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CARTAS DE LECTORES

LA LEY ES TELA DE ARAÑA

Señor director de NORTE:

Nuestro poeta gaucho, José Hernández, puso en boca del Martin Fierro estas sabias palabras: "La ley es tela de araña, en mi innorancia lo esplico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pué la ruempe el bicho grande, y sólo enrieda  a los chicos".

Me acordé de estos versos  leyendo los diarios y portales sobre el escándalo del Consejo de la Magistratura del Chaco, y el de la Nación. Pero aquí voy hablar del escándalo en el Chaco, por la gravedad institucional y la inseguridad jurídica, que nos afecta a todos, a los abogados y a los justiciables. 

El escándalo en el Chaco se relaciona con actos administrativos del Consejo de la Magistratura, en un proceso concursal para cubrir un cargo de fiscal de investigaciones en la ciudad de General San Martín. Luego de una serie de cuestionamientos realizados por los postulantes, Miño y Codutti, en los cuales intervinieron el Juzgado Civil 6 y el Juzgado Civil 19, de Resistencia ,y el Juzgado Civil 21, y la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. El concurso se declaró desierto por Acta N° 1142 y se dispuso llamar a un nuevo concurso, por Resolución del Consejo de la Magistratura; contra dicha resolución N° 1142 del 23/11/2021, Noelia Beatriz Miño promueve una medida cautelar de no innovar, ante el Juzgado Civil 6 en Resistencia.

El juez civil 6, en fecha 04/02/2022, le requiere al Consejo de la Magistratura toda la documentación relacionada con el concurso en cuestión. El día 14/02/2022 el Consejo de la Magistratura remite la documentación requerida. Y en fecha 22 de febrero 2022, el juez civil 6 decreta la medida cautelar de no innovar, a favor de la doctora Miño, y le ordena al Consejo de la Magistratura: 

1) Suspender lo acordado en la resolución n° 1142 del 23 de noviembre de 2021, y elevar al Superior Tribunal de Justicia la propuesta de designación a favor de Miño; y dispone que el Superior Tribunal deberá dejar sin efecto la designación provisoria del abogado Codutti en el cargo, y que deberá designar provisoriamente en el cargo a la abogada Miño, en todo conforme a la Constitución del Chaco, artículo158, la ley 1133-B, y del Reglamento Interno del Poder Judicial.

2) Le ordena al Consejo de la Magistratura suspender el llamado a nuevo concurso de antecedentes y oposición. Y firma Jorge Mladen Sinkovich, juez civil N° 6. 

Todo lo que he relatado era necesario para entrar a tratar el caso muy grave de inseguridad jurídica y gravedad institucional que ha generado el Superior Tribunal de Justicia  al intervenir en función jurisdiccional y dictar una sentencia. Seguidamente pasaré a sintetizar las etapas esenciales del proceso  seguido  en sede y jurisdicción del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

Primera etapa. Se presenta en forma directa, como una especie de jurisdicción  per saltum, ante el STJ, el abogado Leandro Nabil Zahra, y para legitimar su intervención, invoca su condición de director general de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco. Y le solicita al STJ  que en forma excepcional ejerza su función jurisdiccional y que disponga la suspensión de la sentencia dictada por el juez civil N° 6, J. M. Sinkovich, fundando su pedido en el art. 163 inc.1 apartado "c", de la Constitución del Chaco.

Segunda etapa. El expediente se caratula "Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco s/ presentacion" expediente 1408 / 2022-1-C y se radica en la Secretaría 3 de asuntos constitucionales del S.T.J.

Tercera etapa. El tribunal se integra con los siguientes funcionarios: Alberto Mario Modi, presidente subrogante del STJ; y Rolando Ignacio Toledo; Victor Emilio del Río; Jorge Edgardo Omar Canteros; y Hugo Miguel Fonteina, como jueces.

Cuarta etapa. El tribunal asume su jurisdicción y admite la presentación de Leandro Nabil Zahra, y le da trámite. 

Quinta etapa. En fecha 29 de marzo del 2022 el STJ, Secretaría N° 3 de Asuntos Constitucionales, dicta el fallo 38/2022, y hace lugar a la pretensión  procesal  incoada por Leandro Nabil Zahra.

Sexta etapa. El tribunal resuelve: (i) declarar la nulidad de todo lo actuado en los expedientes N° 10/22, Miño Noelia Beatriz C/ Consejo de la Magistratura s/amparo; y 11/22 Miño N.B. c/Consejo s/ medida cautelar del Registro del Juzgado Civil N°6, dejando sin efecto todo el proceso de amparo. (II) Declara abstractas y sin ningún efecto las actuaciones del juzgado civil n°21, en expediente n° 1307/2022 "Codutti G.O. C/Juzgado Civil N°6 s/ medida cautelar" y el expediente n° 1290/2022-1- C, "Codutti G.O. C/juzgado civil 6 s/ amparo" . (III) Dispone dar intervención al fiscal de Investigación en turno, por lo actuado por el juez civil N°6, Jorge M.Sinkovich. 

Para poder entender el problema y su gravedad institucional y la inseguridad jurídica generada, es necesario aclarar algunos conceptos y requisitos jurídicos. En derecho decimos que hay gravedad institucional cuando el conflicto judicial supera el interés de las partes y afecta a la comunidad, a las instituciones, al Estado de derecho. Y decimos que existe inseguridad jurídica cuando la conducta de las autoridades y/o de las partes se torna imprevisible, por incurrir en fraude a la ley o al principio ético de lealtad procesal.

Otra cuestión que está en juego aquí es ¿quién puede ser parte en un juicio? ¿Y cuáles son las partes en este juicio?, ¿qué legitimación tienen para litigar? En todo proceso judicial, y en todos los fueros, se debe determinar e identificar claramente quiénes son los sujetos que integran la relación procesal (personas físicas o jurídicas, de derecho público o de derecho privado) y qué rol han tenido en los hechos y actos motivo del proceso, y se debe fijar su responsabilidad. Es una cuestión fundamental y elemental de derecho que únicamente las personas pueden estar en juicio, actuar en juicio. Y las personas pueden ser: personas físicas, seres humanos de carne y hueso; o personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, creadas por la Constitución y las leyes.

Y avanzando en la cuestión, nos encontramos con que el Consejo de la Magistratura no es una persona física ni jurídica, y por lo tanto no puede estar en juicio, no puede ni demandar ni ser demandado.

Entonces, ¿quién puede ser el demandado en este conflicto de derechos? Estimado lector, si Dios y el director de NORTE así lo permiten, lo sabrá en la próxima nota.                                                                         

JORGE ANTONIO GAIT

ABOGADO 

RESISTENCIA