Sobre balas y castigos
Al mediodía, cuando termina el programa de cocina que mira mamá, arrancan las noticias. Ella pierde el interés y el televisor queda encendido, sin nuestra espectadora hogareña, mientras se suceden los delitos, la mayoría en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano.
Es como si ella decidiera que a su edad sólo está dispuesta a añorar las recetas que alguna vez imitó, antes que a digerir la cruda versión del sálvese quien pueda que prodiga la pantalla.
La inseguridad te roza hasta que te choca, en esto se parece a la realidad. Por lo demás, suele discurrir entre arrebatos de ficción y otro tanto de violencia, mientras las víctimas expanden su calvario hasta las entrañas de la sociedad.
Desde la reja o el candado que se erige como protección, con la persiana entornada, la prueba material del repliegue ciudadano exige una respuesta al Estado.
Mientras el gobierno nacional intenta trabajar sobre esa complejidad, la respuesta de derecha se acerca más a la expectativa de la calle, que parece decir como Ivo Cutzarida, "El tipo que sale a matar hay que hacerlo mierda, corta la bocha".
La seguridad es una demanda popular, ningún gobierno se puede hacer el distraído.
En medio de esa encerrona, la ciudadanía quiere una solución, y si se da el caso, con linchamiento incluido.
Perdido el espacio para una reflexión sistemática y para los abordajes integrales, el discurso se ve tentado de seguir el rumbo de la justicia por mano propia y el de la baja de la edad de imputabilidad hasta el jardín de infantes.
Algunas voces pretenden reflexionar de que los índices de criminalidad son menores que en otras latitudes, pero eso pareciera "consuelo de tontos". Tampoco alcanza con saturar de patrulleros y efectivos que, en general, aparecen cuando no los necesitás.
Una mirada panorámica enseña que con el empeoramiento de los índices socioeconómicos prolifera el delito, pero eso no es excusa, ni explica el nivel de degradación alcanzado, la saña empeñada en las fechorías, así como la multitud de daños que la onda expansiva genera al interior de toda la comunidad.
Como una exhalación del pasado, a caballo del odio sembrado a mansalva, se escucha una "solución novedosa": cada ciudadanx un arma.
Si los derechos no se pueden universalizar, democratizamos las armas, para que la justicia se derrame como sangre por las escuelas y calles del país.
En la Argentina estamos acostumbrados a apelar por garantías para condiciones de vida dignas, pleno empleo y educación pública de calidad.
Pero más allá de esta expresión absurda, a la que con seguridad no dan crédito ni quienes votan a Milei o Bullrich, resulta llamativo que desde los poderes republicanos, desde las asociaciones empresarias (o desde el "círculo rojo" que parece volcado a la conspiración antidemocrática permanente), no tengan nada que decir.

Nunca más lejos, la casta empresarial y sus aliados judiciales y mediáticos, de una visión esperanzadora del futuro.
La seguridad es una demanda popular, ningún gobierno se puede hacer el distraído, en la Argentina, a diferencia de ciertas potencias del norte que apuestan a la ley del más fuerte, estamos acostumbrados a apelar a garantizar condiciones de vida dignas, pleno empleo y educación pública de calidad.
Y allí existe un punto que no se percibe, la ausencia de políticas públicas que acompañen a la inversión en seguridad con campañas de educación popular en las que el valor de la vida, el respeto al prójimo, y la vocación solidaria del esfuerzo común, sean una bandera social irrenunciable.
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