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Una enfermedad que aumenta con la pobreza

El mal de Chagas es una enfermedad silenciosa, pero también es un problema que permanece en un segundo plano porque afecta mayoritariamente a sectores de menor visibilidad. Los controles sanitarios que se llevan a cabo en zonas rurales de la provincia revelan que se trata de un flagelo que está lejos de ser erradicado.

Condicionamientos sociales como la pobreza facilitan la propagación de la enfermedad, aunque este problema de salud pública también está estrechamente relacionado con factores biológicos y ambientales. Por eso es fundamental que adquiera una mayor visibilidad y, al mismo tiempo, se redoblen los esfuerzos en materia de prevención y control para lograr la erradicación de todas las formas de transmisión de la enfermedad. Es importante también la detección temprana ya que las probabilidades de curación son mayores si el paciente recibe el tratamiento adecuado en las etapas iniciales de esta enfermedad, causada por el parásito Trypanosoma cruzi.

Se estima que en todo el país hay cerca de 1.600.000 personas infectadas, de las cuales 300.000 presentan algún grado de avance en la enfermedad. Un documento que elaboró en 2019 la Auditoría General de la Nación, en el marco del seguimiento del informe sobre el Programa Nacional de Prevención y Asistencia Integral de la enfermedad calculó que cada año nacen en el país cerca de 1300 niños infectados y que la tasa de mortalidad es de 1200 casos anuales. Según ese documento oficial, el Chagas se vincula con el ambiente generado bajo condiciones de pobreza. Esta observación no es menor si se tiene en cuenta que la pobreza ha aumentado en forma dramática en los últimos años en todo el territorio nacional, colocando a muchas familias en situación de extrema vulnerabilidad.

Según la Auditoría General de la Nación, las áreas más afectadas por el mal de Chagas se encuentran en el norte, oeste y centro del país, aunque también se ha extendido a otras regiones debido a las migraciones internas. Se trata de una de las enfermedades más extendidas en los países de América Latina y según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 10 millones de personas de todo el mundo padecen esta enfermedad.

Se cree que personas con Chagas existen en todo el país, no solo por la transmisión vectorial sino también por las migraciones humanas y la existencia de vías no vectoriales de transmisión del Trypanosoma cruzi.

La enfermedad se transmite principalmente por las heces de las vinchucas o a través de transfusiones de sangre provenientes de una persona infectada o por transmisión de una madre infectada a su hijo durante el embarazo o en el parto. Pueden pasar muchos años hasta que se manifiesten los síntomas, que son de tipo cardíaco o digestivo. Las causas más comunes de fallecimiento son por afecciones cardiovasculares y, en algunas ocasiones, muerte súbita.

Como se dijo, el Chagas tiene cura, pero para que el tratamiento tenga mayores probabilidades de éxito el paciente debe ser tratado en las etapas iniciales de la enfermedad. En muchos casos, lamentablemente, la falta de diagnóstico se presenta como un obstáculo para erradicar el mal: casi el 90 por ciento de las personas infectadas desconoce que ha contraído la infección. Por eso son importantes las campañas que se realizan para generar conciencia en la población sobre lo importante que es la detección temprana, porque de esa manera el paciente tendrá mayores posibilidades de recibir un tratamiento que prolongue y mejore sus condiciones de vida.

En mayo pasado se reglamentó la Ley nacional de Chagas luego de reiterados reclamos de organizaciones de la sociedad civil al Ministerio de Salud de la Nación. Una de esas organizaciones, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), consideró que el texto aprobado por el Poder Ejecutivo nacional representa avances significativos para el cumplimiento efectivo de la ley, aunque deja pendiente una serie de aspectos relevantes sin reglamentar.

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que se está frente a un problema de salud pública que tiende a aumentar cuando empeoran las condiciones de vida de la población y, sobre todo, cuando se resiente el acceso a los servicios de salud de los sectores más vulnerables.