Derechos políticos de las personas con discapacidad
Lo que se entiende por discapacidad no es un concepto estático, sino que evoluciona.
Así lo señala la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que observa que las diversas discapacidades deben ser consideradas una característica más dentro de la diversidad de la población.
Aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 2006, la Convención a la que se hace referencia marcó un antes y un después en el abordaje de los distintos asuntos relacionados con la discapacidad, reconociendo que se está frente a un concepto que es, ante todo, dinámico y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Pero a pesar de que ya pasaron 17 años desde que las Naciones Unidas aprobaron ese instrumento internacional de derechos humanos, destinado a garantizar y proteger la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, no deja de sorprender que todavía hay voces que los consideran como ciudadanos de segunda clase. Y lo que más preocupa es que esas voces pertenezcan a candidatos de un partido político que aspiran a ocupar cargos electivos, como es el caso de Lucas Luna, precandidato a diputado en el Parlasur por La Libertad Avanza, quien expresó que "nadie quiere votar a un discapacitado", haciendo referencia al dirigente Franco Rinaldi, que integra la lista de precandidatos a legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el PRO, que tiene una patología denominada osteogénesis imperfecta, un trastorno por el cual los huesos se fracturan con facilidad, lo que obliga a la persona a movilizarse en silla de ruedas. Pero, además, también está el caso de la candidata a intendente por la Ciudad de Córdoba, también de La Libertad Avanza, Verónica Sikora, que cuestionó al senador Luis Juez por llevar a su hija con discapacidad al acto eleccionario que se realizó el domingo pasado en la provincia mediterránea. La respuesta de Juez no tardó en llegar. Tras explicar que era la primera vez que su hija, de 22 años, figuraba en el padrón electoral y que fue su primer voto, el dirigente cordobés dijo que su familia se sentía orgullosa "de acompañarla a la escuela para poder votar, para que pueda ejercer su derecho constitucional de elegir y de ser elegida".
Frente a estas situaciones no está de más recordar que el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que los Estados partes "garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás" y se comprometerán a que "puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas". Por otra parte, cabe señalar también que nuestro país adhirió a esa Convención Internacional y su protocolo facultativo mediante la sanción, en mayo de 2008, de la ley 26.378.
En la mayoría de los países ha evolucionado la mirada sobre la discapacidad en muchos aspectos y se considera que el origen de la misma obedece más a causas sociales que a físicas o biológicas. Se debe reconocer, por cierto, que ese cambio de perspectiva se debe, en gran medida, al trabajo que hicieron las propias personas con discapacidad y las organizaciones no gubernamentales que defienden sus derechos para poner en evidencia que son las barreras sociales, culturales, arquitectónicas y burocráticas, entre otras, las que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. Por eso es lamentable que algunas personas continúen con una visión cargada de prejuicios sobre la discapacidad y que ignoren que con cada vez más las sociedades que incorporan un cambio de paradigma en el enfoque sobre la discapacidad que, además de proclamar el derecho de participación política de todas las personas con discapacidad, reconoce su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.
