Muy natural
La agenda informativa nacional del fin de semana incluyó –en varios medios- una protesta del Sindicato de Camioneros en el Chaco, más precisamente en Corzuela, donde el gremio organizó una larga protesta contra una empresa local que terminó con las propietarios de la firma tomando la decisión –al menos es lo anunciado hasta ahorade bajar las persianas. En el medio, denuncias de agresiones físicas, amenazas y ataques violentos que no tuvieron una respuesta institucional acorde. Resultado: una veintena de puestos de trabajo perdidos, como si el contexto permitiera darnos ese lujo.
Algo similar ya había sucedido con un corralón de venta de materiales para la Construcción, que este año se había expandido e hizo pie en Resistencia, sumando una sucursal a su casa central en General San Martín. Camioneros bloqueó a la empresa y el dueño acabó optando – como ahora hizo la pyme de Corzuela- por cerrar el emprendimiento, al menos provisoriamente. Más gente sin trabajo.
Todo vale
El caso conocido este fin de semana tiene como protagonista a Transporte Carinelli, una firma con prácticamente un siglo de historia, iniciada por la familia de su propietaria actual, Martha Strus de Carinelli. El conflicto se inició cuando el sindicato que tiene como máximo referente nacional a Hugo Moyano encaró un plan de lucha a raíz del despido de un chofer de la pyme chaqueña.
De acuerdo al relato que la directora de la firma hizo desde sus redes sociales, la acción sindical incluyó el consabido bloqueo –que viene siendo denunciado por pymes de toda la Argentina- que impide mantener la actividad y obliga a la paralización de servicios y ventas.
La situación se agravó cuando Carinelli resolvió despedir a otros choferes que se habían plegado a una huelga que exigía la reincorporación del primer trabajador cesanteado. Fue entonces que el sindicato organizó una caravana que culminó con hechos de violencia filmados por la familia propietaria del negocio. Ellos denuncian que hubo golpes y que hasta sucedió que un hombre sufrió quemaduras por bombas de estruendo arrojadas con toda la intención de ocasionar daños personales.
El gremio, a su vez, no habla de violencia. Afirma que su accionar es simplemente la defensa del empleado despedido, y que la cesantía se aplicó para impedir que ese chofer fuera elegido como delegado de Camioneros en la empresa. El objetivo de los directivos de Carinelli, dicen, era evitar que el personal tuviera una representación gremial para privarlos de beneficios que están garantizados en el convenio colectivo del sector.
Mirando de lejos
Como en cualquier conflicto de esa índole, es la autoridad laboral competente –y eventualmente la justicia- la que debe decidir de qué lado está la razón, e intentar una salida por consenso si hubiera argumentos valederos a un lado y otro de la pelea. Pero lo que vuelve a hacerse notorio es que esa acción básica del Estado brilla por su ausencia.
Ya sucedió en el caso de Morante Construcciones, y es el denominador común en situaciones prácticamente idénticas que se vienen produciendo en otros lugares del país. Las cosas no se dirimen en el marco de la legalidad y por las vías institucionales, sino simplemente por la fuerza.
Lo vemos todo el tiempo. Desde hace años en Resistencia se sabe que el entorno de la plaza central de la ciudad es propiedad de los movimientos sociales, que solo en determinados días –no laborables- y en ciertos horarios se lo prestan al resto de la sociedad. Porque la zona está casi siempre bloqueada por protestas y reclamos piqueteros de toda índole, ante la sólida pasividad de autoridades políticas y judiciales. Pero días atrás, cuando médicos residentes de la salud pública tuvieron la ocurrencia de interrumpir el tránsito también ellos, con una sentada pacífica, demandando mejores remuneraciones, fueron desalojados compulsivamente con la policía provincial. ¿Cuál era la diferencia? Pareciera que, lisa y llanamente, que los residentes no reúnen las condiciones necesarias para ser un grupo de presión. Son pocos, no tienen tiempo libre como para regresar todos los días al mismo escenario de protesta y carecen de capacidad de daño. Al momento de ser desalojados por un camión hidrante tenían entre manos, apenas, un reclamo justo.
También cercano en el tiempo está el dramático episodio vivido en el norte de Santa Fe, entre manifestantes que cortaban una ruta y la barra de Talleres de Córdoba que viajaba desde su provincia hacia Resistencia para ver un partido de su equipo que iba a jugarse –por la Copa Argentina- en el estadio del Club Sarmiento. Los hinchas cordobeses bajaron de los ómnibus en que viajaban, portando palos, armas blancas y armas de fuego, y liberaron la ruta con violencia brutal. ¿El Estado? De espectador.
La ley
Los ejemplos abundan, y no se limitan siquiera a lo que puede ocurrir en una avenida cortada por activistas o en los portones de una empresa bloqueada. Lo que hay es algo más profundo y permanente, algo que en las calles de la capital del Chaco se hace muy visible con la anarquía del tránsito. Lo que hay es la idea de que la ley es algo totalmente simbólico y testimonial, un detalle liviano de la realidad, una especie de "precio sugerido" al que uno puede hacer caso o no. La ley, hoy en la Argentina, está sostenida por simples actos de voluntad. O peor que eso: la ley es obligatoria para el más débil, para quien carece del espacio suficiente de poder como para pertenecer a esa amplia franja poblacional que –sin distingos de pertenencia ideológica o social- tiene permiso para ignorarla.
La ley, como sabemos, es una convención. Las sociedades se ponen de acuerdo en que determinadas cosas estén permitidas y otras tantas no, y crean las instituciones necesarias para que eso no dependa de interpretaciones antojadizas ni de adhesiones optativas. La ley debe regir para todos. Es la única manera saludable en que puede permanecer.
A contrapelo de eso, la ley es, para nosotros en esta tierra, una señora de suerte diversa, respetada por algunos, manoseada por muchos. De alguna manera, hemos asumido que así funcionamos y así funcionaremos. A lo sumo, conservamos la esperanza de que alguna vez recupere su valor y su entidad. No pocas veces, nos resignamos a ser, de vez en cuando, también nosotros beneficiarios de lo barata –o incluso gratuita- que puede ser transgredirla.
Sin ley, sin instituciones sanas y fuertes, nuestra democracia es lo que vemos. Un orden primitivo en el que aprender a ser un cavernícola es una carrera con mucha salida laboral. Tan natural que cuesta pensar que el mundo pueda ser de otra manera.
El "inexplicable" fracaso argentino de los últimos cincuenta años no tiene tanto de indescifrable. La vida de cangrejo de nuestra nación tiene muchísimo que ver con todo esto. Y mientras todo un sector de la política, la intelectualidad y la gente del montón considere que ignorar la ley es ser muy progres, mientras no nos importe entronizar a violadores seriales de la ley en tanto pertenezcan a nuestra vereda, mientras el nivel de decencia y honestidad nos parezca un dato irrelevante de las figuras a las que aplaudimos, seguiremos como hasta ahora: preguntándole al cielo por qué nos pasa lo que nos pasa.
