Un objetivo era, sin dejar la habitual brutalidad, agregar a la represión otro aspecto ejemplarizante: el "aislamiento extremo", enviando a los presos políticos a un penal a más de 1.000 km de sus familiares y, sobre todo, de los convulsionados centros urbanos que tenían en jaque al gobierno militar. 

El otro objetivo era el de "institucionalizar" el país por medio de elecciones tuteladas por las Fuerzas Armadas. Preferentemente con un partido propio, o si no con partidos "confiables" -es decir, sin el peronismo-, o si no con un peronismo sin Perón, o si no con un Perón que se aviniera a los condicionamientos que pusieran los militares. La variedad de gradaciones se debía a la profunda crisis que el Cordobazo había abierto en el régimen, y que se profundizaba día a día.     

En marzo de 1971, la cárcel de Rawson, Chubut, rodeada de bases del Ejército, Gendarmería y Marina, había comenzado a recibir los primeros prisioneros. La mayoría eran guerrilleros, pero había también importantes dirigentes sindicales, entre ellos Agustín Tosco. Para 1972, los presos políticos allí ya eran más de 200.

Semejante población de activistas encerrados no podía menos que generar decenas de planes de fuga. El principal de ellos apuntaba a liberar a más de cien detenidos, en una operación combinada entre presos y grupos de apoyo desde fuera de la cárcel. El martes 15 de agosto de 1972 los presos políticos coparon el penal.

El momento indicado

A esa altura, el dictador Lanusse estaba en medio de una crisis galopante por el casi nulo avance de su plan de "institucionalización". Mientras un sector del gobierno se había convencido de que la salida del laberinto estaba en realizar de inmediato "elecciones limpias" -sin Perón, pero con su acuerdo-, los sectores más "ultras" querían tirar a la basura el plan de "institucionalización", derrocar a Lanusse y desatar una represión más brutal, si eso fuera posible.

Esta situación también afectó al plan de los presos del penal de Rawson. Jorge Lewinger, dirigente de las FAR, le contó a la revista Todo es Historia que "Dentro del penal se sumaron todas las organizaciones, pero afuera los Montoneros decidieron no participar, porque consideraban que era un error político poner en riesgo el proceso electoral que se venía". Para los militantes de FAP, FAL y ERP la evaluación era la opuesta: "Nosotros considerábamos que a mayor desprestigio de los militares, más rápido y menos condicionado sería ese proceso".

Fuga parcial

Así, tras la ocupación del penal –lograda en minutos y sin tirar tiros-, el operativo continuó con el secuestro de un avión -en vuelo, algo muy usado en la época- que fue dirigido al aeropuerto de Trelew para recoger a los fugados y trasladarlos a Chile. Otros grupos externos debían conseguir vehículos en Trelew y llevarlos hasta Rawson para que el centenar de presos en fuga pudieran llegar al aeropuerto. 

Los dos primeros autos que llegaron fueron para los dirigentes guerrilleros principales. Los demás debían esperar un par camiones, pero estos nunca llegaron. Telefónicamente organizaron un traslado en taxis, pero no pudieron evacuar más que a 19 presos, que llegaron al aeropuerto demasiado tarde. El avión secuestrado no podía esperar tanto tiempo, a riesgo de que todo fracasara. 

Entonces los llegados tarde decidieron tomar la torre de control, desde donde negociaron su rendición. Al otro día, 16 de agosto, totalmente rodeados por las tropas del Ejército con  sus blindados, se rindieron los demás presos que habían quedado ocupando el penal.

Masacradores

Los militares llevaron a los detenidos en el aeropuerto a la base aeronaval Comandante Zar, en Trelew, donde los encerraron en celdas individuales para evitar que trataran entre ellos. Tampoco permitieron la visita de abogados ni familiares, y durante siete días los sometieron a torturas.

El martes 22 de agosto, a las tres y media de la madrugada los sacaron, los alinearon frente a las puertas de sus celdas, los ametrallaron, y luego remataron a los sobrevivientes. Sin embargo, tres prisioneros que creyeron muertos habían quedado con vida, y a gracias a ellos se conoció el detalle todo lo que hicieron los masacradores. Cuatro años después, la dictadura de Videla asesinó a los sobrevivientes. También secuestró y mató a casi todos los abogados defensores, solo se salvó Eduardo Luis Duhalde.

Decisión de la Junta de Comandantes

Justamente Duhalde, tres décadas después de los hechos, consultado por Todo es Historia, hizo su balance: "Eso no fue dispuesto por el capitán Sosa (el oficial de Marina que apresó a los militantes que llegaron tarde al aeropuerto de Trelew) ni por algún comandante local. Ni siquiera creo que haya sido dispuesto solo por el alto mando de la Marina. La decisión fue tomada por la Junta de Comandantes en Jefe de las tres armas".

La dictadura de Lanusse ya ensayaba lo que cuatro años después sería práctica común bajo la dictadura de Videla: crímenes horrorosos contra prisioneros indefensos, planeados y ejecutados en común por todas las conducciones de las fuerzas armadas y de seguridad. Los torturadores y fusiladores de Trelew abrían el camino a los sicarios de la Triple A bajo el gobierno de Perón, y a los secuestradores, torturadores, asesinos, desaparecedores y ladrones de niños que actuarían a partir de 1976.

Consecuencias

En septiembre de 1972 fue intervenida la CGT cordobesa, la única central sindical que antes de la masacre había responsabilizado a la dictadura por la vida de los presos. En noviembre, a dos meses de la masacre, Perón volvió al país y aceptó su proscripción para los comicios de marzo, tal como exigían los "institucionalistas" de la dictadura de Lanusse para abrir el proceso político que llevaría a las elecciones de 1973.

Justicia tardía

En octubre de 2012, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a tres responsables materiales de los asesinatos, capitanes de fragata Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino. El mismo fallo absolvió al capitán de navío Rubén Paccagnini, al juez Jorge Bautista y al almirante Horacio Mayorga, debido a que presentaban problemas de salud.

El caso Bravo

A principios de julio de 2022, un tribunal civil de EEUU declaró que el exmarino argentino Roberto Guillermo Bravo es otro de los culpables de la Masacre de Trelew. 

Después de la Masacre, la Armada protegió a los fusiladores de diversas maneras. Bravo fue enviado como agregado militar a la embajada argentina en Washington en 1973. El criminal forjó allí una buena relación con militares EEUU, tomó la ciudadanía estadounidense en 1987, montó un grupo empresarial y llegó a ser millonario.

Con su compañía RGB Group Inc, con sede en Miami, se dedica desde hace 30 años a la contratación de personal médico y paramédico para las misiones de las fuerzas armadas estadounidenses en el exterior. Los contactos que le facilitó su posición en la Agregaduría Naval en Washington fueron muy buenos para los negocios.

Como sucesivos gobiernos democráticos bloquearon el enjuiciamiento a los genocidas, Bravo estuvo impune hasta 2005 (e incluso se dio el lujo de venir de vacaciones al país en 1985). Recién en ese año la lucha de los sobrevivientes, los familiares y las organizaciones de DDHH lograron que se anularan las leyes de Punto Final y Obediencia Debida del gobierno de Raúl Alfonsín. Entonces, las familias de las víctimas presentaron una denuncia contra Bravo por su participación en la Masacre de Trelew.

Pero el gobierno de EEUU se negó a extraditar a su "ciudadano" para que fuera juzgado en la Argentina. Entonces los familiares presentaron una demanda civil, invocando la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura, que permite denunciar ante tribunales de EEUU a responsables de tormentos o ejecuciones extrajudiciales en otros países.

Bravo reconoció que él fue quien ordenó iniciar los fusilamientos e incluso que tiró: "Dije ‘disparen’, dos veces. Y disparé a todo lo que se movía y venía hacia nosotros". Dijo que realizó unos 30 disparos. Bravo intentaba justificarse con las excusas de "intento de fuga" y de "autodefensa", pero el tribunal estadounidense tomó en cuenta las pruebas de la Masacre solicitadas a la Justicia argentina.

Como el juicio era civil y no penal, el militar solo fue condenado a pagar unos u$s 27 millones a los familiares de las víctimas que asesinó. Sin embargo, sienta un precedente que ahora sí podría posibilitar la solicitud de extradición para juzgarlo penalmente en nuestro país. Los delitos de lesa humanidad son "imperdonables e imprescriptibles" por haber sido cometidos utilizando las atribuciones y recursos del Estado y sus instituciones.