CARTAS DE LECTORES

Desalojar campesinos, una perversa costumbre en el Chaco 

Señor director de NORTE:

Por razones que no terminan de explicarse, hay una cultura institucional instalada en algunas capas del Poder Judicial de que a las familias arraigadas a la tierra —de las cuales dependen en gran medida nuestros alimentos— pueden ser arrancadas de la noche a la mañana, por la simple "ausencia de papeles". 

Contrasta con la política del Poder Ejecutivo de brindar seguridad jurídica al entregar la máxima cantidad de títulos a familias de productores. 

El Poder Judicial del Chaco de nuevo aplicando su doctrina de que "los papeles son más importante que el derecho de las personas", esta vez, a través una jueza de Castelli, que ordenó el desalojo de la familia campesina de Teresa Vargas (cuatro mayores y una menor de cinco años) en Pampa Castro en la zona de Castelli (Chaco). Esta jueza, que quizás consumió más de una vez cabritos producidos por esta familia que ahora desaloja, considera que es importante que se "aplique la ley", cuestión y frase al cual todos suscribimos. Pero se olvida que la ley es para preservar y ejercer derechos, no solo UN derecho, si no todos los derechos. 

Que la familia de Teresa esté hace 49 años produciendo en ese campo legal y pacíficamente parece que no genera derechos y  no es importante. 

Que Doña Teresa tenga derechos sucesorios sobre el lugar tampoco importa —porque si le faltan recursos para hacer el ADN no es problema del Poder Judicial— pero sí es un tema en el ejercicio de la Justicia. 

Que haya una menor afectada no me interesa, menos importa al parecer "todo lo plantado e instalado" por Teresa y su familia durante tantos años (vivienda, aguadas, instalaciones variado tipo),  y los numerosos animales menores y mayores del cual subsisten y quedarán condenados a morir al dejarlos sin pasturas ni agua. 

Por eso, esta sentencia judicial que se puede sintetizar en: "Váyanse a la calle" es también notable y paradójicamente una condena a perder todas sus pertenencias, a vivir en la intemperie y a morirse de hambre de una familia completa (cuestiones y derechos no contemplados en la sentencia). 

Una condena que no tendría ni el mayor delincuente, que cuando más si lo condenan, pierde su derecho ambulatorio, pero puede seguir comiendo, teniendo un techo, estudiando y trabajando.

Capítulo aparte es la deuda de políticas públicas que tiene el Poder Ejecutivo (y su mandante y/o monitor Poder Legislativo), con el complejo y empobrecido universo de nuestros agricultores familiares. 

No tener políticas sostenidas de "regularización dominial", ni alertas tempranas de los numerosos conflictos latentes que existen, en riesgo dominial de diversa naturaleza. 

La persistencia del divorcio entre la tenencia de tierras y el desarrollo rural. Sin planes ni metas anuales para el agua, vivienda, conectividad  y energía rural, y de políticas de arraigo en general. Esta ausencia de planeamiento estratégico, como gobierno tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca de estas históricas deudas, que luego el Poder Judicial resuelve tarde y mal,  con estas sentencias que solo ven una parte de la biblioteca judicial. 

Un "Estado presente" implica como mínimo los tres Poderes del Estado, que podrán ser independientes entre sí, pero no pueden arrogarse ser independientes de la sociedad que los creó,  les permitió estudiar y que les brinda el sustento.  

La cuestión tierras y territorios no son pasibles de análisis "por partes" ni "por casos". 

Urge una visión sistémica del problema y un espacio interpoderes estable para su monitoreo y  para fortalecer la capacidad propositiva del Estado y de la comunidad organizada. Abordar proyectos parciales, o solo cuando hay una situación de emergencia, es aceptar que el Estado renuncia a su rol de conducción que le asigna la comunidad, reduciéndose casi a una mera agencia de colocaciones, con frecuencia a una rutinaria "productora de eventos", y cuando más, una especie de empresa de "bomberos para mitigar el fuego en lugares donde se incendia algo…", sin buscar las causas del incendio. 

El pueblo y su ciudadanía más comprometida no se merecen esto, y no están dispuestos a resignarse a esta medianía político – cultural, ni a esta improvisación estructural. 

El Chaco merece más. Siempre.  

JORGE LUIS MIGUELES

DNI 11.801.527

RESISTENCIA