Nueva Pompeya

Justicia chaqueña: habrá servicio de emergencia remoto hasta que cese la escalada de violencia

Desde el Superior Tribunal de Justicia indicaron mediante un comunicado emitodo este domingo que las actividades presenciales en el edificio de Misión Nueva Pompeya, así como los términos y audiencias, fueron suspendidos desde el 5 de marzo hasta tanto las autoridades competentes "garanticen plenamente la seguridad e integridad física de las personas y de las instalaciones y pueda asegurarse el funcionamiento normal del Poder Judicial".

5 de Marzo, 2023

Captura de pantalla de los enfrentamientos registrados este domingo entre miembros de la comunidad wichí y las fuerzas de seguridad.

La resolución 128/23 dispone, además, garantizar un servicio de emergencia y trabajo remoto para las autoridades constituidas y las que se constituyan tal lo establecido por la resolución 1.000/2016 (interviniendo magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias de Juan José Castelli si fuera necesario), junto con las medidas que tomen Procuración General y Defensoría General.

Preocupación por los hechos y pedido al procurador general

En otro pasaje el STJ expresó su "preocupación por los hechos" que ocurren en Misión Nueva Pompeya y requirió "a las autoridades competentes la continuidad y el refuerzo de las acciones tendientes a garantizar la seguridad e integridad física del personal y de las instalaciones y bienes del Poder Judicial, como así también de la ciudadanía en general".

📄 Descargar Resolución128/2023.pdf

Al mismo tiempo instó al procurador general a que inicie las actuaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de los autores de los hechos.

Designan autoridades que trabajaran en forma remota

Desde el máximo órgano de la justicia chaqueña aseguraron que prestarán funciones en forma remota en dicha localidad las siguientes autoridades judiciales: Marcelo Oscar Sosa, juez; Raquel Maldonado, fiscal de investigaciones; Carlos Calvo, fiscal coadyuvante y Marisa Grabosky, defensora oficial.

Así quedó lo definió el Superior Tribunal de Justicia del Chaco mediante la resolución 129/23 en virtud de lo dispuesto por el punto tres de la resolución 128/23 y lo informado por Procuración General y Defensoría General.