La lucha contra el hambre
El último informe preparado por la ONU para conocer el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición advierte sobre el retroceso observado en los esfuerzos por eliminar el hambre y la malnutrición en todo el mundo. Expertos de la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que participaron en la elaboración del documento estiman que la falta de alimentos afectó en 2021 a 828 millones de personas. Este año la situación se agravó con la crisis provocada por la guerra en Ucrania.
El influyente semanario británico The Economist alertó en mayo pasado que "se avecina una catástrofe alimentaria". Según esa publicación, la abrupta caída de las exportaciones de cereales y semillas oleaginosas de Rusia y Ucrania, dos de los principales proveedores de esas materias primas, y la decisión de la India de suspender la venta de trigo al exterior para garantizar la seguridad alimentaria de su población, representa un duro golpe para el sistema alimentario internacional que ya venía debilitado por la pandemia.
Con ese escenario mundial de fondo, se conoció ayer el informe publicado por la FAO, titulado "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022", en el que se plantea la necesidad de adaptar las políticas alimentarias y agrícolas para hacer que las dietas saludables sean más accesibles a los sectores vulnerables de la población. El documento señala que a pesar de las esperanzas de que el mundo dejaría atrás la pandemia de Covid-19 en 2021 y de que la seguridad alimentaria empezaría a mejorar, el hambre en el mundo aumentó todavía más en 2021. "Dicho incremento refleja las exacerbadas desigualdades entre países y dentro de ellos debido a un patrón desigual de recuperación económica entre los países y a las pérdidas de ingresos no recuperadas entre los más afectados por la pandemia de la Covid 19", señala el informe de la FAO.
La pandemia, primero, y la guerra en Europa del Este, después, complicaron aún más la situación en los países de América Latina y el Caribe que ya tenían el desafío de vencer la paradoja de ser una de las regiones del mundo con mayores índices de exportación de alimentos, pero a la vez contar con una población de casi 50 millones de personas que no posee los recursos económicos necesarios para acceder a un plato diario de comida.
La desigual distribución del ingreso es el denominador común en la mayoría de los países de la región, y es también una de las causas de las dificultades que tienen millones de familias para acceder a una alimentación sana y nutritiva. Se trata de un derecho básico -el de la alimentación- que no aún no está garantizado a los sectores más postergados. En nuestro país, además, se agrega el problema de la inflación, que aleja aún más a las familias pobres de la posibilidad de adquirir los alimentos que necesitan para tener una vida digna.
Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha venido luchando para superar el problema del hambre, pero nunca como ahora el mundo está en condiciones de garantizar alimentos a sus habitantes. Pero para eso es necesario que los Estados promuevan políticas que garanticen la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente a escala global. Los expertos de la FAO consideran que una familia no sufre inseguridad alimentaria cuando sus miembros disponen de manera sostenida de alimentos suficientes en cantidad y calidad.
En América Latina y el Caribe el problema no pasa, como se dijo, por la imposibilidad de producir alimentos para toda su población, ya que la región tiene excedentes que exporta al resto del mundo. El desafío pasa, entonces, por establecer una estrategia regional que permita una lucha efectiva contra el hambre y las causas estructurales que derivan en este flagelo.
La FAO sostiene que las reformas para adaptar el apoyo a la alimentación y la agricultura también deben ir acompañadas de políticas que promuevan cambios en los comportamientos de los consumidores, junto con políticas de protección social para mitigar las consecuencias no deseadas de las reformas sobre las poblaciones vulnerables.
Promover políticas para erradicar el hambre y la malnutrición debe ser una de las prioridades de la agenda política de la región, y para eso es necesario redoblar los esfuerzos para reducir el desempleo y, a la vez, garantizar el acceso a la educación, ya que estos factores también contribuyen a fortalecer en forma integral a los grupos más postergados de la sociedad.
