La protección de la infancia
El futuro de nuestro país depende, en gran medida, del compromiso de todos los sectores de la sociedad para asegurar que los niños, las niñas y los adolescentes crezcan con los cuidados, afectos y recursos necesarios para llevar una vida digna.
Las familias, la comunidad y las instituciones del Estado deben sumar esfuerzos para promover sistemas eficaces de protección a los chicos.
La reciente sanción de una ley nacional que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso que conmovió a la opinión pública -el del niño de cinco años, Lucio Dupuy, asesinado a golpes en la provincia de La Pampa-, sienta las bases para que, como sociedad, podamos avanzar en la protección de las infancias. Como todos sabemos, los primeros años de vida son una etapa clave para el desarrollo de las personas, de ahí la importancia que tiene la protección de los derechos fundamentales de los más pequeños. Según el historiador francés Philippe Aries, la infancia es, en realidad, un concepto imaginado por la sociedad moderna. En su libro "El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen" publicado en 1960, sostiene, entre otras cosas, que antes del siglo XVII los niños eran representados como pequeños adultos, al menos en Europa. De todos modos, también es cierto que los registros que se tienen de las primeras comunidades humanas revelan que, en general, desde tiempos inmemoriales siempre han existido distintas formas de protección para los niños en las distintas culturas.
Nuestro país atraviesa una difícil coyuntura económica y social con niveles muy altos de pobreza que golpea con dureza niños, niñas y adolescentes. Se estima que más de la mitad de ellos vive en hogares que no tienen recursos materiales suficientes para asegurar el cumplimiento de los derechos más elementales. Partiendo de esa base queda claro entonces que de ahora en más hay que redoblar los esfuerzos para generar un mayor bienestar en estas infancias y en sus familias.
La sanción de la ley nacional mencionada, también conocida como Ley Lucio, tiene como objetivo prevenir la violencia y abuso en la infancia y también crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Un aspecto de la norma que vale la pena destacar es que la capacitación prevista también puede hacerse extensiva a organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales. Es de esperar, entonces, que se cumpla con lo que establece la norma y, al mismo tiempo, que la ciudadanía tome conciencia de lo mucho que falta por hacer en materia de desarrollo infantil. Como se ha señalado en otras oportunidades en esta misma columna, hay que lograr además que ningún adolescente quede al margen del sistema educativo y que se adopten las medidas necesarias para que ese segmento de la población tenga garantizado el acceso a los servicios de salud. Por supuesto que no es menos importante el acceso a una alimentación diaria saludable, sin olvidar que la salud mental es tan importante como la salud física. Pero, como ya lo señalamos en reiteradas oportunidades, hay que ser realistas: si bien los marcos normativos sirven para regular el comportamiento de los ciudadanos y son necesarios para ordenar la convivencia en la sociedad, no siempre son suficientes para evitar violaciones a los derechos fundamentales. En el caso de la protección de las infancias, es necesario un compromiso constante de todos los sectores de la comunidad para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, porque ellos son el futuro de nuestra sociedad. Y para que ese futuro no sea peor que nuestro difícil presente hay que garantizar hoy que ningún niño se sienta desprotegido e inseguro. Para ello, nada mejor que cumplir con los principios básicos de la Convención de los Derechos del Niño, tratado internacional que desde 1994 en la Argentina tiene rango constitucional y que, entre otras cosas, establece que todos los menores de 18 años tienen derecho a recibir una adecuada protección y también las atenciones que aseguren su bienestar integral.
