El bienestar integral de las infancias
Una sociedad que no se preocupa por asegurar que sus niños, niñas y adolescentes crezcan rodeados de los cuidados, afectos y recursos necesarios para llevar una vida digna corre el riesgo de hipotecar su futuro.
En la actual coyuntura que atraviesa el país, es necesario que tanto las instituciones públicas como las familias y la propia comunidad articulen esfuerzos para fortalecer la protección de los chicos.
La semana pasada, en una visita que realizaron a NORTE, los abuelos del niño Lucio Dupuy (el pequeño fallecido en noviembre de 2021, víctima de violencia, y cuyo caso derivó en la sanción de una ley nacional que lleva su nombre) advirtieron que "el Estado está en deuda con los niños". En rigor, la afirmación la hizo el abuelo del pequeño, Ramón Dupuy, quien llegó a la ciudad de Resistencia junto a su esposa, Silvia Gómez, para brindar una charla en la XII Feria del Libro Jurídico. Esa charla, precisamente, se denominó "Ley Lucio: prevención y detección temprana de violencias contra niños, niñas y adolescentes", y fue todo un llamado de atención sobre la necesidad de asegurar a los más pequeños un entorno saludable y de buen trato, para que puedan crecer libres de cualquier forma de violencia, abuso, explotación, negligencia, discriminación y trato cruel, inhumano o degradante.
Es importante recordar que la de una ley nacional que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso que conmovió a la opinión pública -el del niño de cinco años, Lucio Dupuy, asesinado a golpes en la provincia de La Pampa-, es un punto de partida para trabajar en la efectiva protección de las infancias. Es que los primeros años de vida son una etapa clave para el desarrollo de las personas, de ahí la importancia que tiene la protección de los derechos fundamentales de los más pequeños.
La sociedad argentina atraviesa actualmente una coyuntura económica y social con niveles muy altos de pobreza que golpea principalmente a niños, niñas y adolescentes. Se estima que más de la mitad de ellos vive en hogares que no tienen recursos materiales suficientes para asegurar el cumplimiento de los derechos más elementales. Partiendo de esa base debe reconocerse, entonces, la imperiosa necesidad de sumar iniciativas y esfuerzos para garantizar el bienestar de los más vulnerables. La Ley Lucio tiene como objetivo prevenir la violencia y abuso en la infancia y también crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Algo similar a lo que ya se aplicó con la Ley Micaela en materia de género y la Ley Yolanda, para cuestiones relacionadas con la defensa y la protección del ambiente.
Volviendo a la Ley Lucio, es importante destacar que este nuevo marco normativo habilita también la capacitación para integrantes de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales. Por otra parte, debe señalarse que a nivel local la Cámara de Diputados del Chaco aprobación la ley N°214/2023 que establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y prevención temprana en contextos de vulneración de niñas, niños y adolescentes, en la administración pública en las tres esferas del Estado provincial, mediante la adhesión al Plan Federal creado por la llamada Ley Lucio. Es de esperar, además, que se impulsen campañas de concientización y capacitación de profesionales de las distintas disciplinas para promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Lo que se necesita, en definitiva, es un compromiso constante de todos los sectores para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, porque ellos son el futuro de nuestra sociedad. Y para que ese futuro no sea peor que nuestro difícil presente hay que garantizar hoy que ningún niño se sienta desprotegido e inseguro. Para ello, nada mejor que cumplir con los principios básicos de la Convención de los Derechos del Niño, tratado internacional que desde 1994 en la Argentina tiene rango constitucional y que, entre otras cosas, establece que todos los menores de 18 años tienen derecho a recibir una adecuada protección y también las atenciones que aseguren su bienestar integral.
