Derecho a saber lo que comemos
En Argentina cada vez más niños, niñas y adolescentes padecen enfermedades que antes sólo se detectaban en personas adultas, como la hipertensión o el colesterol alto.
Así lo advirtió la oficina local de Unicef al cumplirse dos años de la sanción de la ley nacional de Promoción de Alimentación Saludable, más conocida como "Ley de Etiquetado Frontal". Según Unicef, la mala alimentación es uno de los factores que aumenta el riesgo de padecer esas enfermedades.
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable fue sancionada el 26 de octubre de 2021. Un año antes había sido aprobada por la Cámara de Senadores y estuvo esperando casi nueve meses hasta que los diputados nacionales la trataron. A mediados de julio de 2021, en un plenario de cuatro comisiones de la Cámara Baja, la iniciativa obtuvo dictamen favorable. En octubre de ese año, finalmente, se sancionó y dos semanas más tarde fue promulgada por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Según Unicef, en nuestro país mueren todos los días más de 640 personas a causa de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión o las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Y el consumo de alimentos con excesos de nutrientes críticos por parte de amplios sectores de la población explica, en parte, el problema. Frente a esa realidad, se sancionó la ley de Alimentación Saludable que obliga a las empresas productoras de alimentos y bebidas no alcohólicas que contienen grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares o calorías, a informar el contenido de sus productos con una etiqueta en los envases que advierta sobre la presencia de nutrientes críticos. Los promotores de esta norma recuerdan que el sistema de octógonos negros y el sistema de perfil de nutrientes que se emplea en el país están basados en evidencia científica libre de conflictos de intereses. El sistema de perfil de nutrientes, por ejemplo, es el establecido por la Organización Panamericana de la Salud y define cuando un producto tiene exceso de calorías, grasas totales, grasas saturadas, sodio y azúcares.
Las numerosas organizaciones civiles que impulsaron la sanción de la ley coinciden en un punto: la ciudadanía tiene derecho a estar informada sobre el contenido de los alimentos que están en las góndolas. Y en ese sentido, advierten que todavía hay empresas que no cumplen con la ley, como por ejemplo aquellas que ponen las etiquetas octogonales en el dorso del envase, cuando la norma establece claramente que deben estar en el frente, para facilitar la información a los consumidores y no para ocultarla. Por otra parte, recuerdan que la ley dice que en los establecimientos escolares no se puede distribuir ni comercializar productos con sellos.
Otro tema estrechamente vinculado con el derecho a saber qué contienen los alimentos es el de los ultraprocesados, que se caracterizan por ser de muy baja calidad nutricional, a pesar de lo cual siguen entre los preferidos de los consumidores. Se trata de productos que poseen aditivos y cosméticos que dan color, sabor o textura para intentar imitar a los alimentos naturales. Según la OPS, estos productos están nutricionalmente desequilibrados: poseen un elevado contenido en azúcares libres, grasa total, grasas saturadas y sodio, y un bajo contenido en proteína, fibra alimentaria, minerales y vitaminas, en comparación con los productos, platos y comidas sin procesar o mínimamente procesados.
El documento "Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: ventas, fuentes, perfiles de nutrientes e implicaciones", publicado por la Organización Panamericana de la Salud revela que el aumento de las ventas y del consumo relacionado se asoció con el incremento del peso corporal de las personas que los consumen, lo que indica que estos productos son un importante impulsor de las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad. En la región, observa el informe, casi el 60% de la población vive con sobrepeso. En otras palabras, los alimentos ultraprocesados no son sanos. Expertos del organismo de salud del sistema interamericano advierten que los alimentos que presentan una pobre calidad nutricional están reemplazando a las comidas caseras más nutritivas de las dietas de las familias en América Latina y El Caribe, lo que genera efectos alarmantes en la salud y requiere de regulaciones por parte de los gobiernos de la región para revertir esta tendencia. En conclusión, la alimentación saludable es un derecho y por eso, la ciudadanía debe tener la posibilidad de informarse correctamente del contenido de los productos alimenticios que consume.
