Los docentes, los gobiernos, la policía y la Justicia

   Ellos fueron el ajuste de las cuentas públicas -que por cierto empezó mucho antes de que llegaran Batakis o Massa- ya se hizo evidente en las administraciones provinciales; los empleados públicos en general y los docentes en particular comienzan a protestar en defensa de sus salarios; los gobiernos responden a ellos con una represión en pinza que además de la policía involucra crecientemente al Poder Judicial. Veamos.

Mendoza

   En esta provincia, tras las masivas movilizaciones del 27 de julio -docentes, judiciales, agentes del registro civil y personal de salud- en demandas de aumentos salariales, el gobierno decidió por decreto fijar un aumento del 12% para agosto y del 6% para el último cuatrimestre, lo que llevaría el salario de los trabajadores públicos a $ 75.100 en diciembre. Es decir, el gobierno asigna incrementos que recién en enero del año próximo permitirían a los trabajadores públicos cobrar una suma que hoy mismo está por debajo de la línea de pobreza.

   Mientras los docentes nucleados en el SUTE convocaron plenarios departamentales para discutir un plan de lucha, los estatales de ATE realizaron una multitudinaria asamblea en la explanada del hospital provincial Notti para discutir las medidas a seguir. Terminada la asamblea, policías de investigaciones procedieron a detener al secretario general de ATE, Roberto Macho, por infracción al artículo 194 del Código Penal, y lo trasladaron a la cárcel provincial.

   El 194 del CP castiga al que "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes", quien "será reprimido con prisión de tres meses a dos años", y su aplicación típicamente se produce en ocasión de un corte de ruta o de grandes arterias urbanas. El artículo fue incorporado al CP en 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, para intentar combatir la creciente protesta sindical que luego iba a desembocar en el Cordobazo.

   Macho fue liberado luego de otra multitudinaria movilización organizada por ATE y CTA, a la que se sumaron organizaciones sociales, que denunciaron al gobierno de Rodolfo Suárez por reiteradas detenciones y espionaje a dirigentes sociales y gremiales. Reclamaron además el sobreseimiento de cientos de imputados por el artículo 194, porque "criminaliza la protesta social".

   Esta semana, los docentes de colegios públicos y privados mendocinos pararán por 72 horas desde el lunes 8, con otra movilización masiva el miércoles 10, a la que se sumarán otros sectores. En tanto, el personal de salud continuará su paro indefinido, con atención solo en guardias, mientras la administración pública mantiene retención de servicios y anuncia nuevas movilizaciones con cortes de ruta.

Chubut

   Aquí fue condenado Santiago Goodman, exsecretario general del sindicato docente de Chubut (ATECH), un hecho que se deriva y refleja los últimos cuatro años de conflicto social en esta provincia. La jueza María Tolomei condenó a Goodman por "incendio estragoso" (artículo 186 del CP) contra edificios públicos, sucedido el 17 de septiembre de 2019. La magistrada consideró probado que Goodman –aunque no las otras dos acusadas, Mariana Castro y Marcela Ancaleo- quemó una puerta de la Casa de Gobierno.

   Aquellos hechos sucedieron en el siguiente contexto: en 2019, tras ganar su reelección en mayo, el gobernador Mariano Arcioni incumplió el pago de salarios a docentes y estatales que había acordado en paritarias antes de las elecciones. El 17 de septiembre se reunió un plenario provincial de delegados en la capital, Rawson, para discutir medidas ante el retraso salarial de casi tres meses, al tiempo que se desarrollaban grandes protestas de los empleados públicos.

   Ese mismo día se conoció que el gobernador había aumentado los sueldos del Poder Ejecutivo, entre ellos el propio, a $ 350.000. Y el mismo día, al atardecer, se produjo la muerte de dos docentes de Comodoro Rivadavia, María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, en un accidente en la Ruta 3 cuando volvían del plenario de delegados en Rawson. A esa misma hora, recrudecía la represión de la policía chubutense –con el auxilio de la gendarmería- contra los manifestantes.

   Este conjunto de hechos enardecieron sobremanera las protestas en la noche del 17 y la madrugada del 18 de setiembre, lapso en el que hubo ataques contra la legislatura provincial y la Casa de Gobierno. Por estos hechos se condenó a Goodman, quien declaró que fue presionado por los docentes de Comodoro para endurecer las protestas tras conocerse la muerte de las docentes en la Ruta 3. Esta semana se conocerá la pena para el sindicalista, que puede ir desde los 3 años a los 10 años de prisión. 

   Durante el juicio se anuló parte de la prueba presentada por la Fiscalía, al comprobarse que había sido obtenida mediante espionaje e infiltración ilegal de la Policía de Chubut en las organizaciones sindicales. Los sindicatos estatales provinciales, tras conocer la sentencia y los hechos de espionaje e infiltración policial, anunciaron un paro de 24 horas en repudio al fallo y a la actitud represiva ilegal del gobierno. 

Múltiples derechos en cuestión

   Los hechos de Mendoza y Chubut ponen nuevamente sobre la mesa el rol que los gobiernos asignan al Poder Judicial y a las fuerzas policiales frente a las protestas sociales, protestas que son originadas precisamente por el incumplimiento, principalmente salarial, de los propios gobiernos. Las organizaciones sindicales interpretan que las condenas y el espionaje no son solo contra sus dirigentes, sino contra todos los trabajadores, primero para deteriorar sus salarios y luego para criminalizar sus protestas.

   La CTERA, que en días previos había llamado a una "jornada nacional de protesta", tras el reclamo de los sindicatos docentes de Mendoza y Chubut, anunció un paro nacional docente de 24 horas para este miércoles 10 de agosto, que será el primero durante el gobierno del Frente de Todos. CTERA reclama la absolución de Santiago Goodman, exsecretario general del gremio docente de Chubut, y el desprocesamiento de Roberto Macho, secretario general de ATE-Mendoza. Pide también la reapertura de las paritarias nacionales.

   Pero mucho más allá van los sindicatos provinciales, y sobre todo los docentes autoconvocados. El sindicato docente de Santa Cruz (ADOSAC), denunció que la gobernadora Alicia Kirchner amenaza con quitarle la personería por no acatar la conciliación obligatoria... que ella misma ha dictado para neutralizar los paros en su contra. 

   En numerosas provincias rechazan la implementación de la quinta hora en la escuela primaria sin la correspondiente infraestructura y el reconocimiento salarial a los docentes, advierten sobre la amenaza que los ajustes plantean a los regímenes jubilatorios docentes, reclaman un aumento general del 100%, un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar, y rechazan la persecución a los activistas.