Anuncian crédito para ampliar en 700 plazas los centros de detención
"Nuestra obligación es el resguardo de personas en contexto de encierro", aclara la ministra Zalazar. Trabajo en conjunto para actualizar el Código Procesal Penal.

No es un secreto a voces que establecimientos que alojan a detenidos, sean éstos condenados o no, en la mayoría de los casos no poseen la infraestructura necesaria que en algunas oportunidades se presentan como caldo de cultivo para la sucesión de hechos de violencia como los acontecidos en el complejo penitenciario de Sáenz Peña, donde en un puñado de meses se dieron enfrentamiento entre internos que terminaron con dos muertos que llevaron a profundizar el pedido de un hábeas corpus por las condiciones de detención.
Hace días, la Justicia dio lugar a un recurso colectivo para la comisaría de mujeres ubicada en Villa de los Lirios. La ministra de Justicia y Seguridad , Gloria Zalazar, dialogó con NORTE y señaló que si se aceleran asuntos administrativos, esta semana se anunciará el otorgamiento de un crédito de un organismo internacional a la Provincia por el cual se construirán módulos que permitirán albergar a 700 detenidos en los dispositivos del servicio penitenciario.
‘El objetivo es descomprimir comisarías de aquellos que puedan tener ya una condena o estén acusados de delitos graves‘, indicó aunque subrayó que la superpoblación obedece a varias cuestiones y que al Ejecutivo le toca el rol del resguardo de quien está en contexto de encierro.
‘No solo es importante construir más plazas sino repensar algunos criterios para determinar la prisión preventiva‘, expresó la ministra con pasado como jueza como invitación al debate sobre cuestiones vinculadas a determinar la privación de la libertad.
‘Son múltiples los factores que hacen a la superpoblación, trabajamos con el Poder Judicial y la Legislatura para agilizar lo que se llama la etapa crítica, para agilizar lo que se conoce como etapa crítica, que es la elevación a juicio desde el dictado de la prisión preventiva‘, agregó y puso como ejemplo de la labor conjunta el proyecto de ley para actualizar el Código Procesal Penal de la provincia.
INTERPRETACIONES
La ministra insistió en que la prisión preventiva como medida debería ser la última ratio pero que de alguna forma es una herramienta ‘cómoda‘ para los jueces sin tener en cuenta preceptos básicos.
‘No implica decir que quienes roban o delinquen deben estar libres, sino que el sistema procesal penal está basado en que una persona es inocente hasta que un juez o un jurado popular diga lo contrario, debemos dar una discusión concreta de criterios para evitar que personas en contexto de encierro y que estén procesadas pasen mucho tiempo esperando un juicio‘, indicó.













