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CREACIÓN DE NUEVAS DEPENDENCIAS Y DESTINOS ESPECÍFICOS PARA RECURSOS SECUESTRADOS

Una nueva ley provincial busca mejorar la estructura judicial contra el negocio narco

El objetivo es descentralizar la red institucional que hoy combate el narcomenudeo y el microtráfico de drogas ilícitas en el chaco.

En una de sus últimas sesiones la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modifica cinco artículos de la Ley 2304-N, creando así nuevas herramientas para la Fiscalía Antidrogas y la División Narcomenudeo.


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Roberto Acosta, diputado del PJ y autor de la iniciativa que busca reforzar a la justicia y a la Policía provinciales.

"Es para contribuir a mejorar su desempeño en la lucha contra el microtráfico", dijo el autor de la iniciativa, el diputado justicialista Roberto Acosta. Una de las medidas es crear en Sáenz Peña, y dentro del fuero contra el narcotráfico, un Juzgado de Garantías con competencia prioritaria en los delitos de microtráfico, dos Fiscalías de Investigación Antidrogas y una Defensoría Oficial.

DESCENTRALIZACIÓN

Acosta explicó a NORTE que ello "permitirá descentralizar el trabajo que actualmente recae en las dos Fiscalías Antidrogas que tiene la provincia".

Además se habilita a la justicia provincial a realizar medidas urgentes en caso de que las causas y operativos lo demanden, con el objetivo de cuidar las pruebas e individualizar a los autores y participes hasta su traspaso al fuero federal.

Otra de las cláusulas introducidas establece que el 30% del dinero secuestrado en cada operativo se destinará a reforzar áreas que combaten al negocio narco, como la Dirección de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco. El 70% restante será destinado a la asistencia, acompañamiento y rehabilitación de las víctimas.

En relación a aquellos bienes secuestrados que pudieran deteriorarse, como vehículos o inmuebles, se los otorgará en carácter de ‘depositario judicial‘ a los organismos competentes dentro de la ley, como el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Judicial Provincial, la Policía de la Provincia.

También podrán ser destinados a organizaciones o asociaciones sin fines de lucro que trabajan en la prevención y erradicación del consumo problemático de drogas, así como centros de rehabilitación. "Debemos fortalecer a un Estado que en el territorio debe estar más presente que nunca", marcó Acosta en cuanto al sentido de la ley.

Doce personas para 950 causas

El diputado Roberto Acosta marcó la importancia de reforzar la estructura judicial contra el avance del narcotráfico, por la dimensión del problema y lo pequeño de la trama institucional que se destina a combatir ese negocio.

"Actualmente hay en trámite 950 causas en el fuero de antinarcomenudeo, que tiene solo dos fiscales, y cada fiscal tiene a cargo solamente un secretario, un prosecretario y tres empleados administrativos. Es decir que cada fiscalía cuenta con apenas seis personas para trabajar en las seis circunscripciones judiciales de la provincia y para atender, en estos momentos, 950 causas", comentó el legislador a NORTE.

REFORZAR EL ACCIONAR

Acosta dijo que por eso presentó la iniciativa que busca reforzar esa estructura. "Hay un solo ayudante fiscal por cada circunscripción, que no tiene personal, ni vehículo oficial, ni viáticos. Es decir que ante un operativo se tiene que mover por sus propios medios. Entonces la pregunta es: ¿Realmente le vamos a dar lucha al narcotráfico, que cada vez cuenta con una mayor estructura?", planteó.

En paralelo, rescató que "más allá de las falencias y de la existencia de casos de personales desleales, hay gente muy laburadora y que se expone todos los días. El sistema debe ser fortalecido", remarcó.

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