Política carcelaria: advierten que no alcanza con construir más celdas

El habeas corpus otorgado a favor de personas que están detenidas en comisarías por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco reavivó el debate sobre la política carcelaria provincial y el estado de la infraestructura.

NORTE dialogó con el presidente de Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, Kevin Nielsen, sobre las medidas que se deben tomar para que se termine el hacinamiento de detenidos en comisarías y cárceles.

"El Superior Tribunal ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia la presentación de un plan de readecuación de la política penitenciaria. Si bien esto significa explicar de qué manera van a trasladar a los 280 condenados de comisarías al servicio penitenciario (que actualmente no tiene cupos funcionales), esto debe ser entendido en el sentido de un verdadero plan de política criminal y por lo tanto involucrar su dialogo con los tres poderes del Estado", indicó.

"La ampliación de 800 plazas es solamente parte de una respuesta que tiene que estar en contexto de un plan de racionalización del encarcelamiento, caso contrario todo esfuerzo presupuestario del Poder Ejecutivo en la ampliación de plazas va a ser en vano", comentó.

"Se requiere, por ejemplo, el tratamiento por la Legislatura de los proyectos de ley de modificación de la prisión preventiva y la creación de las oficinas judiciales para lograr celeridad en la celebración de audiencias, ambos proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo en su momento", dijo.

"Además hay que avanzar en la implementación de audiencias orales en la etapa de ejecución de condena, la puesta en funcionamiento de las defensorías de Ejecución Penal, entre otras. Es por esta responsabilidad multiagencial que el Superior Tribunal también se instó a que se reanuden las mesas de diálogo inter poderes que vienen funcionando desde el 2016", determinó.

Nielsen también mencionó que está en proyecto la construcción de dos grandes módulos en el terreno del Complejo Penitenciario 1 de Resistencia, pero aún se contaría con el financiamiento.

El funcionario detalló que "el Superior Tribunal de Justicia ordenó el traslado porque los condenados no pueden acceder a los derechos que contempla la Ley de Ejecución Penal. Es decir, el tratamiento penitenciario en miras a la resocialización".

"Pero también por fuera de los condenados, hay una violación estructural a los derechos humanos de todos los detenidos en comisarías. En reiteradas oportunidades los tribunales inferiores se expedición en relación a todos los detenidos al resolver habeas corpus", manifestó.

"El 52% de los detenidos duermen en el suelo por no tener camastros. La policía debe readecuar oficinas sin condiciones por conflictos entre detenidos que no pueden convivir y que no tienen aceptación en ninguna unidad policial", reflejó el funcionario.