Que el remedio no sea peor que la enfermedad

Según la información oficial que difunde el gobierno de El Salvador, la tasa de homicidios en ese país ha caído a niveles mínimos gracias al plan de "mano dura" contra las bandas criminales que aplica el presidente Bukele. La gran mayoría de las personas que viven en los barrios populares de esta pequeña nación de América Central también comparten esa percepción y es por eso que la imagen positiva del polémico mandatario se mantiene, prácticamente en todos los sondeos, por encima del 80 por ciento. Pero si se acerca un poco más la lupa al escenario salvadoreño se puede observar que detrás de la lucha contra las maras (como se conoce a las organizaciones criminales) hay un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y que lleva más de un año. Esta política ha dado lugar a detenciones arbitrarias y la suspensión del derecho de defensa de los detenidos. Es más, debido a que el año que viene se celebran elecciones presidenciales en El Salvador, todo indica que la suspensión de las garantías constitucionales podría extenderse hasta la celebración de los comicios, con todo lo que eso implica para quienes se oponen o cuestionan las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Bukele. Son cada vez más las voces que advierten que las medidas que aplica el mandatario en su lucha contra las organizaciones criminales en principio puede arrojar resultados que impactan favorablemente en la población, pero que a largo plazo puede demostrar que el remedio es peor que la enfermedad. Una de esas voces es la de la organización Human Rights Watch que, a través de un informe, alertó que actualmente en El Salvador están suspendidos los derechos constitucionales a la libertad de asociación y reunión, a la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado sobre el motivo de una detención y a la representación legal, y el requisito de presentar a cualquier persona detenida ante un juez en las 72 horas posteriores a su detención.

Otra figura pública que cuestionó las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien explicó que en la ciudad de Bogotá se logró reducir las tasas de homicidios "no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre". Por otra parte, las voces críticas al modelo de Bukele advierten que las cifras sobre la baja en la criminalidad son manipuladas y forman parte del gran aparato publicitario que montó el gobierno salvadoreño para mostrar a través de las redes sociales imágenes de gran impacto en la opinión pública como es el traslado masivo de detenidos a la mayor cárcel de seguridad que existe en América Latina y el Caribe y que fue bautizada con el nombre de Centro de Confinamiento del Terrorismo.

Por su parte, la organización Amnistía Internacional denunció que, en el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas murieron bajo tutela del Estado.

"Las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia", advierte Amnistía Internacional, tras señalar que el actual estado de excepción representa una amenaza para la democracia en el país centroamericano.

Las acciones contra las organizaciones criminales sólo se justifican si se concretan en el marco de lo que establece la Constitución. Se debe evitar, siempre, que el remedio sea peor que la enfermedad.