Piden mejorar situación laboral de quienes atienden casos de abuso
La unidad de protección integral funciona con personal contratado y salarios muy bajos. El área comenzó a atender en 2012.
La falta de estabilidad laboral, un edificio con accesibilidad y disponer de transporte para visitas domiciliarias son las necesidades de la Unidad de Protección Integral (UPI) de Villa Ángela.

Hay varias oficinas en la provincia y dependen del Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo de la institución se describe con un concepto amplio: actuar en caso de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
INTERDISCIPLINARIO
Los integrantes de cada UPI abordan un aspecto sensible: trabajar en las instancias posteriores a una denuncia por abuso que llegan de todas las instituciones dedicadas a las infancias. En el plantel hay psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y abogados que cumplen una jornada laboral de cinco horas diarias, incluyendo guardias nocturnas durante todo el año.
BAJOS SALARIOS
‘Hay personal contratado que cobra salarios muy bajos; en 2012 pagaban $1.000 y ahora $50.000‘, describió Mara Montenegro, integrante del Plenario de las Trabajadoras, del Partido Obrero.
La trabajadora social contó a NORTE que la institución funciona mal desde que se habilitó el haber es una beca que se renueva periódicamente; no cuentan con obra social, ni seguridad laboral, ni aportes jubilatorios, y está muy lejos de actualizarse con los datos de la inflación.
TAREAS DIARIAS
Montenegro describe que en un momento hubo un medio de transporte de uso institucional pero faltaba que alguien se encargue de conducirlo y que el vehículo tenga el combustible y esté en condiciones.
Hoy los trabajadores tienen que cumplir las visitas a domicilio caminando, en bicicleta o usando su moto, sin que les reconozcan gastos ni combustible.
LA SEGURIDAD
Otra observación apunta a momentos de exposición a peligros. ‘Cotidianamente se enfrentan situaciones de vulneración de derechos de las infancias y las adolescencias en las que no se tiene una respuesta para la familia o a las propias víctimas. En visitas a barrios falta acompañamiento de seguridad. A veces los trabajadores se ponen en riesgo‘.
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