Cristina Caamaño: "La única preocupación que tiene la gente hoy es la inflación y que le alcance el sueldo"

La exinterventora de la Agencia federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño expuso sobre el lawfare, el ataque a ciertas figuras políticas que ciertos grupos de poder usan con apariencia de legalidad.

En representación de la Argentina integró un panel con referentes de Brasil, Ecuador y El Salvador el jueves, en un encuentro que finalizó el viernes en Resistencia.

Durante la conferencia continental dedicada a la responsabilidad de juristas en la defensa de la democracia, Caamaño expresó a NORTE cuán difícil es popularizar el tema en un contexto donde lo económico apremia.

La abogada, docente y exfiscal federal cuestiona desde el interior del sistema judicial la exclusión del pago de Ganancias, entre otras concepciones que considera que aún falta promover.

También sostiene que pese a que durante su gestión como interventora de la AFI se logró desarticular un sistema de espionaje funcional a la gestión del macrismo, otros cuatro sectores aún sostienen la persecución a adversarios políticos como Cristina Fernández.

NORTE: ¿En qué se centró su ponencia del jueves?

Cristina Caamaño: -Habitualmente en estas exposiciones me centro en todo lo que vulnera el lawfare. Para mí hubo una matriz que se utilizó en toda Latinoamérica para voltear a los gobiernos populares, se repiten características.

Por ejemplo el expresidente Rafael Correa contó que todas las causas que lo denunciaban caían en la misma jueza, como en la Argentina pasó con el juez Bonadío.

O en el caso de Ecuador también apareció un borrador y que acá fue la causa cuadernos.

Son muchas similitudes, como si hubiera un manual con lineamientos que muchos identifican podría venir del norte, yo no lo podría asegurar, no estoy segura de eso.

-¿Tiene coincidencias con los golpes militares de mediados del siglo XX?

-Es que antes se daban golpes de Estado y en toda Latinoamérica teníamos dictaduras. Ahora es lo que llamamos golpes blandos, que se producen a través de jueces corporativos. Siempre aclaro que no son todos pero sí los suficientes para sacar de escena a líderes y lideresas que son las personas que aseguran derechos al pueblo.

Para mí el lawfare es una mesa de cinco patas, de las cuales el actual presidente Alberto Fernández logró quitar una: el servicio de inteligencia, pero la mesa se sigue sosteniendo. Las otras patas son la corporación judicial, los medios hegemónicos, el establishment y los políticos liberales.

El lawfare hace abuso de la prisión preventiva y del arrepentido, que otorga a una persona mayores ventajas por sobre otras que no adhieren a esa figura. Si bien el proceso de persecución afecta en primer lugar a un político popular, al vulnerarse el estado de derecho termina repercutiendo en todo el pueblo con la imposición de una política neoliberal.

¿Cómo cree que finalizará la causa Vialidad? 

-No lo sé; no voy a especular con eso. Después de que hablaron los abogados de Cristina Fernández parecía que se iba a conocer el fallo; ahora hay que esperar dos semanas más a la fiscalía para que siga imputando. Todo está armado para sacarla del medio, para que no haya una candidatura presidencial.

-¿Este tipo de información llega a la población? 

-No, la única preocupación que tiene hoy la gente es la inflación. Y hasta que no se resuelva eso no se puede pensar en otros aspectos.

También te pueden vender espejitos de colores. Si hoy una persona está mal porque no le alcanza el sueldo y viene alguien que le dice que con él va a estar bien, esa persona va a probar. Es muy humano eso.

Además para diferenciar a unos de otros hay que tener una formación política, tener mucha información y tener tiempo. Si tenés tres laburos no te alcanza el tiempo para leer y ver tanto.

-También está cómo se comunica el lawfare 

-Claro y es un fenómeno que ocurre en Latinoamérica. Lo vimos con Lula Da Silva en Brasil y con Rafael Correa en Ecuador, por ejemplo.

Correa compara un dato de su país cuando era presidente: la estadística de violencia que se logró reducir durante su gestión ahora escaló significativamente, de la misma manera que sucede en la Argentina.

-Justicia Legítima pide una reforma judicial, ¿ve avances? 

-Este año Justicia Legítima está cumpliendo diez años y se observan muy pocos avances en la justicia.

El poder sigue dándole la espalda al pueblo, hablando ’en difícil’ y sin pagar Ganancias.

Con la frase ‘el sueldo no es ganancia’ se busca empatizar y la realidad es que se trata de un impuesto a los altos ingresos. El nombre Ganancias es de una mala técnica legislativa.

Quien cobre más de $330.000 tiene que pagar impuestos, porque con el único razonamiento de que es salario, el gerente de Techint tampoco tendría que pagar porque percibe un sueldo.

Se puede cambiar de nombre pero lo que no puede ser que un sector sigan siendo unos privilegiados. Y lo puedo decir desde adentro, siempre dije que había que pagar Ganancias siendo fiscal y me han echado de reuniones por decirlo.

¿Va a ser embajadora en Israel?

-El trámite ya tiene estado parlamentario, falta que me cite la comisión de acuerdo del Senado, donde tengo que exponer y después se rechaza o se aprueba, en este último caso hay un plazo de 45 días para viajar a destino. Espero que el pliego se apruebe antes de fin de año, porque solo tengo un año de gestión. Por eso estoy armando agenda y una de las reuniones que tenía prevista en el Chaco es con el gobernador Jorge Capitanich para ver qué intereses tiene la provincia; mi propuesta se resume en una frase: "qué tiene Israel que necesite tu provincia y qué podés ofrecerle a Israel". Con el objetivo de articular mejores relaciones y ampliar las exportaciones vengo hablando con senadores y gobernadores.