito del robo de cables descubre una travesía desde los locales de acopio, que se encuentran en ciudades de la periferia de Asunción desde donde se estiman que salen unos 80 a 100 camiones por mes, transportando aproximadamente 1500 kilos de desechos metálicos cada uno.

Estos miles de kilos de cobre o aluminio especial viajan hasta grandes complejos ubicados en la ciudad Pindoty Porã, en la frontera seca con la ciudad brasileña de Sete Quedas.

Los metales son entregados en frontera en estancias a brasileños que mantienen un aceitado mecanismo de sobornos en las rutas hasta llevarlos a su destino final en São Paulo.

Los pagos se manejan fuera del circuito financiero legal vía casas de cambio y efectivo, sin dejar comprobantes legales ni tributos en Paraguay.

Para el transporte "legal" se utilizan notas de remisión y facturas de venta local a valores absurdos que no llegan ni al 10% del valor de la carga.

César González, fiscal Adjunto del Medio Ambiente del departamento de Canindeyú, admitió que no sabía nada del delito que se cometía bajo sus narices.

"Con base en las publicaciones, ordenamos la apertura de una investigación de oficio y se le dará entrada. No teníamos conocimiento de esto, nos enteramos a través de la prensa", refirió el agente.