Amnistía Internacional: FFAA hicieron "uso excesivo" de armas letales 

   La directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, afirmó que las evidencias fueron recogidas en los últimos días por un equipo de la institución y compartirá con la presidenta Dina Boluarte en una cita el próximo miércoles en el Palacio de Gobierno.

   "AI pone en evidencia que efectivamente que Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de las protestas", dijo en conferencia de prensa.

 En un reporte entregado a periodistas, la organización dijo que desde que estallaron las protestas antigubernamentales en diciembre, el Ejército y la policía peruana han usado "ilegalmente" armas letales "de manera indiscriminada contra la población", principalmente indígena y campesina.

   Perú enfrenta una ola de manifestaciones luego de la destitución del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó de manera ilegal disolver el Congreso. En las protestas se reclama la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y una nueva Constitución.

   El Gobierno ha rechazado cometer abusos para frenar los disturbios y afirma que en las manifestaciones, algunas violentas con la quema de sedes públicas y privadas y la toma de aeropuertos, las fuerzas de seguridad actuaron conforme a ley.

   AI dijo que ha recibido, en una investigación entre el 29 de enero y el 11 de febrero en cuatro regiones del país, reportes sobre 46 casos de posibles violaciones a los derechos humanos y ha documentado 12 casos de muertes por uso de armas de fuego.

 "Se trata de ataques generalizados hacia la población con la intención de castigar y silenciar aquellas personas que ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión y a la salida pacífica", manifestó Guevara Rosas.

   La representante de AI dijo que las protestas fueron en su mayoría pacíficas, aunque hubo ciertos casos de violencia selectiva por parte de algunos manifestantes, incluido el lanzamiento de piedras con hondas y fuegos artificiales.

   Sin embargo, la evidencia disponible indica que la policía y el Ejército dispararon indiscriminadamente y en algunos casos a objetivos específicos, matando o hiriendo a transeúntes, señaló.

   La fiscalía peruana ha iniciado una investigación preliminar contra Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las protestas, en la que incluyó también a parte de su gabinete de ministros.

   AI dijo que ha urgido al Gobierno de Boluarte A "un cambio de táctica" en la gestión de las protestas y  a que ponga fin al uso de la fuerza letal; además pidió a la fiscalía peruana que impulse "con urgencia" las investigaciones de los  posibles responsables de las violaciones a los derechos humanos.  

Macroeconomía

   La agitación social y la crisis política podrían socavar el panorama macroeconómico y generar más presión sobre la posición fiscal de Perú, dijo este jueves la agencia de calificación de deuda Fitch Ratings.

   El déficit fiscal de Perú se redujo a 1,6% del Producto Interno Bruto en 2022, una baja de 0,9 puntos porcentuales frente al año anterior, según datos del Ministerio de Economía.

   La lectura está por encima de la brecha anticipada por Fitch de un 2% y según la agencia podría sostenerse si se cumple la disciplina en las finanzas públicas y los precios de los metales industriales, como el cobre, continúan sólidos este año.

   Sin embargo, la posibilidad creciente de que se extienda la crisis política podría perjudicar la resiliencia fiscal y el panorama para la nota de calificación soberana, actualmente el "BBB", con perspectiva negativa, indicó Fitch.

   "Los recientes eventos son consistentes con nuestra estimación de que este deterioro podría ser difícil de revertir en un periodo previsible hasta fines del 2024", dijo la firma.

   "La crisis ha incrementado la incertidumbre fiscal y podría impactar en la ejecución de gastos de inversión", añadió.

   El Gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte se ha mostrado impotente ante el Congreso cuando intentó adelantar las elecciones generales a este año para aplacar las fuertes protestas y bloqueos.