Por atraso en transferencias, la provincia garantiza ejecución de obras con fondos propios

El gobernador Jorge Capitanich advirtió que la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre recursos coparticipables en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tendrá un primer impacto en la "disminución de transferencias para la ejecución de obras" en las provincias. 

Ayer, en conferencia de prensa, explicó ante la consulta de NORTE que no se afecta el porcentaje de reparto de recursos coparticipables a las provincias "pero sí la distribución" de los mismos. Y reveló que la Nación le adeuda al Chaco unos $4.000 millones por distintas obras de infraestructura con financiamiento nacional, y otros $3.000 millones para la construcción de viviendas. Es decir, entre 7000 millones y 8000 millones son recursos que aportó la provincia para evitar la suspensión de obras con financiamiento nacional y que tienen en este momento falta de transferencias.  

"Nos afecta la decisión de la Corte desde el punto de vista de las transferencias de recursos", dijo, y adelantó en ese contexto: "Propuse al Presidente y al resto de los gobernadores una salida alternativa, que será discutida primero con ellos y luego dada a conocer". 

La distribución de recursos a través de los años 

A propósito de la afectación a las provincias argentinas de la resolución judicial, Capitanich hizo un repaso por la historia de la distribución de los recursos. Así, recordó que la Ley 23.548 que rige a partir del 1 de enero de 1988 expresa en porcentajes cuánto de esos recursos corresponden a la Nación y cuánto a las provincias, y fija el porcentaje para cada jurisdicción. "Ahí no figura la Ciudad de Buenos Aires, porque era municipio. Entonces, se contemplaba Tierra del Fuego y CABA diciendo que lo que recibían en valores constantes en 1987, deben recibirlo a partir de 1988. En 1994 hubo una reforma constitucional pero lo cierto es que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires nunca se convirtió en provincia, independientemente del grado de autonomía por ser Capital Federal", expuso. 

En ese recuento, Capitanich marcó que el 1 de enero del 2003, a partir del decreto 692 firmado en abril cuando era jefe de Gabinete de la Nación, se estableció un mecanismo de flujo financiero para CABA "con un criterio de 1,4% que se retrae de la parte proporcional que le corresponde (de los recursos) a la Nación". Y con respecto a Tierra del Fuego, indicó que cuando se transformó en provincia pasó a formar parte de la cuota-parte que le corresponde a la Nación. 

"(Mauricio) Macri, de manera unilateral, a partir del año 2016 tomó la decisión y le otorgó a CABA el 3,75% de los recursos. Como no hay justificación (en las leyes que  rigen las partidas), después lo bajaron al 3,5%. Años después, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de reducir ese porcentaje, y por ley estableció el criterio de aprobación del convenio celebrado en 2016", recordó Capitanich. 

"Entonces, el 1,4% más el costo de la transferencia del servicio de seguridad (de la Nación a CABA) del 0,92%, hacía que se transfirieran recursos por más del 2% a la Ciudad. La Corte Suprema, de forma antojadiza, dice que no es 3,75% ni 1,4%, sino que le corresponde un 2,95%, sin ningún argumento", apuntó el mandatario. 

Luego, marcó que el máximo tribunal, con su decisión, suspendió la aplicación de una ley sin declarar su inconstitucionalidad, ordenó la acreditación automática de los recursos a través del Banco de la Nación Argentina y estableció el coeficiente en 2,92%. 

Transferencias a la ciudad más rica del país 

En ese contexto, Capitanich advirtió que entre 2016 y 2020, la Nación transfirió a CABA 731.000 millones de pesos más aplicando aquel porcentaje mayor definido por el acuerdo con Macri. "Yo pido que me devuelvan esos recursos", sostuvo. 

Además, marcó que "la Corte unilateralmente, sin ningún tipo argumento, dice que 180.000 millones de pesos más le corresponden este año a CABA". Y habló en ese punto de los argumentos del reclamo del presidente Fernández y de los gobernadores: "La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 213 años, se llevó las rentas aduaneras, reguló la libre navegabilidad de los ríos y planteaba el monopolio del comercio exterior. Se llevó siempre los recursos, porque era el núcleo más poderoso de concentración. Tal es así que, en menos del 1% del territorio, se concentra casi el 40% de la población y en una extensión de 100 kilómetros de distancia de Capital Federal el 57% del empleo privado formal y la radicación del mayor volumen industrial, por una notoria desigualdad". 

Otros beneficios de los que goza el conglomerado porteño son subsidios a la energía y al transporte, y precios de combustibles menores al resto del país (excepto la Patagonia). "A pesar de todo eso ¿más plata le damos ahora?", planteó. Y agregó. "Larreta dice que con esa plata le va a bajar el impuesto a los bancos. Esto es horripilante para todos los que vivimos en el resto del país". 

Po esos motivos para Capitanich "la Corte toma esto con escaso nivel de seriedad, y con parcialidad política". "Es lo que hemos planteado con absoluta rigurosidad", dijo. 

 

La Nación le adeuda al Chaco entre $7000 millones y $8000 millones, que son recursos que está aportando la provincia para evitar la suspensión de obras con financiamiento nacional.

 

Sobre quienes no se sumaron a la firma del pedido de juicio político 

"Si los gobernadores no se sienten agraviados, allá ellos"

En el pedido de inicio del proceso de juicio político firmado el martes por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores peronistas, hubo algunos notorios ausentes, como los mandatarios de Santa Fe, Omar Perotti; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, entre otros. 

Al respecto, Jorge Capitanich respondió ante la pregunta de NORTE: "Es una cuestión que incumbe a cada gobernador. Pero si hay alguien que tiene autoridad moral y política en Argentina para proponer lo que propongo, soy yo", enfatizó, recordando en ese punto que en el Chaco los jueces del Superior Tribunal de Justicia se eligen por concurso de antecedentes, oposición y audiencia pública; y existe el Juicio de Residencia para los funcionarios públicos, con el principio de transparencia y presentaciones de rendición de cuentas.  

"Si los gobernadores no se sienten agraviados por la apropiación ilegal e indebida de recursos por parte de la ciudad más rica del país, allá ellos. Que les expliquen a sus ciudadanos y ciudadanas cuál es su actitud respecto a la defensa de los intereses de cada una de las provincias. Nosotros vamos a defender los intereses en nuestra provincia. Por eso también digo que esto no es una cuestión de Jorge Capitanich como gobernador, sino que es una cuestión que incumbe a la provincia del Chaco, que nos tiene que encontrar unidos a empresarios, trabajadores y dirigentes políticos de cualquier partido, porque nosotros nos vamos (de la gestión), pero esto continua", subrayó. 

Por eso advirtió: "Si permitimos que las injusticias se perpetúen, vamos a lograr que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres". "Creo que es un problema de justicia, equidad y transparencia, y hay un remedio constitucional que prevé el artículo 53 de la Constitución respecto al mal desempeño en las funciones, con el pedido de un juicio político", apuntó. 

Atribuciones e injerencia en otros poderes del Estado 

En el recuento por las motivaciones del pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal, Capitanich resaltó que "la Corte violó el sistema representativo (establecido como sistema de gobierno en el primer artículo de la Constitución Nacional) y dijo a quién le corresponde estar representado en el Consejo de la Magistratura por la Cámara de Diputados, aplicando un criterio inverso al que había sostenido en la Cámara de Senadores". "O sea, conforma el Consejo a su antojo, en el marco de lo que vengo denunciando: el poder económico, mediático y judicial, una corporación que se apropia de un poder no elegido por la voluntad popular para manipular la sentencia y el jury de enjuiciamiento", agregó.  

Recordó en ese punto que el planteo de juicio político contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, es por mal desempeño en sus funciones (artículo 53 de la Constitución Nacional), al declarar inconstitucional la norma que regía al Consejo de la Magistratura desde hace 16 años, por una presentación del Colegio de Abogados de CABA que hablaba del "desequilibro" de composición en ese organismo; y también al restituir "una ley derogada que le permite ser el presidente del Consejo de la Magistratura. 

"En consecuencia, por un lado asume la facultad de legislador para hacer valer una ley que estaba drogada; y por otro lado, adopta una decisión respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una injerencia indebida respecto a la distribución de los recursos en las relaciones financieras intergubernamentales, en una cautelar después de dos años", sintetizó.