Felipe Schwartz: "Una cosa es discutir salarios y otra distinta es mantener el empleo"
El abogado laboralista explica que los gobiernos pueden utilizar al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir "un piso hacia una mejor redistribución del ingreso o como un ancla". 
Un cambio de época es el que se anticipa a partir de las posibles reformas no sólo en lo económico y en la estructura del Estado, sino también en las relaciones laborales, y más si son analizadas en un potencial escenario inicial de estanflación.
El abogado laboralista Felipe Schwartz repasó aspectos centrales, en diálogo con NORTE, del funcionamiento de la principal estructura que define el salario base en el país: el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, un ámbito institucional permanente de diálogo donde están representados los trabajadores, los empleadores y el Estado.
Allí –continuó- se fija "el salario mínimo para trabajadores regidos por la Ley de Contrato del Trabajo, y para trabajadores del sector público cuando el Estado sea parte. A partir del salario mínimo se establecen las negociaciones paritarias".
"Este Consejo está institucionalizado, por ley, desde mediados del siglo pasado y, a través de la Ley 24.013 fue creado como funciona actualmente",recordó, marcando con especial énfasis su conformación tripartita (trabajadores vía centrales sindicales; empleadores con las principales cámaras empresarias; y Estado). Con su presencia en este espacio "el Estado interviniendo de manera directa en problemáticas sociales a nivel macro, en la medida del ingreso como media de la redistribución", marcó.
Baja del salario real y escenario de estanflación
"Hace mucho tiempo que el salario real y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMNV) -que fija el Consejo- vienen perdiendo contra la inflación", trazó el también integrante del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Este organismo precisamente revela que, en la pospandemia, incluso con crecimiento económico hubo una pérdida de salario real por los altos niveles de inflación en el país.
"Un período de estancamiento económico –estanflación- puede repercutir en el universo de trabajo en general y sobre el empleo",marcó, y consideró que "una cosa es discutir salarios y otra distinta es cuando la preocupación está en mantener los puestos de trabajo". Esto significará –agregó- un corrimiento en el eje de la negociación pasando de recomposiciones del salario hacia la protección y sostenimiento de los puestos de trabajo.
Esa reconfiguración puede generar, dentro del Consejo, actores como los empleadores con un nuevo posicionamiento "y mayor poder de decisión para no acordar aumentos, junto a un Estado que, por los anuncios que viene haciendo y las ideas que expresa (el nuevo gobierno), puede ubicarse de ese lado", evaluó.
Un período de estancamiento económico puede repercutir en el universo del empleo, porque una cosa es discutir salarios y otra distinta es cuando la preocupación está en mantener los puestos de trabajo.
¿Un piso o un ancla?
Schwartz resaltó que el SMVM "opera como un piso mínimo que perciben los trabajadores del sector privado y los del Estado nacional". "Es una medida mínima a partir de la cual pivotean todas las negociaciones salariales posteriores, que por otra parte dependen de otros factores porque son bipartitas", precisó.
Analizando la incidencia que tiene este Consejo en la preservación del salario real, Schwartz sostuvo que los gobiernos "lo pueden utilizar como un piso mínimo para una mejor redistribución del ingreso o como un ancla".
Dentro de ese ámbito de negociación, el especialista marcó también que el Estado tiene dos tercios de los votos al momento de adoptar decisiones. "Si no hay acuerdo entre trabajadores y empleadores, decide el representante designado por el Estado ante el Consejo, por eso su importancia trascendental", destacó.
El modelo laboral de la construcción llevado a todo el ámbito privado
Entre potenciales reformas que podría implementar el nuevo gobierno nacional se anota el régimen laboral, algo que formó parte de la plataforma electoral que llevó a Javier Milei a ser electo Presidente, replicando la normativa de trabajo en el sector de la construcción, lo que implica modificar la forma en que se pagan las indemnizaciones.
Schwartz explicó la idea de replicar lo que establece el estatuto del trabajador de la industria de la construcción -regulado por ley- a nivel general en el mercado laboral es trasladar la "flexibilidad de salida, es decir, tener más libertad para prescindir de la fuerza de trabajo, para despedir trabajadores, como medida de fomento del empleo".
Trazada esa idea, advirtió que "como medida, desde el punto de vista normativo, es inconstitucionalporque no brinda una protección contra el despido arbitrario, que es reprobado por el ordenamiento jurídico argentino que establece una indemnización por ese acto". Y, a la vez, marcó que toda reforma del sistema laboral deberá ser establecida por ley, introduciendo cambios al actual marco de contrato de trabajo.
Por último, hizo foco en la relación laboral emergente de este tipo de sistemas, teniendo en cuenta que cada trabajador y trabajadora sabe por anticipado que el despido puede ocurrir en todo momento sin un costo –porque ya fue financiado-, lo que en definitiva "limita la posibilidad de hacer reclamos individuales y las construcciones colectivas".
La conformación del fondo de desempleo
Un punto en el que hizo foco es el aporte que hace el empleador, en la industria de la construcción, para financiar un fondo de desempleo que luego el trabajador percibe al momento de cesar la relación laboral. "Ese aporte es un costo para el empleador", resaltó.
"Cualquier medida de intervención estatal para fomento del empleo tendría que apuntar a dar flexibilidad a la entrada de trabajadores al mercado laboral y no para quitar derechos", subrayó.
En esa línea advirtió además el manejo que podría tener ese fondo con los aportes de los empleadores, que en el caso de la construcción es de un 12% de la remuneración de cada trabajador contratado en el primer año, y un 8% a partir del segundo año. "Hay muchas discusiones sobre la constitucionalidad pero es una actividad marcada por la estacionalidad en sus prestaciones. Pretender trasladar esto a todo el ámbito privado en general implicaría un flujo de fondos fenomenal", explicó.
Al respecto recordó que proyectos legislativos presentados establecen la creación de un fondo de cese laboral dentro de un organismo. "Hay un peligro de creación de un organismo que se transforme en un instrumento de negocio financieropara quien lo administre", alertó. Fue más allá y subrayó que "se socializará entre empleadores de todo el país un riesgo de posibles despidos de trabajadores que no saben si producirán o no".
