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Unánime bronca sindical por el trunco pase a planta de precarizados

Las tres organizaciones de la administración central manifestaron su decepción por la falta de cierre al concurso.

Cuando parecía que el proceso que se inició a principios de año entre el gobierno provincial y los tres sindicatos de la administración central (UPCP, ATE y UPCN) concluiría con la firma del decreto para establecer la incorporación al plantel permanente de los precarizados que rindieron el concurso, el primer mandatario Jorge Capitanich entendió que el documento debía tener el visto bueno de Fiscalía de Estado y el calendario terminó consumiendo la gestión.


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La protesta de los trabajadores, el jueves, el último día hábil para reclamar el decreto a planta que no se firmó.

"La gestión justicialista saliente, que suponíamos consideraba a los trabajadores como columna vertebral de las políticas públicas, hoy, demostró que el derecho a la estabilidad laboral, nunca fue tenido en cuenta como pilar de su política de gobierno", expresaron desde UPCP.

"Nos parece una falta de respeto lo que se hizo y de una irresponsabilidad política descomunal, se tiró a la basura la esperanza de los trabajadores", consideró Dafne Zamudio, secretaria General de ATE.

En UPCN coincidieron en que lo ocurrido no fue lo acordado y que guarda sentido con todo lo que aconteció en lo previo, de una administración que estableció un convenio colectivo, generó un concurso, realizó los exámenes pero no cumplió con el último paso.

"El gobernador, desbarató este proceso reglado y no dictó los decretos, violando el principio de buena fe que rige la negociación colectiva, incumpliendo las leyes que ponen bajo su responsabilidad, el dictado del acto administrativo", agregaron desde el sindicato mayoritario.

ANTECEDENTES

El concurso tuvo un freno judicial y una observación por supuesta inconstitucionalidad por parte de la Fiscalía, luego una ley de la Legislatura dio legitimidad al concurso y los reclamos judiciales se convirtieron en abstracto, de allí la sorpresa del planteo del gobernador. Abarcaba a dos grupos de trabajadores, por un lado contratados de servicio que desempeñan mayoritariamente en Salud y que alcanzaba a 1500 agentes, que en la práctica tienen los mismos derechos que un trabajador de planta pero sin la estabilidad y luego rindieron poco más de 9000 precarizados, que esperaba sortear el corte establecido para la incorporación automática.

En este último caso, la intención era establecer una lista de orden de mérito e ir ingresando de forma manual hasta 2030 a medida que se vayan produciendo vacantes. Para esta oportunidad se había acordado ocupar las 500 vacantes que existen para el ingreso inmediato.

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