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CARTAS DE LECTORES

ACERCA DE"VOLVER MEJORES"Y LOS ERRORES NO FORZADOS

Señor director de NORTE:

Desde aquella frase pegadiza y efectista que coronó el triunfo de 2019 hasta el presente, transcurrió el tiempo; y también avatares diversos, catastróficos, diríamos. No solo la pandemia y las condiciones impuestas por el FMI tras el fiasco macrista, sino también la guerra europea, todos ellos apilaron sus consecuencias sobre las condiciones previas de nuestro país.

Un saldo inicial, no del todo capitalizado por el movimiento popular, fue la recuperación del rol del Estado, tanto para garantizar la salud colectiva, como para conservar trabajos, rescatar empresas y garantizar el consumo básico de la población. Transcurrida más de la mitad de la gestión del FdT, la inercia parece desplazar la audacia y las iniciativas desplegadas al comienzo. 

Resalta hoy una hoja de ruta vacilante en la que cada tanto emergen disputas de tendencias internas que transitan alejadas de las vicisitudes cotidianas. Para identificar tales yerros con ejemplos concretos bastaría contraponer dos situaciones claras en el ámbito provincial: por un lado, la réplica de la campaña nacional de vacunación; y, por otro, la aplicación del programa "Volvé a la escuela", inaugurado el año pasado al asumir el ministro de Educación, Jaime Perczik.

Mientras la primera se irriga por todo el territorio de manera constante —con tareas de prevención de Covid y gripe, y el resto del calendario de vacunación—, el retorno de quienes abandonaron la escuela se dilata como si ello no implicara una emergencia social. 

Mientras las medidas sanitarias trascienden a hospitales y centros de salud para sumar sedes en salones de usos múltiples y otros espacios, la escuela se ve una vez más reducida a esperar la remisión del abandono por obra y gracia de una nueva burocracia que convoca sin ir en busca de cada estudiante y de cada familia.

Seguramente no podrá responsabilizarse de todo al Ministerio del área, tampoco a las personas encargadas de traducir los objetivos en acciones concretas. 

Tal como planteamos en "Insurgencia Educativa", la incapacidad de concebir al Estado como herramienta estratégica para garantizar la igualdad de oportunidades frente al apetito insaciable del mercado, convierte al gobierno popular en rehén de concepciones e instituciones más funcionales para administrar las crisis, que en territorio de disputa de sentido y de respuestas concretas para quienes más alejados se encuentran del acceso a sus derechos.

"Los déficits del Estado que se arrastran en el tiempo y que heredan distintas administraciones terminan por sumar personal y reparticiones sin resolver la ausencia de un abordaje integral", advertíamos desde Insurgencia, y reclamábamos articulación de esfuerzos e instituciones, de organizaciones, de ciudadanía, a partir de la participación democrática para abordajes integrales.

Como anticipó Néstor Kirchner —y es una asignatura pendiente—: "Concluye en la Argentina una forma de hacer política y un modo de gestionar el Estado. Un gobierno no debe distinguirse por los discursos de sus funcionarios, sino por las acciones de sus equipos".

CARLOS DAVEL QUIRÓS

RESISTENCIA

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 COMUNIDAD DE CHARATA PREOCUPADA POR LA INSEGURIDAD

Señor director de NORTE:

Somos vecinos de la ciudad de Charata, una comunidad preocupada por la inseguridad; los hechos delictivos son noticia corriente, todos los días sufrimos robos, violencia, persecuciones y tantas otras formas de inseguridad. 

Ya no tienen horario para delinquir, lo hacen a cualquier hora, en cualquier lugar, a veces ejerciendo violencia para poder perpetrar el robo. Ahora también siguen a nuestras niñas a la salida de los colegios intentando llevarlas en un vehículo por la fuerza. Nosotros vivimos cada vez más encerrados, llenos de rejas, presos del pánico.

A todo esto, un grupo de vecinos del barrio Mocoví de esta ciudad comenzamos a reunirnos; primero entre vecinos, luego con la Policía y un fiscal, seguidamente convocamos a una asamblea a la que fueron invitados todos los actores necesarios para la prevención de la inseguridad: intendenta, policía, jueces (quienes no asistieron), salud, educación, vecinos. Inmediatamente convocamos a una reunión a la diputada nacional María Luisa Chomiak, volvimos a reunirnos con la intendenta Alejandra Campos y ahora estamos a la espera de que bajen las autoridades provinciales del Ministerio de Seguridad y escuchen nuestras propuestas, inquietudes, posibles soluciones; estamos conformando un nuevo foro de seguridad para contribuir a la lucha contra este gran flagelo, pero queremos, exigimos, que quienes son los encargados de bregar por nuestra seguridad se hagan presentes en respuesta a nuestras convocatorias, de forma urgente. 

Queremos compromiso; queremos hechos, no palabras; queremos que se cambien leyes para dejar de beneficiar al delincuente.

Nosotros estamos a disposición para lo que se necesite, exigimos la misma predisposición de quienes son los encargados de que un ciudadano común, gente de trabajo, pueda vivir tranquilo y libre, no presa del miedo.

ANA MARÍA ROMITI

DNI 22.028.039

STELLA MARIS LORENZÍN

DNI 23.576.926

GERMÁN MOGICA

DNI 25.309.627

FERNANDO AGUIRRE  

DNI 24.493.998

EDUARDO ABBA  

DNI 20.721.991

CHARATA 

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PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL EN SEGURIDAD CIUDADANA: ¿MÁS HUMO QUE SOLUCIONES?

Señor director de NORTE:

La aprobación de la operación de crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de 15 millones de dólares, abre ciertos interrogantes sobre el "Programa de Inversión Social en Seguridad Ciudadana" para la provincia del Chaco.

Desde el gobierno provincial no se informó la línea de tiempo de la formalización del contrato, del primer desembolso y las etapas de ejecución del programa. Tampoco se dieron a conocer las condiciones de la toma del préstamo, especificaciones de las inversiones por realizar y los montos estimados.

Esto genera ciertas dudas acerca del horizonte del proyecto y llama la atención el bajo monto del crédito aprobado a la provincia del Chaco.

OPERACIONES DEL BCIE VIGENTES EN LA ARGENTINA. En el sitio web oficial del Banco Centroamericano se observa que el monto promedio de los ocho créditos anteriormente aprobados por el BCIE a la Argentina, entre 2015 y 2021, es de 47 millones de dólares aproximadamente. Y que, entre la aprobación, formalización y el primer desembolso, en seis de esos ocho créditos, transcurrieron en promedio dos años aproximadamente. 

Para tener referencias concretas de los tiempos de ejecución de la formalización del crédito y el primer desembolso, se detallan las siguientes operaciones en trámite:

1) Operación 500426 –Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (Promace)

Cliente: Provincia de Jujuy (Ministerio de Educación).

Proyecto: construcción de 1.663 aulas distribuidas en distintas localidades de Jujuy.

Monto aprobado y formalizado: U$S 67 millones amortizable en quince años incluidos cuatro años de gracia.

Fecha aprobación: 24/4/2019 (hace tres años).

Formalización contrato: febrero de 2021 (hace dieciséis meses).

Etapa: en espera del primer desembolso.

2) Operación  500681–Programa de Recuperación y Desarrollo Rural Post Emergencia

Cliente: Estado Nacional (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca).

Proyecto: apoyo de actividades primarias y empleo.

Monto aprobado: U$S 50 millones amortizable en veinte años incluidos cinco años de gracia.

Fecha aprobación: 27/4/2021 (hace trece meses).

Etapa: en proceso de formalización. 

Según un artículo de noticias del BCIE editado el 7/6/2022 en Tegucigalpa (Honduras), el director por Argentina y Colombia, el doctor Maximiliano Alonso, al referirse al Programa de Inversión Social en Seguridad Ciudadana para la Provincia del Chaco, destacó: "Este programa tiene un enfoque integral para abordar todas las aristas necesarias para fortalecer el sistema de seguridad de la Provincia del Chaco".

Informó además sobre el destino de los fondos, donde "el componente de infraestructura del programa brindará financiamiento para edificar hasta seis módulos penitenciarios con capacidad de alojamiento para cien presidiarios cada uno, lo cual será acompañado de la construcción, mejoramiento y ampliación de nueve comisarías, una división de violencia de género, un instituto de formación y capacitación policial, tres puestos de control fronterizo y dos estructuras edilicias destinadas a mejorar el sistema de respuesta ante emergencias".

Por su parte, agregó que "el programa también integrará un componente orientado al desarrollo de capacidades en seguridad ciudadana, el cual prepondera la inversión en tecnología de videovigilancia y la compra de vehículos y equipo especializado para uso de las unidades especiales de la provincia, particularmente la Policía y el cuerpo de Bomberos. Esto se verá complementado con el diseño de un sistema educativo enfocado en la innovación de política criminal y en la profesionalización de las fuerzas de seguridad".

Según el BCIE, las condiciones del financiamiento están establecidas a veinte años plazo, incluidos cinco años de gracia y una tasa de interés anual indicativa de 4,42%.  

POLÍTICA DE DESINVERSIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA.  Algunas obras del programa de inversión están destinadas a resolver problemas que no admiten más dilaciones. Por ejemplo, la construcción de seis módulos para cien internos cada uno, que permitirá descomprimir, aunque parcialmente y por poco tiempo, la superpoblación y el hacinamiento de detenidos procesados y condenados alojados en las comisarías. De continuar demorándose las soluciones, la situación puede volverse incontrolable y muy peligrosa para la comunidad, los detenidos y los propios policías.

El déficit de plazas en los establecimientos penitenciarios hizo colapsar los centros de detención transitorios de las comisarías. Estas unidades no están preparadas para albergar una cantidad tan excesiva de detenidos, y menos por periodos prolongados. La conflictividad entre detenidos y de estos con los policías va en aumento, como asimismo el riesgo inminente de motines y fugas que ponen en vilo a la comunidad.

Se requiere más que duplicar la capacidad de alojamiento, guarda y custodia de las personas privadas de libertad en la provincia del Chaco. Sin embargo, las 600 plazas que se planean construir como parte del programa de inversión son absolutamente insuficientes, y no dejan de ser un simple parche frente a la grave situación imperante.

Este tipo de obras deberían haberse ejecutado hace mucho tiempo para prevenir un problema que se veía venir, que se desatendió y fue creciendo sin solución de continuidad. Y aunque a fines del año pasado se declaró la emergencia de los centros de detención en unidades policiales, no se asignaron las partidas presupuestarias necesarias para ejecutar un plan de contingencia en forma inmediata y con obras concretas.

Ahora se deberán esperar los tiempos de perfeccionamiento contractual del crédito aprobado por el BCIE, los trámites licitatorios, como también restará, luego, la espera de los desembolsos, que podrían llevar meses o inclusive más de un año. Lo mismo sucederá con otras inversiones en infraestructura, movilidad y equipamiento. 

Los quince millones de dólares del préstamo del BCIE equivalen a 1800 millones de pesos aproximadamente al cambio oficial. Es un monto financiable con recursos ordinarios de que dispone la provincia. No tiene sentido acudir a un organismo internacional para financiar obras de relativo bajo impacto presupuestario y para comprar algunos bienes de uso. Pareciera que la intención subyacente sería seguir dilatando los tiempos de ejecución de inversiones en seguridad y diferir la amortización de la deuda para que administraciones futuras la terminen pagando. 

Existe además un importante déficit de inversión en capital humano que se acumuló durante años de desinversión. Desde salarios de pobreza para los trabajadores policiales y penitenciarios con pérdida de salario real por pautas salariales impuestas por debajo de la inflación, pasando por el achatamiento de la estructura salarial, pago de sumas en negro y el incumplimiento del blanqueo salarial. A lo que se agrega la falta de incorporación de personal desde hace varios años, con la consecuente sobrecarga laboral a los policías, reducción de la tasa de policías y el debilitamiento de los servicios a la comunidad.

La desinversión en seguridad pública es una constante en los tres mandatos del gobernador de turno. Está muy claro que no quiere invertir en una finalidad básica del Estado. Y no es por falta de recursos. Es una decisión política minimizar el gasto y desinvertir.

El 15 de junio, en el "Día de la Policía del Chaco", nuevamente no tuvimos nada para festejar.

CR. LIVIO T. FERNÁNDEZ

SECRETARIO GENERAL

POLICÍAS AUTOCONVOCADOS POR UN SALARIO JUSTO - FREPPACH 

FREPPACH (Frente de Policías y Penitenciarios Autoconvocados del Chaco)

RESISTENCIA