CARTAS DE LECTORES

Trata de personas, violencia e indiferencia

Señor director de NORTE:

La violencia aparece como una de las cuestiones más preocupantes de nuestro país, la región y gran parte del mundo en tanto genera muertes, heridas psicológicas, daños materiales y sociales, provoca inseguridad, temor, aislamiento, desconfianza recíproca, entre otras consecuencias. 

Se manifiesta como criminalidad en asaltos, homicidios, violaciones, secuestros, abusos de todo orden, pero también está presente en los lugares donde el ser humano debería sentirse y estar más protegido: en los hogares y en las escuelas. 

Aparece asimismo en las instituciones estatales o privadas, como persecución ideológica, acoso laboral de todo tipo, coacción, manipulación y exclusión.  Afecta así de múltiples maneras a los ciudadanos concretos y a toda la sociedad. 

La violencia tiene como consecuencia evidente la vulneración de las personas, en particular los más débiles y, de todos aquellos que sufren de diversos modos, hay que considerar en particular a las víctimas de la trata de personas ya que el 30 de julio es la Jornada internacional contra la trata de personas. 

En la práctica de la trata se dan muchos modos concretos que, con evidente injusticia, golpean tanto en su integridad física como psicológica y personal, sobre todo a mujeres y niños, afectando al mismo tiempo al conjunto social. 

En primer lugar, no hay vulneración en un individuo que no repercuta en la sociedad, ya que no es un ser aislado sino un miembro de la trama; y en segundo lugar, porque la trama es la que, en muchos casos, no sólo permite sino fomenta esta vulneración a través de praxis "toleradas pasivamente" o más bien "aceptadas" como válidas.

    La trata de personas está considerada un delito a nivel internacional sobre todo a partir del Protocolo firmado en Palermo (Italia) en el 2000, y que lleva el largo título: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

  El Protocolo surge justamente de la preocupación por la falta de un instrumento que proteja a las personas más vulnerables y señala en el artículo 2 la finalidad de "prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños".

  En el artículo 3 aparece definida la trata de personas, lo que incluye todos los medios (captación, traslado, etc.) y también los modos en que se efectiviza, tales como la coacción, el rapto, fraude, abuso de poder o de situaciones de vulnerabilidad económica, el pago de beneficios, y cuyo fin es siempre la explotación.

 También se señala que el consentimiento dado en estas condiciones no tiene validez, y asimismo que en el caso de los niños, aun cuando no se recurra a la coacción o persuasión, se considerará "trata de personas", entendiendo por niño a toda persona menor a 18 años.

  En estos artículos aparece clara la consideración ética que exige en todos los casos la plena libertad y conciencia para que un consentimiento tenga validez. 

Las investigaciones que se realizan sobre la trata y el tráfico de personas, en tanto ambas se combinan con el mismo fin, muestran en general la instrumentalización de las personas a través del fraude a partir de situaciones de extrema pobreza, ya que se ofrecen trabajos dignos y bien remunerados en el extranjero. Justamente la pobreza de los países latinoamericanos y del Caribe los hace más vulnerables, aunque no los únicos. 

En muchos casos, son los propios padres quienes instrumentalizan a sus hijos ofreciéndolos a la venta con fines de prostitución infantil. En otros casos la prostitución aparece para las niñas como el único modo de supervivencia bajo la supuesta protección de adultos a quienes llaman "el ángel". 

En el Protocolo también se aclara que no toda explotación es sexual, en tanto también lo son los trabajos forzados (trata laboral) y prácticas análogas a la servidumbre o aun más la extracción de órganos. El trabajo infantil es permanentemente denunciado y sin embargo no se logra combatir eficazmente.

   Ahora bien, el Protocolo atiende estos delitos cuando son de carácter transnacional y entrañan la participación de grupos delictivos organizados, por lo cual los Estados firmantes deben sancionar leyes que se apliquen a nivel nacional, en nuestro caso la ley 26.364/2008, la ley 26.842/2012 y la ley 27.046/2014 (que señala la obligación de difundir que la trata es un delito y promueve que sea denunciado).

   Quizás lo más destacable del Protocolo, además de la Protección de las víctimas, enunciada en el punto II, sea el compromiso de Prevención de la trata desarrollado en el punto III, art. 9 y sus incisos 2, 4, y 5. En él se establece especialmente la cooperación bilateral o multilateral, no sólo para mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas vulnerables a la trata, sino también la adopción de medidas legislativas o educativas, sociales y culturales a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación.

  En este punto, es necesario remarcar que operan en algunos casos con poca conciencia de los individuos en su praxis habitual concepciones antropológicas erróneas, o "ideológicas" en un sentido amplio, en tanto se presentan con una pseudovalidez y una persuasión suficientes como para conducir a una tolerancia pasiva sin cuestionamientos. 

Se puede decir que llegan a formar parte de la pre-comprensión del mundo conformado por la economía de consumo globalizada, sobre todo a través de los medios de comunicación masivos y por tanto las redes, aprovechando "creencias" que no permiten o admiten críticas ni autocríticas y de esa manera tratan de evadir la responsabilidad por las propias acciones. 

Es decir que, mientras se siga afirmando que la prostitución es un modo de trabajo, o "profesión" que satisface ciertas "necesidades", se toma una posición de indiferencia y se admite la promoción y la práctica de la misma y no se tiene en cuenta la vulneración que implica. 

   El ser humano es una unidad, y su dimensión corpórea no es independiente de lo emocional, de la humillación que significa el ser tomado como objeto, como cosa para el placer de otro a partir de las necesidades económicas. 

No se puede ignorar el mercado que se genera, el secuestro y los abusos, y aún más actualmente, con la promoción de la pedofilia en muchos países que buscan legalizarla o en los cuales ya está admitida. 

Asimismo, la misma pornografía, a la cual son sometidos millones de niños y también adultos. Es curioso que se afirme en las redes que son personas que eligen este modo de vivir, para remarcar la "libertad" y librar a quienes consumen de la culpa o responsabilidad por ser parte del mercado.

  Crecer es madurar la propia conciencia moral, ser capaz de ver, de reconocer al otro como aquel que es humillado y sufre violencia, y hacer una crítica de las prácticas sociales y personales que vulneran, superando la indiferencia, el dar vuelta la cara para no ser afectado por el sufrimiento que genera la trata en todas sus formas, en especial en los niños.

María Elena Radici

Resistencia

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Publicidad política, la obscenidad"al palo"

Señor director de NORTE:

La cartelería que se observa en las calles de Resistencia y sus aledaños promocionando campañas políticas, de hecho, que no resultan una novedad si no fuera por algunas en particular debido a su voluminosidad y localización en una vasta zona de la ciudad.

 Da la casualidad de que la mayor cantidad de propaganda se refiere a candidatos del partido oficialista para cargos municipales y provinciales. 

De hecho que el dinero de semejante despliegue que rondan la obscenidad tiene un costo que, seguramente, no todas las agrupaciones políticas están en condiciones de solventar, otras por el contrario, hacen gala de un despliegue propagandístico con inversión de recursos que parecen ilimitados. 

Basta observar a una candidata a intendenta de la ciudad, presidente actual del Poder Legislativo, que previo a la campaña electoral promocionó su figura como presidente del cuerpo como hacedora principal de leyes y realizaciones con abundante cartelería por las arterias principales, propaganda en medios escritos y televisivos sin cuestionamiento alguno. 

Así, si usted recorre la avenida Sarmiento conectando con la Nicolás Avellaneda hasta la rotonda de Corrientes, se pueden observar una seguidilla de carteles publicitarios de esta candidata, (doce en total), cuyos costos no son para cualquier bolsillo ya que aproximadamente sumarían un total de $ 60.000 mensual de alquiler por cada uno y más de $ 200.000 de confección y tal vez me quede corto. 

 Los candidatos oficialistas que hoy ocupan cargos tampoco le van en saga, basta ver la cantidad de inauguraciones, supuestas realizaciones, publicitada en medios gráficos, televisivos y cartelería que ya aburren por lo repetitiva y por el tiempo en el que se realiza que excede largamente el período electoral.

 Esta obscenidad publicitaria política resulta sumamente particular por la coincidencia de que las demás fuerzas políticas, que no están en el poder, deben adaptarse seguramente a la realidad de sus recursos, mientras que las oficialistas hacen una presentación, re obscena de recursos con el respaldo seguramente de la llamada "pauta publicitaria" que nadie sabe cuánto es, nadie controla ni para qué se utiliza, lo único que es seguro es que son recursos públicos de la provincia, caso contrario cabe preguntarse de dónde salen esos recursos ilimitados de los candidatos oficialistas.

¿No hay una reglamentación que regule la utilización de fondos para las campañas políticas?

 Seguramente los lectores estarán concluyendo en que los fondos tan generosamente gastados no salen de los bolsillos de los candidatos ni de los aportes voluntarios a sus partidos: ¿de dónde saldrán en entonces?

Lo asombroso es que la oposición parece conforme con esta realidad porque no hacen notar su descontento, no investigan ni solicitan participación de los organismos de control, salvo que cuando ellos sean oficialismo harán lo mismo, por eso callan. 

En definitiva, son preguntas e interrogantes que la ciudadanía debería plantearse dado que esta obscenidad en el despliegue de recursos, nos debería llamar la atención y solicitar las explicaciones del caso que justifiquen transparencia. La sociedad estará agradecida.

HUGO F. CORREANI

DNI 7.686.532

Resistencia