La privatización de conflictos armados

Si bien el fenómeno no es nuevo, el empleo de empresas de seguridad privada que asumen tareas que en los Estados modernos deberían estar exclusivamente en manos de sus fuerzas armadas vuelve a ser objeto de debate luego de que el millonario ruso Yevgeny Prigozhin, propietario del Grupo Wagner -empresa de paramilitares que apoyó a las fuerzas armadas rusas en la invasión a Ucrania- amenazara con avanzar hacia Moscú con 25.000 hombres. Según Prigozhin, esa decisión se adoptó tras comprobar que el Ministerio de Defensa ruso ordenó atacar un campamento de su compañía, provocando bajas entre sus filas.    

El Comité Internacional de la Cruz Roja fue una de las primeras organizaciones humanitarias que alzó su voz para alertar sobre el empleo de empresas militares y de seguridad privadas a las que se les paga para que lleven a cabo tareas que tradicionalmente correspondían a las fuerzas armadas. En ese sentido, la organización señaló que la participación de estas empresas en conflictos armados plantea diversas cuestiones relacionadas con la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué consecuencias pueden tener las contrataciones de estos grupos paramilitares en materia de seguridad y derechos humanos? La pregunta se reitera entre organismos de Derechos Humanos de todo el mundo, que coinciden en que el uso de la fuerza sólo puede ser legítimo si está en manos de los Estados.

Pero la denominada "privatización de la guerra", en realidad, es un fenómeno de larga data. Algunos historiadores citan el caso de los condotieros que, desde finales de la Edad Media y hasta mediados del siglo XVI, ofrecían sus servicios como mercenarios a las ciudades estado de Italia, luego de la firma de un contrato entre el jefe de las milicias y el Estado que demandaba esa ayuda. Por otra parte, en su libro "Todo es un arma", el escritor británico, Mark Galeotti, enumera la presencia de mercenarios en conflictos del mundo antiguo y explica que, en la actualidad, el empleo de milicias privadas es una de las características de lo que llama "una nueva era de conflictos permanentes de baja intensidad". Pero así como la participación de contratistas en guerras entre dos naciones no son exclusivas de estos tiempos, tampoco lo es de la Rusia de Vladimir Putin. También Estados Unidos y el Reino Unido han apelado a la ayuda de organizaciones paramilitares privadas para cumplir tareas de todo tipo, que van desde apoyo logístico, vigilancia en áreas de alta seguridad y operaciones de inteligencia. Según los expertos, estas empresas privadas ofrecen "personal altamente calificado", incluso para las misiones de mayor riesgo y, por lo general, sus tropas están conformadas por ex militares que reciben, a cambio de sus servicios, importantes sumas de dinero que multiplican varias veces lo que cobran los soldados de los ejércitos regulares, como ocurrió en los conflictos de Afganistán (2001) e Iraq (2003), donde empresas militares y de seguridad privada asumieron múltiples tareas.  

El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que, en particular, en relación a estas empresas lo que más preocupa es la opacidad de todo aquello que tiene que ver con obligaciones y derechos que tienen las mismas, así como las obligaciones que tienen tanto el personal que integra sus filas como los Estados que contratan sus servicios. "La posición de las empresas y su personal no es clara. Los actores no estatales están vinculados por el Derecho Internacional Humanitario durante un conflicto armado si son partes en el conflicto o cuando realizan actos relacionados con éste. Las empresas militares y de seguridad privadas pueden, en general, no ser partes en el conflicto, pero es probable que sus empleados, como individuos y en función de sus papeles y actividades respectivos, estén vinculados por el conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados", observa la Cruz Roja Internacional en un documento en el que aborda esta cuestión y que, a la luz de los hechos ocurridos en Rusia con el Grupo Wagner, debería ser objeto de regulaciones para evitar violaciones a los derechos humanos.