Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.diarionorte.com/a/216594

¿Es la economía o la política?

Distintos sondeos de opinión pública vienen señalando, desde que comenzó el año, que la inflación es la principal preocupación para la gran mayoría de los argentinos. El desafío pasa, entonces, por poner en marcha un plan que controle la suba acelerada de precios. Pero para ello es necesario lograr primero un amplio consenso político que sirva de base para resolver los problemas estructurales de la economía. Y es ahí donde todo se complica.

El gran problema que tiene hoy la Argentina no es económico, es político. Si la mirada se pone sobre algunos indicadores del desempeño de la economía (que viene de sufrir el duro impacto de la pandemia) hay motivos para ser optimistas: la tasa de desempleo descendió al 7%, esto es, el registro más bajo de los últimos cinco años; por otra parte, en un escenario global de crisis energética la producción local de petróleo en febrero fue la más alta de los últimos 11 años, con 571 mil barriles diarios, el mayor nivel desde diciembre de 2011; además, las exportaciones de productos nacionales en general marcaron un récord histórico en febrero alcanzando una marca de 6.443 millones de dólares, una cifra inusual para un segundo mes del año.

Hay más datos. Por las restricciones impuestas durante la pandemia, la Argentina se ubicó entre los países que más redujeron el uso de dinero físico en los últimos meses.

Por ese motivo, en lo que va de 2022 el uso de dinero electrónico en el país marcó un nuevo récord, con más de 100 millones de transacciones. ¿Qué relevancia tiene este último indicador? Está comprobado que el empleo de dinero electrónico para las diferentes transacciones que realizan día a día los argentinos contribuye a formalizar la economía, un dato que no es menor en un país en el que todavía una buena parte de las operaciones de compra y venta se hacen en un marco de informalidad, lo que dificulta la toma de decisiones a la hora de diseñar políticas públicas para contribuir al bien común.

En una coyuntura con estos datos que muestran una franca recuperación de algunas variables, no es descabellado plantear la posibilidad de generar un plan para controlar la inflación. La historia económica del país enseña, en primer lugar, que no es cierto que todos los sectores se ven afectados de la misma forma con los aumentos sostenidos de precios. Lo que se comprobó, una y otra vez, fue que la inflación siempre afectó más a los que están más abajo de la escala de ingresos. Por eso urge trabajar en un consenso político y social de base amplia en torno a un programa económico que resuelva los problemas estructurales de la economía. Hay quienes dicen que en la Argentina hay posibilidades reales de diseñar un programa que obtenga buenos resultados en el mediano y largo plazo. El problema más serio, advierten, es que cada vez resulta más difícil lograr que los dirigentes de las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria se pongan de acuerdo en unos lineamientos básicos para frenar la inflación. De esa manera, las posturas más intransigentes que dinamitan cualquier acercamiento o debate en torno a uno de los asuntos que más preocupan por estas horas a la ciudadanía, no hacen más que restar credibilidad a la dirigencia política.

Si se logra un acuerdo político básico detrás de un plan económico que logre bajar la inflación, aunque sea en forma gradual, entonces se generará una mayor confianza en todos los actores de la economía. Se producirá lo que los economistas llaman expectativas positivas, lo que se traducirá en una mayor credibilidad hacia el programa antiinflacionario que se ponga en marcha. Los libros de primer año de cualquier carrera de economía explican, justamente, que el comportamiento económico de las personas dependerá de cuáles sean sus expectativas sobre el futuro.

El problema de la inflación no es sólo una cuestión de variables económicas. Es también un asunto que incumbe a la dirigencia política, que es la que tiene en sus manos la tarea de generar acuerdos de alto nivel que sirvan de base para el crecimiento económico, el desarrollo con inclusión y la lucha contra la pobreza.